Lorena Morayta Amodio

Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
146/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Lorena Morayta Amodio
  • Juan Garrido Otaola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que las responsables remitieron diversas de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO 146/2021, PROCEDIÉNDOSE A DICTAR LA RESOLUCIÓN. DOY FE.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 146/2021 promovido por ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "La sentencia dictada por la Autoridad Responsable Ordenadora, en fecha 26 de febrero de 2021." Segundo. Admisión. El veintinueve de marzo siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no formuló intervención y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 2674/2019, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, en el juicio de divorcio sin causa 1766/2019, y en su lugar fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes $64,766.25 (sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional), y para la progenitora y ahora quejosa $60,666.25 (sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional). La ejecución. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El diez de octubre de dos mil diecinueve, se admitió en la vía ordinaria civil de tramitación especial, la disolución del vínculo matrimonial solicitada por el tercero interesado Juan Garrido Otaola, con la cual también presentó propuesta de convenio. 2. Previo emplazamiento, la impetrante ... contestó la demanda, solicitó medidas provisionales entre ellas, la determinación de una pensión provisional y en su momento definitiva, conforme a la planilla exhibida, y manifestó oposición a la propuesta de su colitigante, como quedó asentado en auto de cuatro de noviembre siguiente. 3. El seis de noviembre posterior, la quejosa ... solicitó medidas urgentes y entre ellas reiteró la pretensión de la determinación de una pensión provisional y en su momento definitiva, para ella y para su menor hijo conforme a la planilla exhibida. 4. A tal solicitud, en lo que es materia de controversia, recayó la siguiente determinación del juzgador familiar: "(.) CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado por la C. ... por conducto de su autorizada en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, Licenciada ...; visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita, atendiendo al interés superior de su menor hijo, por lo que respecta a la medida provisional marcada con el número 1, se previene al actor ... a efecto de que se abstenga de causar molestias o daño alguno en la persona de la DEMANDADA y su menor hijo, o a sus bienes, así como a sus posesiones o derechos, apercibido que en caso de desacato al mandato judicial, se le impondrá como medida de apremio un multa por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)."; ".en cuanto a la medida provisional marcada con el número 2, tomando en consideración que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, cuya característica es cubrir las necesidades inmediatas de los presuntos acreedores alimentarios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 302 y 311 Bis del Código Civil para la ciudad de México, y los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta ciudad, se fija por concepto de pensión alimentaria provisional a favor de la parte demandada y de su menor hijo, de acuerdo a la planilla de los gastos que manifestó erogar la promovente en la medida provisional marcada con el número 4 de su escrito de contestación a la demanda, la cantidad equivalente a $125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, REQUIÉRASE al C. ... para que dentro de los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES, a partir de que se le haga del conocimiento este proveído, deposite la cantidad antes referida, ante este juzgado mediante Billete de Depósito." 5. Inconforme, ... interpuso recurso de apelación que fue sentenciado el veintisiete de enero de dos mil veinte en el toca 2674/2019, en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E PRIMERO. Son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios que hace valer el señor ...; en consecuencia. SEGUNDO. Se MODIFICA el auto dictado en fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve, por el Juez Décimo Segundo en Materia Familiar de la Ciudad de México." La porción modificada quedó en los siguientes términos: ".se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte demandada y su menor hijo de acuerdo a la planilla de los gastos que manifestó erogar la promovente en la medida provisional marcado con el número 4 de su escrito de contestación a la demanda, la cantidad equivalente a $103,000.00 (CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)." Dicha determinación fue materia del juicio de amparo 155/2020 promovido por ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., y su acumulado 162/2020 promovido por ..., por propio derecho, donde se dictó sentencia el treinta de septiembre de dos mil veinte. Fallo donde se negó la protección constitucional a ... por propio derecho, y se concedió a ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., para los siguientes efectos: "(.) Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la sala responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada, emitida el veintisiete de enero de dos mil veinte, en el toca 2674/2019. En su lugar, emita otra con plenitud de jurisdicción, donde: 2.1 Reitere las consideraciones relativas a que la pensión debe integrarse con la compensación a la ex cónyuge, y que los ingresos pretéritos y propios de ésta no impide determinar la obligación alimentaria del progenitor no custodio. 2.2 Reasuma facultades decisorias sobre el recurso de apelación interpuesto, y funde y motive su decisión conforme a los parámetros descritos en esta sentencia. (.)" Resolución que fue confirmada en grado de revisión por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 195/2020. 