Lorena Ortiz Cruz

Expediente 1135/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1135/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Lorena Ortiz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la se declara que auto que sobreseyo ha causado estado; archívese el presente expediente como asunto concluido,

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la responsable las documentales que anexo a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable por señalando como correo electrónico el que indica. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de su parte a las personas que mención. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, de dicho informe justificado y anexo que se acompañan al mismo, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliacio´n y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, la omisión de proveer "de manera efectiva" sobre la admisión o desechamiento en cuanto a las diversas pruebas de hechos supervinientes que ofertó dentro del juicio laboral 466/2018/M-2. Lo anterior, pues según informa en los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, el veinticinco de junio de dos mil veinte, presentó un escrito a través del cual ofreció diversas pruebas de hechos supervinientes en autos del juicio laboral de origen. Así, mediante proveído de diez de septiembre del mismo año (dos mi veinte), la responsable ordenó dar vista a la parte demandada con el aludido ofrecimiento de pruebas supervenientes, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, se haya pronunciado sobre la admisión o desechamiento de las mismas. Precisado lo anterior, de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó el desechamiento de las pruebas supervenientes ofertadas por la parte actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral 466/2018/M-2; medios de convicción con los cuales se ordenó dar vista a la parte demanda el diez de septiembre de dos mil veinte. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable proveyó sobre el desechamiento de las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte quejosa el veinticinco de junio de dos mil veinte, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por las responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el nueve de febrero del presente año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DICTADA EN ESTA FECHA, QUE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la responsable las documentales que anexo a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable por señalando como correo electrónico el que indica. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de su parte a las personas que mención. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, de dicho informe justificado y anexo que se acompañan al mismo, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliacio´n y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, la omisión de proveer "de manera efectiva" sobre la admisión o desechamiento en cuanto a las diversas pruebas de hechos supervinientes que ofertó dentro del juicio laboral 466/2018/M-2. Lo anterior, pues según informa en los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, el veinticinco de junio de dos mil veinte, presentó un escrito a través del cual ofreció diversas pruebas de hechos supervinientes en autos del juicio laboral de origen. Así, mediante proveído de diez de septiembre del mismo año (dos mi veinte), la responsable ordenó dar vista a la parte demandada con el aludido ofrecimiento de pruebas supervenientes, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, se haya pronunciado sobre la admisión o desechamiento de las mismas. Precisado lo anterior, de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó el desechamiento de las pruebas supervenientes ofertadas por la parte actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral 466/2018/M-2; medios de convicción con los cuales se ordenó dar vista a la parte demanda el diez de septiembre de dos mil veinte. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable proveyó sobre el desechamiento de las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte quejosa el veinticinco de junio de dos mil veinte, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por las responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el nueve de febrero del presente año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe."

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la copia autorizada del oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, recibido en este Órgano Jurisdiccional el dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal, que el segundo periodo vacacional, comprenderá del veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, toda vez que a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se le notificó de la demanda de garantías el diez de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, por tanto, se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que rinda su informe de ley. En consecuencia, a efecto de integrar este asunto y no dejar en estado de indefensión a las partes, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su celebración. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

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