Lorena María del Consuelo Hernández Murillo

Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Lorena María del Consuelo Hernández Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas, con cinco legajos; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse.

  2. Principal

    Petición. La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de reclamación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitió sentencia interlocutoria respecto del recurso de reclamación, misma que fue notificada mediante correo electrónico el ocho de marzo del presente año. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse dictado la resolución correspondiente al recurso de reclamación. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por inexistencia. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de proveer fecha para la audiencia de conciliación después de audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación de sentencia; así como la omisión de llamar a la quejosa a la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para la sentencia en mi carácter de apoderada del demandado ********************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Análisis de la causa de improcedencia. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que el trece de febrero de dos mil veintitrés, llevó a cabo la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación a sentencia dentro del juicio ******************** del que derivan los actos reclamados, diligencia en que la parte quejosa estaba presente, y se le concedió el uso de la voz en su carácter de y solicitó se le reconozca la personalidad en su carácter de apoderada del demandado ********************; y posteriormente, se ordena citar a sentencia, y se turnan los autos a la vista de la juez a fin de dictar la sentencia correspondiente, por lo que el expediente de origen no guarda estado para proveer fecha para la audiencia de conciliación, hasta en tanto se dicte sentencia. Ergo, la omisión reclamada es inexistente porque la autoridad responsable no se encuentra en condiciones de señalar fecha para la audiencia de conciliación por encontrarse pendiente el dictado de la sentencia. De igual forma, atendiendo a la fecha de presentación de la demanda -quince de febrero de dos mil veintitrés-, se advierte que la omisión de llamar a la quejosa a la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para la sentencia en mi carácter de apoderada del demandado ********************, es inexistente, toda vez que compareció personalmente a la misma y solicitó que dicha petición se hiciera en sentencia. Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y no hay posibilidad alguna de que la quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable no se encuentra en posibilidades de subsanar la omisión reclamada, dada la etapa procesal en la que se encuentra el juicio laboral. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo concedido a la autoridad responsable en acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, esto es para rendir su informe justificado, transcurre del treinta y uno de marzo al veinticinco de abril del año en curso, toda vez que fue notificada el treinta de marzo del presente año. Tal y como se advierte de la siguiente imagen: Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las doce horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    4.- Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, recibida en esta Secretaría el veinticuatro siguiente, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 6846/2023, en el que se ordenó notificar el auto de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés al Subdirector General de Servicios de Salud del Estado de Puebla a fin de que se imponga de su contenido; toda vez que al constituirse en las instalaciones de dicha Secretaría, le manifestó la persona que la atendió que no podía recibir el oficio de mérito, en razón de que la denominación correcta de la autoridad no existe, pues únicamente hay una autoridad de denominación Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. .. Acuerdo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que en autos ya obra el acuse de recibo del oficio por el que se le comunicó el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés a la autoridad responsable Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Cúmplase. ..

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