6. En cumplimiento, la sala responsable dictó la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el toca 2674/2019, donde modificó la determinación dictada el once de noviembre de dos mil diecinueve. El aspecto que recogió las consideraciones de la Ad Quem quedó en los siguientes términos: ".se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del hijo de las partes $64,766.25 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.) y a la C. LORENA MORAYTA AMODIO $60,666.25 (SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), por lo que mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles. REQUIÉRASE al C. ... para que dentro de los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES, a partir de que se le haga del conocimiento este proveído, deposite la cantidad antes referida." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, 2, 3, 16 y 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 1, 3, 5, 6 y 7 de la Ley de Derechos de las niñas, Niños y Adolescentes, 2, 19, 20, 267, 282, 302 y 308 del Código Civil, 55, 81, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, las dos últimas legislaciones para la Ciudad de México, porque es incongruente. La sala responsable interpretó incorrectamente el convenio suscrito por las partes, porque afirmó que el deudor asumiría el rubro habitación, sin considerar que conforme a las cláusulas de aquel, ese deber solo habría de ocurrir hasta febrero de dos mil veinte sin prueba de que posteriormente lo abarcara, y que después de esa fecha la quejosa habría de mudarse a otro inmueble asumiendo el costo de la mudanza. B) La resolución reclamada es incongruente con las actuaciones del expediente porque omitió considerar gastos propuestos en la planilla, que deben hacerse en relación sólo al menor hijo de las partes, y que debió estimarse para determinar el porcentaje de la pensión que le corresponde a cada acreedor. Además, al contestar la solicitud de divorcio y formular la propuesta de convenio, se pidieron $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) solo para el menor hijo de las partes, acorde a la cláusula sexta, y $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), únicamente para la inconforme, de acuerdo a la cláusula séptima. Aunado a que en el escrito de seis de noviembre de dos mil diecinueve denominado "medidas urgentes", se reiteró la necesidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para los acreedores. De modo que aunque se fijó el ulterior monto, de modo alguno implica que sea suficiente, porque el menor hijo de las partes es un "bebe", y requiere mayores cuidados, dedicación e insumos. C) La resolución reclamada es incongruente porque la sala del conocimiento dividió casi en un cincuenta por ciento el monto de los gastos que indicó, sin considerar que respecto en el caso del infante, se requieren mayores, como fue demostrado con los documentos justificativos aportados. Particularmente el rubro de alimentos, supermercado, gastos en general, donde se asignó $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada acreedor, empero, el total corresponde al menor; idéntica situación ocurre respecto del rubro vestido, esparcimiento y gastos personales, generados para el infante, que la sala responsable dividió entre ambos acreedores. D) La sentencia reclamada es contraria a los derechos constitucionales del menor hijo de las partes, porque dejó de estimar gastos a futuro, como insumos para el desarrollo escolar, y medios electrónicos que actualmente son necesarios e indispensables para la asistencia a clases en línea. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa respectiva, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación A), B) y C), porque en el acto reclamado sí fue integrado el concepto habitación, y la distribución de los gastos también tiene justificación. La sala responsable declaró infundados los agravios formulados por el tercero interesado, y reasumió el estudio de las condiciones de la medida provisional de alimentos solicitada, conforme a las siguientes consideraciones: - Las partes formularon propuesta y contrapropuesta de convenio, la apelada solicitó una pensión alimenticia provisional por $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), y consta en el expediente que reiteró en sendas ocasiones la petición de fijar $125,000.50 (ciento veinticinco mil pesos 50/100 moneda nacional) mensuales, para ella y su mejor hijo. - El ordinal 282 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, apartado A fracciones I y II, facultan al juzgador para dictar medidas provisionales con base a los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestas, para salvaguardar la integridad de las partes. - Para determinar la pensión solicitada en favor de la quejosa y su menor hijo, se pidió considerar rubros y gastos que en su conjunto suman $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), de gasto promedio mensual, y ofreció diversas documentales para demostrar el nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que duró la familia integrada, hasta el abandonó del hogar conyugal. - Para establecer la pensión provisional, se considera la información sobre la forma y estilo de vida, costumbres, capacidad económica, posibilidades de crianza y derechos adquiridos, a favor de la progenitora y el menor hijo de las partes en $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), porque así fue justificado con las pruebas ofrecidas, sin considerar los posibles ingresos de la acreedora, porque no obra prueba que los demuestre. - Atendiendo a lo resuelto por la autoridad federal y la plantilla de gastos de los acreedores alimentarios, se distribuye la cantidad a recibir, de la siguiente forma: Concepto Madre Hijo Renta de departamento $30,000 $30,000 Persona de servicio $4750 $4750 Recibo de gas y otros servicios $642.035 $642.035 Consumo de agua $808.50 $808.50 Energía eléctrica $465.715 $465.715 Servicio de cable, telefonía e internet $1500 Alimentos, supermercado, gastos en general $10,000 $10,000 Trepsi $1450 Sintonía cerebral $1450 Centro crece $4750 Gasolina, estacionamiento y TAG $7500 Vestido, estacionamiento y gastos personales $5000 $5000 Vacunas y honorarios médicos $5500 Total $60,666.25 $64,766.25 Total $125,432.50 Corresponde al hijo de las partes $64,766.25 (sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional), y a la diversa acreedora $60,666.25 (sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional). - No obstante lo infundado de los agravios, al reasumirse jurisdicción y ante un nuevo estudio de la medida provisional de alimentos, por congruencia se modifica la determinación impugnada. Ahora bien, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida provisional, de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer, mediante las circunstancias impeditivas, constitutivas o modificativas de derechos propios y/o de su colitigante; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad, esto es, la necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tiene como condición suficiente requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, donde hay que asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Sobre esa base se contesta al primer planteamiento relativo a la aparente indeterminación sobre el concepto habitación, donde la inconforme sostiene que no fue considerado porque el propuesto por el deudor tiene un límite temporal, después del cual, no queda claro si se cumplirá. La particularización de los gastos propuestos por la acreedora, y que como se vio fueron acogidos en el acto reclamado permiten corroborar que el rubro habitación sí fue considerado, mediante la asignación de un monto específico para sufragarlo y a cargo del deudor, porque las aparentes capacidades financieras de la impetrante no fueron involucradas para asumir ese deber común. El planteamiento de la inconforme sostiene que el domicilio familiar fue establecido en un inmueble sujeto a un régimen de arrendamiento a cargo del deudor, con una fecha de vencimiento. Empero, si se considera que en la cuantificación de la cantidad que el deudor debe ministrar a los acreedores, se fijó un monto independiente para cubrir el concepto habitación, demuestra que éste continuara siguiendo aportando esa porción para ese aspecto en particular, que esa cantidad cubrirá esa parte de la obligación alimentaria, en ese mismo inmueble o en otro equivalente. Esto es, la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes porque el rubro habitación se acreditó con la información sobre la operación del arrendamiento, que además en cuanto al monto coincide con el contratado, lo cual cumple con los parámetros normativos exigidos, en cuanto a la posibilidad porque el deudor alegó conformidad con pagar ese rubro, y la necesidad por representar un factor relativo al nivel de vida, que al emitirse en una determinación judicial se vuelve obligatorio, como se dijo, con independencia de que se trate del mismo bien o uno equivalente. En ese aspecto no asiste razón a la inconforme. Por otra parte, es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios, de los montos de pensión en los conceptos indicados en el acto reclamado, y es así porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes. En efecto, la quejosa tiene el carácter de acreedor alimentario del tercero interesado, al contestar la demanda manifestó que se dedicó preponderantemente al cuidado y atención del menor hijo de las partes, hechos en los cuales fundó su acción de petición de alimentos; esa cualidad en el proceso fue analizada en el juicio de amparo 155/2020 y su acumulado 162/2020 de este índice, a su vez confirmado en grado de revisión. Precedentes a partir de los cuales quedó firme el derecho de la quejosa a recibir alimentos del tercero interesado, y que debían prevalecer las consideraciones relativas a la subsistencia de la cantidad que solicitó por derecho propio. Asimismo, la quejosa informó al juzgador familiar que tiene bajo sus cuidados al menor hijo de las partes, y que ha destinado preponderantemente sus recursos humanos a ese fin, premisa que permite establecer que gestiona la administración de los fondos que ministra el deudor, para satisfacer los rubros del concepto "alimentos". En esos términos, debe presumirse que la impetrante ha tenido el control y conoció de las necesidades alimentarias en este caso propios de ambos acreedores, de modo que ese conocimiento le permitió enlistar y atribuir de contenido la medida provisional que solicitó para fijar un monto determinado por alimentos, al amparo de los rubros que también indicó y en la forma que los distribuyó y/o asignó. Esas consideraciones dan contexto a la pieza del expediente donde la acreedora demandó la determinación de una pensión alimentaria, porque ahí indicó datos sobre las necesidades de la parte acreedora, al incluir diversos conceptos y una cantidad promedio, a saber: - Renta del departamento donde se ubicó el domicilio familiar, equivalente a $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional. - Persona de servicio que apoya en las necesidades del hogar, por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional. - Recibo de gas y otros servicios del inmueble que sirve de habitación, por $1,284.07 (mil doscientos ochenta y cuatro pesos 07/100 moneda nacional). - Consumo de agua, equivalente a $1,617.00 (mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). - Energía eléctrica, por $931.43 (novecientos treinta y un pesos 43/100 moneda nacional). - Servicios de cable, telefonía e internet, correspondiente a $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). - Alimentos, supermercado, gastos en general del menor hijo de las partes (leche, vitaminas, pañales, toallas de aseo personal y del departamento), equivalente a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). - Clases actuales del menor hijo de las partes: Trepsi por $1,450.00 (mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); sintonía cerebral por $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); centro crece por $4,750.00 (cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). - Gasolina, estacionamiento y TAG: $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). - Vestido, entretenimiento, esparcimiento y gastos personales: $10,00.