Lorena Ortiz Rivera

Expediente 1927/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 46 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1927/2019
Año
2019
Actuaciones
46
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Lorena Ortiz Rivera
  • Marcella Cota Aguilar
  • Lorena Ortiz Rivera y Otros.
  • Jose Isaac Antemate Mendoza
  • Carlos Arturo Rivero Verano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que realizara lo siguiente: Precisara de manera clara los actos reclamados de cada una de las autoridades señaladas como responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República en el entendido que deberá indicar qué parte del proceso legislativo le atribuye a cada una de las citadas autoridades, dado que la forma en que los plantea en el capítulo correspondiente del escrito de ampliación de demanda, no lo hace de manera clara, precisa y directa. Respecto al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, deberá precisar si reclama la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Así como la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa a la fecha no realizó manifestación alguna respecto de los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; no obstante lo anterior, dadas las razones que se darán a continuación, con los elementos que se advierten tanto de escrito inicial de demanda y escrito de ampliación de demanda, resulta suficiente para tener por integrada la litis respecto de lo ahí controvertido. Se explica. La parte quejosa en su escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Ahora bien, aún y cuando la parte quejosa no haya desahogo los requerimientos realizado en esos términos, debe tenerse presente la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 11/2021, para efectos de tener por precisada la litis en torno a lo reclamado en el escrito inicial de demanda. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la contradicción de tesis 102/2021 entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló, en la parte que aquí interesa, lo siguiente. [.] 76. Precisado lo anterior, como se anunció, en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y el quejoso no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el juez de distrito precisará primero, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad; por ende, sólo debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda para correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. 77. Lo anterior es así, pues por jurisprudencia de esta Segunda Sala el Presidente de la República es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es parte en esos procesos, por ello, el juez de amparo tendría que asentarlo así en el auto respectivo. 78. Bajo esa lógica no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, por lo que, congruentes con ello, el juez de amparo sólo debe requerir al promovente para que exhiba copia de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en el supuesto de no exhibirla, no se tendrá como acto reclamado la Ley, lo que encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. 79. Se enfatiza que la omisión de desahogar el requerimiento sólo trae como resultado el que no se tenga como acto reclamado la legislación de que se trata, pero de ningún modo esta situación puede provocar que se deseche la demanda en su totalidad, pues se entiende que los quejosos acreditaron el resto de requisitos de la demanda; aunado a que la interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo no puede conducirnos a conclusiones categóricas que impidan el acceso a la justicia. [.]." Las anteriores consideraciones son visibles en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 11/2021, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA." De la anterior transcripción se puede advertir, en lo que atañe al presente asunto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en los juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la República es autoridad responsable, es decir, es parte en ese litigio constitucional porque en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), así se reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con la emisión de ese ordenamiento. De igual forma se precisó, que no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, puesto que tal aspecto, en esos asuntos, así acontece de facto en términos de lo resuelto en dicha jurisprudencia. Lo anterior es así, puesto que dejó en claro que de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que el Presidente de la República intervino en el procedimiento legislativo señalado, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, esto es, aconteció una promulgación (implícita) de dicho ordenamiento, razón por la cual se reconoce su participación en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, tal y como quedó asentado en la Jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.); y, por ende, tiene la calidad de autoridad responsable en los juicios donde se reclame dicha normatividad, entendiéndose que el acto legislativo que le corresponde es la promulgación (implícita) del ordenamiento que nos ocupa. Esto es, se concluyó que en los asuntos en los cuales se reclame la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la parte quejosa no haya señalado al Presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito debe precisar en primer término, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad ya que promulgó (implícitamente) el decreto controvertido, tal y como se analizó en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), para luego solo requerir al promovente la exhibición de una copia de la demanda para así poder llevar a cabo su respectivo emplazamiento, debiéndose precisar cómo apercibimiento, que en caso de no desahogar tal requerimiento, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. En otras palabras, en ese supuesto, (i) no debe requerirse a la parte quejosa para que precise si es su intención señalar como autoridad responsable al Titular del Ejecutivo Federal, y por ende, (ii) tampoco debe requerirle al quejoso a fin de que precise si es su intención atribuirle como acto destacado la promulgación (implícita) del decreto controvertido, puesto que tal aspecto será precisado por el órgano judicial de amparo, cuando advierta la ausencia del señalamiento como autoridad responsable del Presidente de la Republica. En el caso, concreto en el escrito de ampliación de demanda, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las (1) Cámaras de Diputados y (2) Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como al (3) Presidente de la República, a quienes les atribuyó como acto reclamado el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. A su vez, la parte quejosa, en dicho escrito de demanda, no señaló como acto reclamado destacado la expedición del referido decreto controvertido; sin embargo, dicho acto tuvo su origen cuando se realizó el proceso legislativo realizado por las cámaras del Congreso de la Unión, consistente en la discusión, votación y aprobación de dicho cuerpo normativo y una vez cumplido con ello, se mandó al Ejecutivo Federal para su promulgación. De ahí que no existe duda alguna de la actualización del acto legislativo consistente en la expedición del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho., materia de