Lorena Magaña Carrión
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorena Magaña Carrión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que el treinta de mayo del año actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada Ley de la materia, en contra del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro aspecto, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierten documentos exhibidos por la parte promovente junto con el escrito de demanda, los que se estiman innecesario que continúen agregados en el sumario; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca al local de este juzgado, con identificación oficial vigente, a fin de que le sean devueltos los documentos de referencia, con el apercibimiento que de no recogerlos, éstos seguirán la suerte del juicio principal en que se actúa. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial a recoger las mencionadas documentales, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintidós. Atento a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta de marzo pasado feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa por auto de diecisiete de marzo de este año, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de lo informado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del 5. Secretario de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. En consecuencia, se le hace efectivo dicho apercibimiento y, se presume que la guardián de los menores quejosos de iniciales J.C.S.M. y M.J.S.M., no da su consentimiento para que le sea aplicada la vacuna que solicitó, con todos los alcances que ello conlleva, así como su desinterés para la aplicación de la misma. Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que Lorena Magaña Carrión, promovió el presente juicio de amparo en representación de sus menores hijos de iniciales J.C.S.M. y M.J.S.M., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, a quienes reclamó: "a).La omisión de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID-19 a los menores quejosos con sus dos dosis, bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevencion y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de minimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variantes DELTA y OMICRON que aquejan a nuestro Estado cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b).La discriminacion sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la ninez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. C).Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la parte quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y sus variantes, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada dia es un dia mas de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." En ese contexto, el que suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d) ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de donde se obtiene que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para los menores de doce años de edad o más sin comorbilidades, está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. De ahí que, ya se encuentra disponible el registro para que los menores de edad de doce años o más sin comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, con apoyo en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que los directos quejosos de iniciales J.C.S.M. y M.J.S.M., a la presente fecha, cuenta con una edad de trece y catorce años, respectivamente (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla) es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de doce años o más sin comorbilidad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares, han cesado en sus efectos, puesto que los menores quejosos, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de doce años o más sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de los directos menores quejosos. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del uno de junio del año actual. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el 6. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que aluden en los oficios de cuenta, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. De igual forma como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con los usuarios: SergioMaldonado, jairpjf, leopaleusjur, pfplatas y Nayelihernandezcontreras en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, autorizando como medio alternativo de comunicación en el presente asunto, los correos electrónicos siguientes: CORREO ELECTRÓNICO sergio.maldonado@bienestar.gob.mx alejandro.yanez@bienestar.gob.mx alejandro.hernandezp@bienestar.gob.mx Así como el número telefónico 2461031005; los que se autorizan en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo la servidora pública encargada de realizar la notificación, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante la persona autorizado por la misma Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 8162 dirigido al 2. Titular de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, del que se advierte como imposibilidad de entregar el referido oficio: "La autoridad que cita no se encuentra en este domicilio." Se estima innecesario glosar el oficio 8162, en virtud de que en autos ya obra la minuta relativa al contenido de dicho acuerdo, por lo que únicamente se agrega al presente expediente la pieza postal para los efectos legales procedentes. Ahora bien, dado que es un hecho notorio para el suscrito que el domicilio de la referida autoridad está ubicado en: Calle Homero número 213, colonia Chapultepec Morales, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, código postal 11570. En esas condiciones, reexpídase el mencionado oficio 8162 de once de marzo del año en curso, a la dirección correcta, a fin de que la responsable se imponga de su contenido, y dé cumplimiento al mismo. Notifíquese en términos de ley.
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