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) - Vacunas y honorarios médicos: $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Como se ve, se solicitó la determinación de una cantidad mensual de $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), para la parte acreedora integrada por la progenitora custodia y el menor hijo de las partes. Al contrastar la panilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y para robustecer su demanda exhibió sendas documentales de los pagos y contratación de los bienes que en su concepto satisfacían los alimentos indispensables de la parte acreedora; además, la solicitante argumentó que la determinación de la cantidad apuntada atendía también al nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que hicieron vida en familia integrada. De igual modo, se obtiene que el acto reclamado predica las posiciones de las partes, porque valora la posición de la quejosa como acreedora, sus alegaciones en el sentido de haberse dedicado al cuidado del menor hijo de las partes, para no atribuirle desplazamiento económico, las necesidades opuestas y que fueron demostradas en relación a los dos acreedores conjuntamente, así como la intervención del deudor. En esa dimensión de las circunstancias, no asiste razón a la inconforme al señalar que los rubros y montos fueron determinados discrecionalmente, porque en realidad tienen la lógica del contexto fáctico construido por las partes, sustentado además en las pruebas ofrecidas. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Finalmente, es infundado el concepto de violación agrupado en la letra D), porque las obligaciones alimentarias a futuro son objeto de prueba, lo cual puede fundar la modificación del monto actual. En efecto, al resolver el amparo indirecto 155/2020 y su acumulado 162/2020 de ese índice, el suscrito explicó que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; de ahí que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, que el derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular de la prerrogativa para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se obligan a tener recíproca asistencia. Dado que al nacer esta obligación del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar todo convenio de transacción el que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no es dable arriesgar esa situación autorizando la celebración de esta clase de acuerdo de voluntades, puesto que por su conducto podría llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador. De ahí que también se comprenda el porqué el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido a futuro, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Por ello, contrario a lo alegado en los conceptos de violación, lo dispuesto en el acto reclamado no constituye un límite a la adquisición de derechos que la ley confiere al acreedor a partir de las relaciones familiares que se desarrollen a futuro a partir de la conformación de una unidad familiar, pues tal derecho tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos deberán proporcionarse a las posibilidades de quien está obligado a darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, sin limitarse necesariamente a un momento determinado. De modo que la posibilidad de modificar el derecho a percibir alimentos se produce amen de una variación en las posibilidades económicas del deudor, o en las necesidades del acreedor, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista, y en las necesidades de los propios acreedores, para lo cual ese cambio en las circunstancias del deudor debe quedar demostrado. Además, como también se indicó en el expediente de amparo indirecto citado, las normas que prevén la posibilidad de ajustar los aspectos inherentes a la familia a la realidad de cada caso, se encuentra una diversa regla operativa bajo la cual se permite a las partes incorporar, reducir o bien cesar los rubros que complementan sus deberes alimentarios sin dejar de garantizarlos a quien tiene derecho a seguir recibiéndolos. Por lo cual es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.3o.C.496 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178080, que dice: "ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA PRINCIPAL O INCIDENTAL. La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias. Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como única vía de modificación la incidental ni prohíba que un órgano jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un distinto juzgador haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que la demostración de que cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la acción de alimentos, exigencia a la que se limita el precepto de referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la instauración de una nueva controversia que debe iniciar con una demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía incidental, ante quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso, donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho del demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el nuevo juicio. Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos procedimientos la parte reo estará en posibilidad de oponer excepciones y defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su capacidad de defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor plazo para contestar la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del cual debe citar para la audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer la acción en vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la controversia, porque tiende a satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la solución por una cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes hayan tenido la debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir, que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, constatado lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre esa prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de controversias." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, hasta hoy veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTISEIS DE AGOSTO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 146/2021 promovido por ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ... contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "La sentencia dictada por la Autoridad Responsable Ordenadora, en fecha 26 de febrero de 2021." Segundo. Admisión. El veintinueve de marzo siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no formuló intervención y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 2674/2019, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, en el juicio de divorcio sin causa 1766/2019, y en su lugar fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes $64,766.25 (sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional), y para la progenitora y ahora quejosa $60,666.25 (sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional). La ejecución. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El diez de octubre de dos mil diecinueve, se admitió en la vía ordinaria civil de tramitación especial, la disolución del vínculo matrimonial solicitada por el tercero interesado Juan Garrido Otaola, con la cual también presentó propuesta de convenio. 2. Previo emplazamiento, la impetrante ... contestó la demanda, solicitó medidas provisionales entre ellas, la determinación de una pensión provisional y en su momento definitiva, conforme a la planilla exhibida, y manifestó oposición a la propuesta de su colitigante, como quedó asentado en auto de cuatro de noviembre siguiente. 3. El seis de noviembre posterior, la quejosa ... solicitó medidas urgentes y entre ellas reiteró la pretensión de la determinación de una pensión provisional y en su momento definitiva, para ella y para su menor hijo conforme a la planilla exhibida. 4. A tal solicitud, en lo que es materia de controversia, recayó la siguiente determinación del juzgador familiar: "(.) CIUDAD DE MÉXICO A ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, presentado por la C. ... por conducto de su autorizada en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, Licenciada ...; visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita, atendiendo al interés superior de su menor hijo, por lo que respecta a la medida provisional marcada con el número 1, se previene al actor ... a efecto de que se abstenga de causar molestias o daño alguno en la persona de la DEMANDADA y su menor hijo, o a sus bienes, así como a sus posesiones o derechos, apercibido que en caso de desacato al mandato judicial, se le impondrá como medida de apremio un multa por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)."; ".en cuanto a la medida provisional marcada con el número 2, tomando en consideración que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, cuya característica es cubrir las necesidades inmediatas de los presuntos acreedores alimentarios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 302 y 311 Bis del Código Civil para la ciudad de México, y los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta ciudad, se fija por concepto de pensión alimentaria provisional a favor de la parte demandada y de su menor hijo, de acuerdo a la planilla de los gastos que manifestó erogar la promovente en la medida provisional marcada con el número 4 de su escrito de contestación a la demanda, la cantidad equivalente a $125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, REQUIÉRASE al C. ... para que dentro de los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES, a partir de que se le haga del conocimiento este proveído, deposite la cantidad antes referida, ante este juzgado mediante Billete de Depósito." 5. Inconforme, ... interpuso recurso de apelación que fue sentenciado el veintisiete de enero de dos mil veinte en el toca 2674/2019, en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E PRIMERO. Son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios que hace valer el señor ...; en consecuencia. SEGUNDO. Se MODIFICA el auto dictado en fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve, por el Juez Décimo Segundo en Materia Familiar de la Ciudad de México." La porción modificada quedó en los siguientes términos: ".se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte demandada y su menor hijo de acuerdo a la planilla de los gastos que manifestó erogar la promovente en la medida provisional marcado con el número 4 de su escrito de contestación a la demanda, la cantidad equivalente a $103,000.00 (CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)." Dicha determinación fue materia del juicio de amparo 155/2020 promovido por ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., y su acumulado 162/2020 promovido por ..., por propio derecho, donde se dictó sentencia el treinta de septiembre de dos mil veinte. Fallo donde se negó la protección constitucional a ... por propio derecho, y se concedió a ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., para los siguientes efectos: "(.) Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la sala responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada, emitida el veintisiete de enero de dos mil veinte, en el toca 2674/2019. En su lugar, emita otra con plenitud de jurisdicción, donde: 2.1 Reitere las consideraciones relativas a que la pensión debe integrarse con la compensación a la ex cónyuge, y que los ingresos pretéritos y propios de ésta no impide determinar la obligación alimentaria del progenitor no custodio. 2.2 Reasuma facultades decisorias sobre el recurso de apelación interpuesto, y funde y motive su decisión conforme a los parámetros descritos en esta sentencia. (.)" Resolución que fue confirmada en grado de revisión por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 195/2020. 