Lorena Morales Herrera

Expediente 912/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
912/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Lorena Morales Herrera
  • Lorena Herrera Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio número 12194/2017, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al que adjuntó copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de julio de dos mil diecisiete, en el impedimento 17/2017 de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la ejecutoria de referencia concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se declara fundado el impedimento planteado por el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 912/2017-III de su índice. SEGUNDO. Remítanse los autos del referido juicio de amparo 912/2017-III a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes a fin de que, excluyendo a los Juzgados Primero y Tercero de Distrito en esta entidad, se turne como corresponda." II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. se determina que el cuaderno de antecedentes en que se actúa es susceptible de destrucción...III

  2. Principal

    Téngase al Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, informando que dicho Tribunal admitió a trámite el impedimento planteado por este Juzgador en el expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y, lo turnó para su resolución, expediente al que se le asignó el número de impedimento 17/2017 del índice de dicho tribunal. III

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En virtud de lo anterior, el suscrito estima que se surte la causa de impedimento prevista tanto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la fracción XVIII del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente: El artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Por su parte, la fracción XVIII del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: (.) XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores". El impedimento es una figura jurídica procesal referida al obstáculo legal para conocer de un asunto, que atañe a la persona física, concreta e individual y no así al órgano judicial, es decir, es una cuestión subjetiva inherente al servidor público. En dicho orden de ideas, los Jueces de Distrito están impedidos para conocer de los asuntos tramitados ante ellos -entre otros casos-, cuando pudiera verse afectada la imparcialidad con la que debe conducirse todo Juzgador. Sobre el particular, este juzgador advierte que en una causa penal, se determinó girar orden de aprehensión en contra de Jorge Morales Delgado, a quien conozco en razón de que es pareja de la licenciada Lilia Raquel Salazar Velazco, oficial administrativa del órgano jurisdiccional del cual soy titular y, por tanto, he convivido de manera directa en diversas ocasiones con el tercero interesado, concretamente en las reuniones que han sido organizadas fuera de las instalaciones del Juzgado de Distrito, así como del horario de trabajo, ello con la finalidad de festejar las posadas correspondientes a los años dos mil quince y dos mil dieciséis, así como, el cumpleaños del suscrito del año próximo pasado; y dicha circunstancia particular, con independencia de que no guarde una relación de amistad con Jorge Morales Delgado, podría afectar la imparcialidad con la que debo conducirme al fallar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1344, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." En este sentido, es evidente que las circunstancias apuntadas podrían influir eventualmente en este Juzgador en cuanto a la resolución del juicio de amparo Lorena Herrera Ibarra y otros, por lo que con apoyo en los ya aludidos artículos 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estimo conveniente declararme impedido para conocer del presente asunto. No se soslaya que en este órgano jurisdiccional se han tramitado los juicios de amparo 1339/2013, 506/2014 y 2373/2014, en los que el quejoso lo fue Jorge Morales Delgado; sin embargo, este juzgador federal, en ninguno de los asuntos tuvo intervención en la tramitación de los mismos, ni dictó la sentencia correspondiente, inclusive en el primero de los juicios señalados se ordenó su archivo con anterioridad a que fuera adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes; por lo que hace al expediente 506/2014 no tuve intervención alguna como Juez de Distrito; y, en cuanto al juicio 2373/2014 solo celebré la audiencia constitucional, -y en esa fecha no realicé algún convivio en el que estuviese presente el referido tercero interesado-, en tanto que la resolución correspondiente fue dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al diverso 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, el presente juicio junto con sus anexos, para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determinar en definitiva el impedimento legal citado, conforme a las razones descritas, al estimarse actualizada la hipótesis generadora del mismo, que pongo a consideración de la Superioridad para que determine lo que en derecho proceda, y así seguir preservando los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial. Fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. III

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con el que remite la demanda de amparo promovida por Lorena Herrera Ibarra y otros, contra el acto del Comisario General de Policía Ministerial; así como las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 810/2017-X, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, toda vez que dicho Tribunal Federal por resolución de quince de junio del presente año, declaró fundado el impedimento planteado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado Aguascalientes. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 912/2017-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en el presente asunto, se precisa que el acto reclamado emana de la denuncia penal formulada por Lorena Herrera Ibarra, en contra de Jorge Morales Delgado, ante la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, radicándose bajo la averiguación previa número DGAP/AGS/00423/01-14, del índice de la citada autoridad. En virtud de lo anterior, el suscrito estima que se surte la causa de impedimento prevista tanto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la fracción XVIII del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente: El artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Por su parte, la fracción XVIII del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: (.) XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores". El impedimento es una figura jurídica procesal referida al obstáculo legal para conocer de un asunto, que atañe a la persona física, concreta e individual y no así al órgano judicial, es decir, es una cuestión subjetiva inherente al servidor público. En dicho orden de ideas, los Jueces de Distrito están impedidos para conocer de los asuntos tramitados ante ellos -entre otros casos-, cuando pudiera verse afectada la imparcialidad con la que debe conducirse todo Juzgador. Sobre el particular, este juzgador advierte que en una causa penal, se determinó girar orden de aprehensión en contra de Jorge Morales Delgado, a quien conozco en razón de que es pareja de la licenciada Lilia Raquel Salazar Velazco, oficial administrativa del órgano jurisdiccional del cual soy titular y, por tanto, he convivido de manera directa en diversas ocasiones con el tercero interesado, concretamente en las reuniones que han sido organizadas fuera de las instalaciones del Juzgado de Distrito, así como del horario de trabajo, ello con la finalidad de festejar las posadas correspondientes a los años dos mil quince y dos mil dieciséis, así como, el cumpleaños del suscrito del año próximo pasado; y dicha circunstancia particular, con independencia de que no guarde una relación de amistad con Jorge Morales Delgado, podría afectar la imparcialidad con la que debo conducirme al fallar el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1344, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." En este sentido, es evidente que las circunstancias apuntadas podrían influir eventualmente en este Juzgador en cuanto a la resolución del juicio de amparo Lorena Herrera Ibarra y otros, por lo que con apoyo en los ya aludidos artículos 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estimo conveniente declararme impedido para conocer del presente asunto. No se soslaya que en este órgano jurisdiccional se han tramitado los juicios de amparo 1339/2013, 506/2014 y 2373/2014, en los que el quejoso lo fue Jorge Morales Delgado; sin embargo, este juzgador federal, en ninguno de los asuntos tuvo intervención en la tramitación de los mismos, ni dictó la sentencia correspondiente, inclusive en el primero de los juicios señalados se ordenó su archivo con anterioridad a que fuera adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes; por lo que hace al expediente 506/2014 no tuve intervención alguna como Juez de Distrito; y, en cuanto al juicio 2373/2014 solo celebré la audiencia constitucional, -y en esa fecha no realicé algún convivio en el que estuviese presente el referido tercero interesado-, en tanto que la resolución correspondiente fue dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al diverso 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, el presente juicio junto con sus anexos, para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determinar en definitiva el impedimento legal citado, conforme a las razones descritas, al estimarse actualizada la hipótesis generadora del mismo, que pongo a consideración de la Superioridad para que determine lo que en derecho proceda, y así seguir preservando los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial. Fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. III

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