Lorena Marion Hernández Rodríguez

Expediente 77/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
77/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Lorena Marion Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se agrega a los autos el oficio remitido por la Juez Mixto de Primera Instancia Microrregional de Álamo Temapache, por medio del cual acusa recibo del oficio 8757/2020 de nueve de noviembre pasado, en el que se reprodujo el auto donde causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto; circunstancia de la que se toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo del oficio girado a efecto de notificar a la responsable la sentencia emitida en autos, pues dado el sentido de ésta es claro que en nada le agravia, y la única que pudo inconformarse de ella es la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Sirve de apoyo por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO" En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; asimismo, por cuanto hace al original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo establecido en el inciso c), del numeral en cita, procede su destrucción; lo anterior, para ambos casos, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 2. Se ordena destruir el duplicado del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del precitado Acuerdo General; lo anterior, una vez transcurridos seis meses, contado a partir del archivo de este asunto. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  3. Principal

    ...CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de Jurisprudencia del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995 estudio preferente. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, de rubro: "IMPROCEDENCIA" En esa tesitura, el caso en estudio, se advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". Del precepto legal anteriormente transcrito, se desprende que el juicio constitucional resulta improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que un acto de autoridad, ya sea positivo o negativo, legitiman al particular que se sienta afectado en su esfera jurídica para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal suerte que, siendo el objeto de la sentencia concesoria reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, es que se han establecido diversos requisitos para la procedencia de la acción constitucional, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Expuesto lo anterior, resulta conveniente precisar que en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del juicio civil ordinario 18/2019, del índice del Juzgado responsable, que en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa (parte actora en el juicio de origen), en contra del proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que entre otras cosas, ante la petición de convivencia de la parte demandada con el menor de iniciales ****, la responsable fijo fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 157 y 345 del Código Civil del Estado de Veracruz. Ahora, de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, así como de las constancias remitidas mediante oficios 368/2020 y 472/2020 de ocho de septiembre y dos de octubre de la presenta anualidad, respectivamente, se advierte que mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiocho de febrero pasado, la parte quejosa Lorena ******* y José Roberto ******* (tercero interesado) presentaron y ratificaron convenio ante la responsable, con la finalidad de terminar con la contienda de origen, convenio al presentó su oposición el fiscal de la adscripción correspondiente, por lo que, mediante escrito de tres de septiembre pasado, la parte actora manifestó su renuncia a los alimentos que por ella correspondían. Una vez ocurrido lo anterior, dicho expediente fue turnado para resolver y mediante sentencia de veintiuno de septiembre del año curso, el Juez responsable resolvió aprobar todas y cada una de las cláusulas del convenio formulado por las partes, en el cual se establecido lo relativo a la guarda y custodia, convivencia y pensión alimenticia del menor de edad con iniciales *****, dando por concluida la controversia. Documentales a la que le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. En ese contexto, si las partes en el juicio natural llegaron a un convenio por cuanto hace a la convivencia del menor de edad de iniciales **, con padre progenitor, es dable concluir que aun cuando la resolución reclamada, de trece de febrero de dos mil veinte, subsista, su objeto o materia ha dejado de existir. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado la convivencia del menor con su padre, lo cierto es que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, y en el caso la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, al verse superada por convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio natural, en el que se decretó entre otras cuestiones un régimen de convivencia entre el menor y sus progenitores. Motivo por el cual, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía que se estime violada; actualizándose así la invocada causal de improcedencia. Sin que ello signifique alguna restricción a los derechos del de la aquí quejosa, pues de surgir con posterioridad elementos que modifiquen las condiciones para el cumplimiento del convenio de convivencia, por lo que, tendrá expeditos sus derechos para solicitar su modificación. Lo anterior, teniendo en cuenta, que los convenios en materia de convivencia no mantienen el carácter de cosa juzgada de manera permanente, pues puede solicitarse su modificación, de cambiar las circunstancias que dieron su origen y a los términos en que se estableció ya que, de suceder ello, habrá lugar a la acción de mutación del convenio judicial, en la que debe considerarse el origen de la obligación pactada. En consecuencia, al haberse actualizado la apuntada causal de improcedencia, procede sobreseer al respecto en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858). "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). QUINTO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado de conformidad con los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lorena ********, con base en los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo. Notifíquese por lista de acuerdos publicada electrónicamente.

  4. Principal

    Notificación por lista parte quejosa y tercera interesada.- ...Se agrega a los autos el oficio remitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia Micro Regional, con sede en Álamo- Temapache, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en veintidós de septiembre pasado, remite copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de septiembre pasado, dentro del juicio ordinario civil 18/2019 de su estadística, circunstancia de la que toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes. PRUEBAS. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que exhibe la responsable en cita, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dese vista a las partes por el término de tres días, con el contenido del oficio de cuenta, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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