6. En cumplimiento, la sala responsable dictó la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el toca 2674/2019, donde modificó la determinación dictada el once de noviembre de dos mil diecinueve. El aspecto que recogió las consideraciones de la Ad Quem quedó en los siguientes términos: ".se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del hijo de las partes $64,766.25 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M. N.) y a la C.... $60,666.25 (SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.), por lo que mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción V del Código de Procedimientos Civiles. REQUIÉRASE al C. ... para que dentro de los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES, a partir de que se le haga del conocimiento este proveído, deposite la cantidad antes referida." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, 2, 3, 16 y 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 1, 3, 5, 6 y 7 de la Ley de Derechos de las niñas, Niños y Adolescentes, 2, 19, 20, 267, 282, 302 y 308 del Código Civil, 55, 81, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, las dos últimas legislaciones para la Ciudad de México, porque es incongruente. La sala responsable interpretó incorrectamente el convenio suscrito por las partes, porque afirmó que el deudor asumiría el rubro habitación, sin considerar que conforme a las cláusulas de aquel, ese deber solo habría de ocurrir hasta febrero de dos mil veinte sin prueba de que posteriormente lo abarcara, y que después de esa fecha la quejosa habría de mudarse a otro inmueble asumiendo el costo de la mudanza. B) La resolución reclamada es incongruente con las actuaciones del expediente porque omitió considerar gastos propuestos en la planilla, que deben hacerse en relación sólo al menor hijo de las partes, y que debió estimarse para determinar el porcentaje de la pensión que le corresponde a cada acreedor. Además, al contestar la solicitud de divorcio y formular la propuesta de convenio, se pidieron $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) solo para el menor hijo de las partes, acorde a la cláusula sexta, y $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), únicamente para la inconforme, de acuerdo a la cláusula séptima. Aunado a que en el escrito de seis de noviembre de dos mil diecinueve denominado "medidas urgentes", se reiteró la necesidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para los acreedores. De modo que aunque se fijó el ulterior monto, de modo alguno implica que sea suficiente, porque el menor hijo de las partes es un "bebe", y requiere mayores cuidados, dedicación e insumos. C) La resolución reclamada es incongruente porque la sala del conocimiento dividió casi en un cincuenta por ciento el monto de los gastos que indicó, sin considerar que respecto en el caso del infante, se requieren mayores, como fue demostrado con los documentos justificativos aportados. Particularmente el rubro de alimentos, supermercado, gastos en general, donde se asignó $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada acreedor, empero, el total corresponde al menor; idéntica situación ocurre respecto del rubro vestido, esparcimiento y gastos personales, generados para el infante, que la sala responsable dividió entre ambos acreedores. D) La sentencia reclamada es contraria a los derechos constitucionales del menor hijo de las partes, porque dejó de estimar gastos a futuro, como insumos para el desarrollo escolar, y medios electrónicos que actualmente son necesarios e indispensables para la asistencia a clases en línea. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa respectiva, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación A), B) y C), porque en el acto reclamado sí fue integrado el concepto habitación, y la distribución de los gastos también tiene justificación. La sala responsable declaró infundados los agravios formulados por el tercero interesado, y reasumió el estudio de las condiciones de la medida provisional de alimentos solicitada, conforme a las siguientes consideraciones: - Las partes formularon propuesta y contrapropuesta de convenio, la apelada solicitó una pensión alimenticia provisional por $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), y consta en el expediente que reiteró en sendas ocasiones la petición de fijar $125,000.50 (ciento veinticinco mil pesos 50/100 moneda nacional) mensuales, para ella y su mejor hijo. - El ordinal 282 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, apartado A fracciones I y II, facultan al juzgador para dictar medidas provisionales con base a los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestas, para salvaguardar la integridad de las partes. - Para determinar la pensión solicitada en favor de la quejosa y su menor hijo, se pidió considerar rubros y gastos que en su conjunto suman $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), de gasto promedio mensual, y ofreció diversas documentales para demostrar el nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que duró la familia integrada, hasta el abandonó del hogar conyugal. - Para establecer la pensión provisional, se considera la información sobre la forma y estilo de vida, costumbres, capacidad económica, posibilidades de crianza y derechos adquiridos, a favor de la progenitora y el menor hijo de las partes en $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), porque así fue justificado con las pruebas ofrecidas, sin considerar los posibles ingresos de la acreedora, porque no obra prueba que los demuestre. - Atendiendo a lo resuelto por la autoridad federal y la plantilla de gastos de los acreedores alimentarios, se distribuye la cantidad a recibir, de la siguiente forma: Concepto Madre Hijo Renta de departamento $30,000 $30,000 Persona de servicio $4750 $4750 Recibo de gas y otros servicios $642.035 $642.035 Consumo de agua $808.50 $808.50 Energía eléctrica $465.715 $465.715 Servicio de cable, telefonía e internet $1500 Alimentos, supermercado, gastos en general $10,000 $10,000 Trepsi $1450 Sintonía cerebral $1450 Centro crece $4750 Gasolina, estacionamiento y TAG $7500 Vestido, estacionamiento y gastos personales $5000 $5000 Vacunas y honorarios médicos $5500 Total $60,666.25 $64,766.25 Total $125,432.50 Corresponde al hijo de las partes $64,766.25 (sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional), y a la diversa