Lorena Patricia May Aké
Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lorena Patricia May Aké
- M.E. L. M.
- LORENA PATRICIA MAY AKÉ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el treinta de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 868/2020-IV-A, promovido por Lorena Patricia May Aké, en favor del menor quejoso ***, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Secretaria de guardia de este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ***, en favor del menor quejoso ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Director del Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Director de la Clínica del Hospital Susulá del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo del propio veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se proveyó respecto a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, para efectos de que cesaran de inmediato cualquier acto que pusiera en peligro de privación de la vida al menor aquí quejoso y su integridad física, derivado de la omisión de proporcionarle la subrogación de la cirugía o el traslado inmediato por tratarse de un caso médico urgente, relativo a su derecho fundamental a la protección a la salud; demanda que se registró con el número 868/2020-IV-A, además en ese mismo auto se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitió la Circular CAP/3/2020, en el que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno de dicho Consejo, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; lo que implicó que no corrieran plazos procesales, salvo las excepciones previstas en dicho Acuerdo. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se levantó la suspensión del procedimiento; por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por tanto, de la demanda de amparo y del contenido de los informes justificados, se concluye que la parte quejosa reclama: La negativa de otorgar acceso a la salud para el menor Marco Ezequiel López May, al negarse a realizarle la cirugía de corazón mediante subrogación de servicios o traslado inmediato por tratarse de un caso urgente. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues aunque negaron los mismos al rendir sus informes justificados, con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se advierte su existencia. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto no se hará la transcripción de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que no serán analizados en virtud de que este Juzgado Federal advierte que en este juicio de amparo procede decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, lo anterior es así, dado que de las constancias de autos, se advierte que el directo quejoso Marco Ezequiel López May, falleció el quince de diciembre de dos mil veinte en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez", en esta ciudad, lo que se acredita con la copia certificada de las constancias médicas relativas al expediente clínico del amparista, que el Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional "Ignacio García Téllez adjuntó al informe de cuenta, en concreto, con el documento identificado como alta médica (por defunción) del paciente menor quejoso. Ahora bien, la procedencia del juicio constitucional es un presupuesto procesal que debe estudiarse incluso de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que en el presente juicio de amparo la parte quejosa medularmente solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto a la negativa de otorgar acceso a la salud para el menor Marco Ezequiel López May, al negarse a realizarle la cirugía de corazón mediante subrogación de servicios o traslado inmediato por tratarse de un caso urgente en el que corre peligro su vida e integridad corporal. Sin embargo, se advierte de autos que las autoridades oficiantes remitieron copia certificada de las constancias relativas a la atención médica del menor quejoso M.E.L.M., de las que se observa que incluso, le fue realizada una operación cardiaca; sin embargo, con posterioridad, remitieron el alta médica del menor amparista, de la cual se advierte que falleció a causa de choque séptico pulmonar de 18 horas; falla renal aguda por 24 horas; falla hepática durante 17 días; cardiopatía congénita desde hacía 4 meses, y por desnutrición crónica agudizada severa durante 4 meses. Al respecto, cabe precisar que el artículo 62, en relación con el 63, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]." Como se observa, el segundo de los artículos transcritos establece que procede sobreseer en el juicio cuando el quejoso fallezca durante la tramitación del mismo, siempre que el acto reclamado afecte únicamente derechos estrictamente personales; es decir, no trasciendan más allá del gobernado, por lo que el juicio de amparo queda sin derecho humano que tutelar. En efecto, de conformidad con los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad de la sentencia que rigen al juicio de amparo, previstos en el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; en tanto, la resolución que se pronuncie sólo se ocupará de la persona que solicitó la protección de la Justicia de la Unión, limitándose a ampararlo y protegerlo, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. En ese orden, si el peticionario del amparo fallece y el acto únicamente le afectaba a él, es decir, sólo se involucran derechos personales del agraviado, inseparables a su persona, sin trascender más allá de su muerte, debe sobreseerse en el juicio. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 34/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2019390, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Explicado lo anterior, se observa que en la especie, el acto reclamado se encontraba en directa vinculación con el derecho fundamental de la protección a la salud, tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, el derecho humano de referencia, comprende todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo, dirigidas a proteger, promover y restaurar su salud; y también, implica el suministro de los medicamentos necesarios para logar dichos fines. Por tanto, se advierte que el derecho fundamental que se estimaba transgredido sólo afectaba al peticionario del amparo, pues, el derecho a la protección de la salud constituye un derecho personalísimo que se extingue con la muerte de aquel, lo que sin duda alguna trae como consecuencia la culminación del juicio de amparo, en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trasciende dicha prerrogativa a otra diversa persona o bien, a su sucesión. En efecto, la muerte del agraviado es un hecho que está acreditado en el presente sumario con el alta médica (por defunción) que remitió en copia certificada la autoridad responsable; documento que a continuación se inserta su imagen digitalizada: Así, dicho documento que antecede remitido en copia certificada, constituye una documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 2º; instrumento del cual se obtiene que el menor quejoso M.E.L.M. falleció el quince de diciembre de dos mil veinte. En ese orden, si la parte quejosa murió, y el acto reclamado solo incidía en derechos estrictamente personalísimos al ser atinentes al derecho humando de salud protegido por el artículo 4° Constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Finalmente, debe decirse que no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 2265555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LASCUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en favor del menor quejoso M. E. L. M., en contra del acto que reclaman del Director del Hospital Regional Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Director de la Clínica del Hospital Susulá del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por las razones y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, y del estado de autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del oficio signado por el Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con anexo, como se aprecia en proveído de diez de febrero en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con anexo, que remite en cumplimento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de veintinueve de enero último, al cual adjunta la documentación relacionada con el alta médica del menor quejoso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido y anexo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy
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