reclamo en el presente juicio de amparo. En relación con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 70, que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto, las que se harán del conocimiento del Poder Ejecutivo, mediante documento firmado por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, dicho numeral establece: "Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)". El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia." Asimismo, en los artículos 165 a 170 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consigna la fórmula que debe seguirse para la expedición de las leyes en México. Por tanto, una vez que el Decreto ahora impugnado fue remitido para su promulgación al presidente de la república, se expidió el mismo, de ahí que dicho acto legislativo sea integrado a la litis, para efectos del requerimiento respectivo de informes justificados a las autoridades responsables, así como para la fijación de actos que se realice al momento de dictarse la sentencia. En consecuencia, respecto al requerimiento efectuado en el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; al haberse señalado en el escrito de demanda la norma controvertida, las autoridades a las que se les atribuye y las copias necesarias para realizar el emplazamiento correspondiente, teniendo como fundamento lo dicho en la jurisprudencia 2a./J. 11/2021, se tienen por colmados los requisitos establecidos en ley para tener por integrada la Litis; por tanto, no ha lugar hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En otras palabras, no existe duda alguna de la actualización del acto legislativo consistente en la expedición de los decretos, materia de reclamo del escrito de inicial de demanda, por cuanto hace a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, y de la promulgación al titular del Ejecutivo Federal, en términos de lo expuesto en el presente acuerdo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto de que precisara de manera clara los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República en el entendido que deberá indicar qué parte del proceso legislativo le atribuye a cada una de las citadas autoridades; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en su escrito inicial de demanda y escrito de ampliación de demanda la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Lo señalado por la parte quejosa como "actos reclamados", crea incertidumbre a este órgano jurisdiccional, dado que no se tiene claro qué pretende controvertir. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 114 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Deberá precisar de manera clara los actos reclamados de cada una de las autoridades señaladas como responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República en el entendido que deberá indicar qué parte del proceso legislativo le atribuye a cada una de las citadas autoridades, dado que la forma en que los plantea en el capítulo correspondiente del escrito de ampliación de demanda, no lo hace de manera clara, precisa y directa. Respecto al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, deberá precisar si reclama la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Así como la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, ello daría lugar a la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada en el inciso a), dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se atenderá lo estrictamente señalado en los apartados correspondientes del escrito inicial de demanda y escrito de ampliación de demanda que fueron admitidos. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada en los incisos b) y c) dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, no se tendrá como como acto reclamado el antes precisado, lo cual será valorado al momento de resolver el presente juicio de amparo, y por tanto, se actualizará la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Cabe precisar, que en términos del artículo 88 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgado lo resuelto en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que regularice su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no así el de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos del citado ordenamiento; criterio que fue adoptado en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno y comunicado a este órgano jurisdiccional vía interconexión el treinta de junio siguiente. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." El precepto citado prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita. Lo anterior es así, porque la ampliación de plazos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones y, con ello se eleva la calidad del juicio constitucional. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, porque en lugar de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva, atenta contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo al conceder un plazo menor al establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante su regulación resguarda las bases constitucionales con las que ha de tramitarse el juicio de amparo." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." El juzgador de amparo al celebrar la audiencia constitucional determinó sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, aun cuando no había transcurrido en su integridad el plazo señalado en el artículo 117, párrafo segundo, de la propia ley, bajo el argumento de que la sentencia se emitía acorde con los principios fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de resolver el asunto de manera pronta y expedita, con el objeto de evitar dilaciones innecesarias; además de que no se dejaba en estado de indefensión al quejoso, toda vez que contaba con los medios de defensa respectivos; sobreseimiento que fue recurrido mediante el recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si aún no transcurre en su integridad el plazo de ocho días que como mínimo debe mediar entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no tiene facultad para sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el artículo 117, párrafo segundo, mencionado establece que entre la notificación de la vista de los informes justificados y la celebración de la audiencia constitucional debe mediar un plazo no menor al de ocho días, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer con la anticipación necesaria el informe y la documentación proporcionados por la responsable para, en su caso, debatir su contenido. De ahí que el Juez de amparo no esté facultado para disminuirlo, ni aun bajo la justificación de los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita, previstos en el artículo 17 de la Constitución General, ni el argumento de que el quejoso cuenta con el recurso correspondiente, en virtud de que tratándose de plazos, debe sujetarse a ellos, por encontrarse establecido en la ley de la materia y no existir facultad para que los juzgadores lo reduzcan, pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma, y fijar términos diversos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un recurso efectivo que, si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse." En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SÉIS MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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