acreedora $60,666.25 (sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos 25/100 moneda nacional). - No obstante lo infundado de los agravios, al reasumirse jurisdicción y ante un nuevo estudio de la medida provisional de alimentos, por congruencia se modifica la determinación impugnada. Ahora bien, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida provisional, de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer, mediante las circunstancias impeditivas, constitutivas o modificativas de derechos propios y/o de su colitigante; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad, esto es, la necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tiene como condición suficiente requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, donde hay que asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Sobre esa base se contesta al primer planteamiento relativo a la aparente indeterminación sobre el concepto habitación, donde la inconforme sostiene que no fue considerado porque el propuesto por el deudor tiene un límite temporal, después del cual, no queda claro si se cumplirá. La particularización de los gastos propuestos por la acreedora, y que como se vio fueron acogidos en el acto reclamado permiten corroborar que el rubro habitación sí fue considerado, mediante la asignación de un monto específico para sufragarlo y a cargo del deudor, porque las aparentes capacidades financieras de la impetrante no fueron involucradas para asumir ese deber común. El planteamiento de la inconforme sostiene que el domicilio familiar fue establecido en un inmueble sujeto a un régimen de arrendamiento a cargo del deudor, con una fecha de vencimiento. Empero, si se considera que en la cuantificación de la cantidad que el deudor debe ministrar a los acreedores, se fijó un monto independiente para cubrir el concepto habitación, demuestra que éste continuara siguiendo aportando esa porción para ese aspecto en particular, que esa cantidad cubrirá esa parte de la obligación alimentaria, en ese mismo inmueble o en otro equivalente. Esto es, la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes porque el rubro habitación se acreditó con la información sobre la operación del arrendamiento, que además en cuanto al monto coincide con el contratado, lo cual cumple con los parámetros normativos exigidos, en cuanto a la posibilidad porque el deudor alegó conformidad con pagar ese rubro, y la necesidad por representar un factor relativo al nivel de vida, que al emitirse en una determinación judicial se vuelve obligatorio, como se dijo, con independencia de que se trate del mismo bien o uno equivalente. En ese aspecto no asiste razón a la inconforme. Por otra parte, es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios, de los montos de pensión en los conceptos indicados en el acto reclamado, y es así porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes. En efecto, la quejosa tiene el carácter de acreedor alimentario del tercero interesado, al contestar la demanda manifestó que se dedicó preponderantemente al cuidado y atención del menor hijo de las partes, hechos en los cuales fundó su acción de petición de alimentos; esa cualidad en el proceso fue analizada en el juicio de amparo 155/2020 y su acumulado 162/2020 de este índice, a su vez confirmado en grado de revisión. Precedentes a partir de los cuales quedó firme el derecho de la quejosa a recibir alimentos del tercero interesado, y que debían prevalecer las consideraciones relativas a la subsistencia de la cantidad que solicitó por derecho propio. Asimismo, la quejosa informó al juzgador familiar que tiene bajo sus cuidados al menor hijo de las partes, y que ha destinado preponderantemente sus recursos humanos a ese fin, premisa que permite establecer que gestiona la administración de los fondos que ministra el deudor, para satisfacer los rubros del concepto "alimentos". En esos términos, debe presumirse que la impetrante ha tenido el control y conoció de las necesidades alimentarias en este caso propios de ambos acreedores, de modo que ese conocimiento le permitió enlistar y atribuir de contenido la medida provisional que solicitó para fijar un monto determinado por alimentos, al amparo de los rubros que también indicó y en la forma que los distribuyó y/o asignó. Esas consideraciones dan contexto a la pieza del expediente donde la acreedora demandó la determinación de una pensión alimentaria, porque ahí indicó datos sobre las necesidades de la parte acreedora, al incluir diversos conceptos y una cantidad promedio, a saber: - Renta del departamento donde se ubicó el domicilio familiar, equivalente a $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional. - Persona de servicio que apoya en las necesidades del hogar, por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional. - Recibo de gas y otros servicios del inmueble que sirve de habitación, por $1,284.07 (mil doscientos ochenta y cuatro pesos 07/100 moneda nacional). - Consumo de agua, equivalente a $1,617.00 (mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). - Energía eléctrica, por $931.43 (novecientos treinta y un pesos 43/100 moneda nacional). - Servicios de cable, telefonía e internet, correspondiente a $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). - Alimentos, supermercado, gastos en general del menor hijo de las partes (leche, vitaminas, pañales, toallas de aseo personal y del departamento), equivalente a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). - Clases actuales del menor hijo de las partes: Trepsi por $1,450.00 (mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); sintonía cerebral por $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); centro crece por $4,750.00 (cuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). - Gasolina, estacionamiento y TAG: $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). - Vestido, entretenimiento, esparcimiento y gastos personales: $10,00.