Lorena Mendoza Diaz

Expediente 762/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
762/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Lorena Mendoza Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVisto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, de cumplimiento al fallo protector en el entendido que deberá informar a este juzgado, lo que hizo en acatamiento al mismo; apercibida la autoridad de mérito que de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, y se procederá además en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo y de la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que la citada autoridad no tiene superior jerárquico para efectos de solicitar el cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud, de que es un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir con la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 36/2011, de la Décima Época, de enero de 2012, consultable a foja tres mil quinientos quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2000099, que a la letra dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Por otra parte, se ordena ingresar el presente asunto con los datos correspondientes en la lista de sentencias de amparo protectoras en la que se hace constar que se encuentran pendiente su cumplimiento. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, quien autoriza y da fe. japo. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ___________________________________ Sello y firma del Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, hago constar, que en esta fecha, se informó lo ordenado en el acuerdo que antecede al Secretario encargado de integrar la Lista de Cumplimientos de Amparo. Conste. ________________________________________________ Firma de enterado Secretario. El suscrito Secretario David Alejandro Rojas Serna, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los presentes autos del juicio de amparo 762/2018-5A, promovida por José Luis Espinoza Araujo, en carácter de Apoderado Legal de Lorena Mendoza Díaz, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el mismo día, ocurrió en demanda de amparo la parte quejosa contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad (fojas 2 a 5). SEGUNDO. No se transcribirá el acto reclamado por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la sentencia, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de ésta, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 406, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringida en su perjuicio la garantía individual contenida en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramite. Por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 8), la que previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, 107 de la Constitución General de la República; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el presente juicio de amparo indirecto se promueve en contra de actos atribuidos a autoridad, cuya ubicación está inmersa en la circunscripción territorial en la que este Órgano de Control Constitucional ejerce su jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en:  La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1993/2017-2B, en el término establecido en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al rendir su informe con justificación, aceptó como cierto el acto reclamado (foja 12) y, al efecto, en apoyo a su informe remitió copia certificada de diversas constancias que integran expediente laboral 1993/2017-2A de su índice (fojas 14 a 55), las que al tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que determine el sobreseimiento en el juicio, lo aleguen o no las partes. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, registrada bajo el número 394770, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Toda vez que en el presente juicio, la responsable en su informe justificado indicó que el juicio era improcedente, en virtud de que no es un acto de imposible reparación, ya que no se produce afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa; haciendo valer la jurisprudencia VI.2o.T. J/4 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consultable a foja 1905, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015780, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos.". Al respecto debe decirse, que es infundada la causal de improcedencia que propone la responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo. Cierto es, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sin embargo, existe una excepción a la regla de improcedencia, que es precisamente cuando el juez de amparo, advierta del contenido de la propia demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Tal y como se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Común, número de registro 2011580, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Dicho lo anterior, de las propias constancias procesales, se puede advertir que, lo que reconoció en su informe la responsable, sin que sea justificación de manera alguna que no observe las obligaciones atinentes a la función jurisdiccional que desempeña, el hecho de que la junta responsable argumente que debido a la carga de trabajo que tiene, sea el motivo del señalamiento como fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, siendo que de la fecha del acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 45), a la señalada para la celebración de la citada audiencia, tiene una dilación de más de cinco meses, lo que a juicio de este Juzgador, es una abierta dilación en la tramitación del juicio laboral de origen, que implica su paralización total. En consecuencia, nos encontramos en la hipótesis de excepción prevista por la jurisprudencia, y por tanto, se considera infundada la citada causa de improcedencia, que hizo valer la responsable. En la especie, las partes no invocaron alguna otra causa de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio que opere alguna de las establecidas en la Ley de Amparo, en consecuencia lo procedente es entrar a analizar el fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los que se contienen en su escrito de demanda, y que se tienen por reproducidos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/129, publicada en la página quinientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEXTO. Estudio. Resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. En dicho motivo de disentimiento, la parte quejosa argumenta, que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de una justicia pronta y expedita, porque se excedió del término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para señalar la fecha y hora para el desahogo de la audiencia trifásica. Le asiste la razón a la parte quejosa. En principio, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, a la letra, establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del numeral en cita, se evidencia que se encuentra garantizado a favor de los gobernados el acceso a la administración de justicia, cuya impartición debe ser pronta y expedita, lo cual implica una obligación a cargo de los tribunales de cumplir con los plazos y términos establecidos por la ley de la materia. En relación al derecho fundamental de acceso e impartición de justicia que contempla el memorado numeral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se integra por los principios siguientes: 1. De justicia pronta. Lo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial. Principio que contempla que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita. Cuestión que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, del Tomo XXVI, de octubre de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Por su parte, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda." El artículo anteriormente transcrito, en esencia refiere que la Junta relativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido dicho escrito de demanda. En tal virtud, la autoridad responsable contraviene el artículo 17 Constitucional, ya que no señaló dentro del plazo de quince días, fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en cinco de octubre de dos mil dieciocho, al no poder llevarla acabo, señalo las ocho horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración, mediando aproximadamente cinco meses. Por tanto, es incuestionable que la Junta responsable se ha excedido en el término que señala la Ley Federal del Trabajo, en el numeral mencionado, para resolver lo conducente en cuanto a la fecha y hora respectiva a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que hace evidente que dicha omisión, viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En tal virtud, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, única y exclusivamente en la parte relativa en que señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y tomando en consideración los lineamientos vertidos en el presente fallo, fije nueva fecha para la celebración de la misma, la cual deberá ser señalada a la brevedad posible, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de que a la fecha de notificación de la ejecutoria de la presente resolución, no se hubiese llevado a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para las ocho horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, deberá señalar otra dentro del plazo de quince días, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, obedece a que la presente resolución es impugnable dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, el cual fenecería en un plazo anterior al día de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, este juzgador estima que tomar otra consideración, no restituiría a la quejosa de la garantía violada. En el entendido de que los efectos de la protección constitucional aquí otorgada, no se hacen extensivos a los actos procesales posteriores, sino que debe atenderse al acto reclamado y al estudio procesal que guarda el expediente natural, para de ahí determinar con precisión la concesión correspondiente, ello en atención, a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." OCTAVO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Lorena Mendoza Díaz, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable, en los términos indicados en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario, David Alejandro Rojas Serna, quien autoriza y da fe.

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