Lorena Matilde Contreras Pacheco
Expediente 2258/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Lorena Matilde Contreras Pacheco
Actuaciones
- Principal
Se recibe oficio, solicita mayor información. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Jalisco "1", con sede en Jalisco; mediante el cual manifiesta que a fin de cumplir con el requerimiento formulado en autos, en relación con la búsqueda en sus registros de domicilio relacionado con el tercero interesado ------, es necesaria mayor información de la persona buscada, tal como, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) o Registro Federal de Contribuyentes (RFC), esto, a fin de evitar homonimias con la información obtenida. Por otra parte, del proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, claramente se indicaron los datos personales del tercero interesado a fin de que las dependencias requeridas estuvieran en aptitud de realizar la búsqueda en sus registros de domicilio relacionado con el tercero interesado. No obstante lo anterior, toda vez que resulta indispensable agotar la solicitud formulada a la autoridad oficiante, se proporcionan de nueva cuenta los siguientes datos personales del tercero interesado:-------- Requerimiento. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Jalisco "1", con sede en Jalisco; para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, verifique si en los archivos de esas dependencias obra algún domicilio del tercero interesado -------- con auxilio de la información proporcionada y de ser así lo informe a este juzgado federal a fin de estar en aptitud de ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo. Se recibe oficio, proporciona domicilio. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Jalisco del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual proporciona domicilio para emplazar al tercero interesado -------; sin embargo, dicho domicilio ya ha sido agotado por este juzgado de Distrito con el propósito de emplazarlo a juicio de amparo, ello, mediante el despacho ordenado en auto de siete de junio de dos mil veintitrés, sin que se haya realizado el emplazamiento. En esa tesitura, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de octubre pasado. Al respecto, este juzgado de Distrito está a la espera de recibir la información requerida a la demás dependencias a fin de localizar domicilio en donde emplazar a dicho tercero interesado.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1243/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, ********************, ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El dos de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, ordenó emplazar al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco, en su carácter de tercero interesado, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El nueve de junio del año en curso, se ordenó el emplazamiento de Juan Antonio Tello Tapia, en su carácter de tercero interesado. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia de trabajo y reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - El citatorio y emplazamiento realizados en el juicio laboral 3525/2019, del índice de la junta responsable; y, en consecuencia, todo lo actuado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Debe de tenerse por cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y, Notificador adscrito, no obstante que en su informe de de ley lo haya negado, máxime que, dicha negativa se desvirtúa con las constancias remitidas por la responsable. Copia certificada, a la que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Decisión sobre la litis constitucional. Es fundado el segundo concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, y suficiente para conceder la protección constitucional solicita, como enseguida se expondrá. En efecto, el quejoso aduce que al momento en el que se llevó a cabo el emplazamiento, el actuario notificador adscrito a la junta responsable no entregó la cédula de notificación, como se establece en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, es oportuno imponerse del contenido del invocado artículo 14 constitucional el cual su contenido en lo que interesa es el siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. .". El numeral transcrito se consagra el derecho fundamental de audiencia, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como la obligación de las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento y, que de no cumplirse con ellas se infringiría el referido derecho fundamental, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Inicio del procedimiento conocido normalmente como emplazamiento, que es precisamente la diligencia más importante de toda controversia judicial, porque de su realización depende que el demandado tenga con la debida oportunidad, conocimiento de la demanda instaurada en su contra y de esa manera oponga excepciones y defensas, ofrezca pruebas y alegatos a su favor. El derecho fundamental de audiencia es la principal defensa disponible de todo gobernado frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá instar un procedimiento seguido en forma de juicio donde se cumplan las formalidades esenciales del mismo (procedimiento) y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. En tanto, las formalidades esenciales del procedimiento se integran por: I) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. III) La oportunidad de alegar. IV) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En concordancia con lo anterior, el conocimiento del inicio del procedimiento, su fundamento y sus consecuencias constituyen uno de los presupuestos de la defensa adecuada que integran el derecho de audiencia, ya que sólo a través de dicha formalidad el gobernado está en aptitud de controvertir el acto privativo y permite que pueda ser efectiva la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, así como el permitir formular las alegaciones que considere necesarias. Luego, el conocimiento completo de las pruebas y hechos en que se funde el procedimiento presupuesto de un acto privativo, es necesario para el respeto del derecho de audiencia, dado que de otra manera el gobernado no estaría en posibilidad de defender adecuadamente sus intereses en términos del artículo 14 constitucional, al no saber el sustento de las pretensiones en su contra. Por su parte, los numerales 741, 742, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, disponen: "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos.". "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo.". "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.". "Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos: I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; II. El número de expediente; III. El nombre de las partes; IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula." De los preceptos legales transcritos -en lo que es materia de análisis- se advierte la obligación procesal de que la autoridad al realizar la primera notificación a la parte demandada satisfaga ineludiblemente todas las formalidades establecidas; esto es: ( Una vez constituido en el domicilio señalado para realizar la notificación, el actuario se asegure, en primer término, de que la persona física o moral que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto, para proceder enseguida a practicar la diligencia con la persona interesada. ( En el supuesto