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) - Vacunas y honorarios médicos: $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Como se ve, se solicitó la determinación de una cantidad mensual de $125,432.50 (ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), para la parte acreedora integrada por la progenitora custodia y el menor hijo de las partes. Al contrastar la panilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y para robustecer su demanda exhibió sendas documentales de los pagos y contratación de los bienes que en su concepto satisfacían los alimentos indispensables de la parte acreedora; además, la solicitante argumentó que la determinación de la cantidad apuntada atendía también al nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que hicieron vida en familia integrada. De igual modo, se obtiene que el acto reclamado predica las posiciones de las partes, porque valora la posición de la quejosa como acreedora, sus alegaciones en el sentido de haberse dedicado al cuidado del menor hijo de las partes, para no atribuirle desplazamiento económico, las necesidades opuestas y que fueron demostradas en relación a los dos acreedores conjuntamente, así como la intervención del deudor. En esa dimensión de las circunstancias, no asiste razón a la inconforme al señalar que los rubros y montos fueron determinados discrecionalmente, porque en realidad tienen la lógica del contexto fáctico construido por las partes, sustentado además en las pruebas ofrecidas. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Finalmente, es infundado el concepto de violación agrupado en la letra D), porque las obligaciones alimentarias a futuro son objeto de prueba, lo cual puede fundar la modificación del monto actual. En efecto, al resolver el amparo indirecto 155/2020 y su acumulado 162/2020 de ese índice, el suscrito explicó que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; de ahí que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, que el derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular de la prerrogativa para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se obligan a tener recíproca asistencia. Dado que al nacer esta obligación del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar todo convenio de transacción el que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no es dable arriesgar esa situación autorizando la celebración de esta clase de acuerdo de voluntades, puesto que por su conducto podría llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador. De ahí que también se comprenda el porqué el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido a futuro, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Por ello, contrario a lo alegado en los conceptos de violación, lo dispuesto en el acto reclamado no constituye un límite a la adquisición de derechos que la ley confiere al acreedor a partir de las relaciones familiares que se desarrollen a futuro a partir de la conformación de una unidad familiar, pues tal derecho tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos deberán proporcionarse a las posibilidades de quien está obligado a darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, sin limitarse necesariamente a un momento determinado. De modo que la posibilidad de modificar el derecho a percibir alimentos se produce amen de una variación en las posibilidades económicas del deudor, o en las necesidades del acreedor, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista, y en las necesidades de los propios acreedores, para lo cual ese cambio en las circunstancias del deudor debe quedar demostrado. Además, como también se indicó en el expediente de amparo indirecto citado, las normas que prevén la posibilidad de ajustar los aspectos inherentes a la familia a la realidad de cada caso, se encuentra una diversa regla operativa bajo la cual se permite a las partes incorporar, reducir o bien cesar los rubros que complementan sus deberes alimentarios sin dejar de garantizarlos a quien tiene derecho a seguir recibiéndolos. Por lo cual es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.3o.C.496 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178080, que dice: "ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA PRINCIPAL O INCIDENTAL. La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias. Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como única vía de modificación la incidental ni prohíba que un órgano jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un distinto juzgador haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que la demostración de que cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la acción de alimentos, exigencia a la que se limita el precepto de referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la instauración de una nueva controversia que debe iniciar con una demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía incidental, ante quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso, donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho del demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el nuevo juicio. Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos procedimientos la parte reo estará en posibilidad de oponer excepciones y defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su capacidad de defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor plazo para contestar la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del cual debe citar para la audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer la acción en vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la controversia, porque tiende a satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la solución por una cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes hayan tenido la debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir, que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, constatado lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre esa prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de controversias." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad protegida e iniciales ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda.

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