de que no estuviera el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que espere al actuario al día siguiente, a hora determinada. ( Si pese al citatorio en cuestión, el interesado o su representante no se encuentran, la notificación deberá realizarse con la persona que esté presente en el domicilio. ( Si la parte demandada, el representante legal o la persona que se encuentre en el lugar en el que habite, trabaje o tenga su domicilio, se negara a recibir la notificación y emplazamiento, el Fedatario desahogará la diligencia por medio de instructivo que se fije en la puerta de su domicilio, al que adjuntará copia de la demanda y auto admisorio en el que se fije la fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica. Formalidades en mención que obligan a la autoridad responsable, a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, con la finalidad de asegurar que se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa; esto es, que la parte demandada al tener conocimiento formalmente del juicio, pueda oponer las excepciones y defensas a su alcance, ofrecer pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objetar las de su contrario, intervenir en su recepción y formular los alegatos que a su interés convenga, respectivamente. En ese sentido, resta analizar las actas de citatorio y emplazamiento a juicio materia del acto reclamado, a efecto de corroborar si se cumplió con lo dispuesto en los numerales citados. Así, del acta de emplazamiento que por esta vía se combate, se advierte que se hace valer que el actuario notificador responsable fue omiso en correr traslado con la cédula de notificación a que alude el precitado artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, pues, al efecto, diligencia de la que en lo que interesa, se señaló lo siguiente: ".razón por la cual al no encontrar a su representante, no obstante el citatorio dejado con antelación, procedo con fundamento en el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo a entender la diligencia con la persona que se encuentra presente, corriéndole traslado con copias cotejadas de la demanda y auto de radicación de fecha 19 de Octubre de del 2019, quedando con lo anterior debida y legalmente ENTERADA, NOTIFICADA, EMPLAZADA y apercibida en los términos de Ley, quien si firma al reverso de dicho acuerdo, levantando la presente acta para constancia y efectos legales a que haya lugar." De lo expuesto, resulta evidente que el fedatario laboral adscrito a la junta responsable, fue omiso en entregar la cédula de notificación a la persona con quien se entendió el emplazamiento a juicio reclamado, como lo impone el aludido artículo 751. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, página 2901, de la Décima Época, con número de registro 2000018, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES (PRIMERA O ULTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE DEJARSE LA CÉDULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación literal, armónica, histórica y teleológica de los artículos 742 a 744 y 751 de la Ley Federal del Trabajo deriva que, sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula a que se refiere el último de los artículos citados, junto con la resolución cuya notificación se ordenó de manera personal, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa." Así como la diversa tesis aislada XXVII.2o.2 L (10a.), establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo III, página 1425, con número de registro 2016193, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. EN ATENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, AL PRACTICARLO EL ACTUARIO DEBE DEJAR CONSTANCIA O DUPLICADO EN AUTOS DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES (PRIMERA O ULTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE DEJARSE LA CÉDULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2901, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula a que se refiere el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, junto con la resolución cuya notificación se ordenó personalmente, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa. En congruencia con la regla anterior, al practicar el emplazamiento, el actuario está obligado a dejar en autos constancia o duplicado de esa cédula, pues por un lado, sólo así cumple con su deber, previsto en el artículo 743 de la ley citada, de asentar o dejar razón en autos sobre su actuación; y por otro, porque, como toda actuación procesal, de ella debe haber constancia en el expediente. Máxime que es necesario que ese documento obre en autos, porque sólo así podrá tenerse certeza de que cumple con los requisitos que establece el artículo 751. De lo contrario, el emplazamiento se habrá practicado en contravención con las normas que lo rigen y será violatorio del derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Cabe precisar, que el hecho de que en las actuaciones que integran el juicio laboral de origen obre la constancia de "citatorio" y acta de "emplazamiento", relativas al llamamiento a juicio de la parte quejosa, pues como se desprende de su texto, las mismas son razones levantadas por el actuario responsable por medio de las cuales, en todo caso, hace constar las circunstancias bajo las cuales se desarrollaron las diligencias que practicó en el domicilio en que dice se constituyó; sin embargo, con tales constancias no se acredita que se haya entregado a la persona que la atendió la cédula de emplazamiento respectiva, porque no dejó en autos constancia o duplicado de esa cédula. Por lo anterior, dado que no existe certeza de la entrega de la cédula de emplazamiento ni mucho menos de la realización del citado documento, en virtud de que, se reitera, no existe constancia de su elaboración. Por lo tanto, toda vez que el actuario notificador responsable no dio cumplimiento al requisito ineludible que exige el numeral 751 en cita, el llamamiento al juicio laboral resulta contrario a las disposiciones aplicables y redunda en una clara violación al derecho de audiencia establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, de ahí que, es nulo el juicio desde su emplazamiento ilegal hasta su última actuación. Por tanto, se concede el amparo solicitado, mismo que se hace extensivo al diverso consistente en todo lo actuado en el juicio por no haberse reclamado de manera autónoma, sino bajo una vinculación de causalidad jurídica, sin incluir el emplazamiento de la codemandada. En virtud de lo antes expuesto, debe decirse que el actuar de las responsables infringe en perjuicio de las ahora quejosas los derechos tutelados en el artículo 14 constitucional, en razón de que, como se evidenció en párrafos precedentes, los emplazamientos reclamados no se realizaron en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente determinación: Deje insubsistente únicamente en el emplazamiento a la parte quejosa; así como todo lo actuado con posterioridad en el juicio laboral 3525/2019. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO" Así como el diverso criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de quince de noviembre pasado, al resolver la contradicción de tesis 451/2016 de su índice, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN". Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones, motivos en el diverso quinto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
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