Lorena León Vargas

Expediente 1634/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1634/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Lorena León Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es conservable al haberse concedido la medida cautelar, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Luego, en observancia el artículo 19, fracción II, inciso a), del instrumento normativo en referencia, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción dentro de los treinta días siguientes a que haya transcurrido los seis meses siguientes a la emisión de este auto.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente sumario, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 42 a 48), en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha sobreseído fuera de audiencia, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción I, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, toda vez que resulta innecesario retener las constancias que remitió en su momento el Juez Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo por Ministerio de Ley, en apoyo a su informe justificado y que obran en dos anexos por cuerda separada, devuélvase a la citada autoridad.

  3. Incidental

    (4) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la quejosa ********************, omitió exhibir la cantidad de ********************, a fin de garantizar la suspensión definitiva otorgada a dicha parte procesal; requisito que le fue impuesto en interlocutoria de diecisiete de octubre del año en curso (fojas 27 a 32), para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar solicitada, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en dicha resolución, por lo que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, ha dejado de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la impetrante del amparo. La circunstancia anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables, dejando expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de ocho de noviembre actual, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial adscrito, para notificar en forma personal a la quejosa ***, la resolución de treinta de octubre último, dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte procesal la resolución de mérito por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio cierto y actual en esta ciudad para tales efectos. resolución de treinta de octubre último.... Glósese la misiva con registro 23609 signada por el referido Juez Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo por Ministerio de Ley, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho ******, del índice de éste Juzgado Federal, acompañando las constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado ********. Toda vez que fue devuelta la comunicación oficial de cuenta, dese de baja en el libro de gobierno y en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes. Advirtiéndose de las constancias que remite la autoridad oficiante, que se llevó a cabo la diligencia encomendada, se tiene por emplazado al presente juicio al citado tercero interesado. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, y, visto su contenido, téngase al Juez Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo por Ministerio de Ley, rindiendo informe justificado (folio 23622). Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo su comunicado de ley y ofertando el medio de convicción que anexa, para los fines y efectos legales conducentes; al respecto, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los documentos de cuenta, fórmense dos anexos de pruebas, que quedarán a disposición de las partes para su consulta en la secretaría, sin que los mismos sean integrados al expediente electrónico debido a la imposibilidad material para ello en atención a su voluminosidad, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora, del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se observa que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********, del índice del Juzgado Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el cual no se admitió el recurso de revocación que interpuso en contra de la interlocutoria de dieciséis de agosto de la presente anualidad, en la que se declaró procedente el incidente innominado hecho valer por la parte actora aquí tercera interesada, para acreditar, a su dicho, que los pagos realizados por medio de cuatro transferencias bancarias a su favor, fueron hechos para cubrir un adeudo independiente al reclamado como suerte principal (pagaré base de la acción), ordenándose turnar los autos para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, y respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo de interés disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, excepcionalmente procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que su procedencia está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En torno a este último presupuesto necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, conviene traer a colación, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." La lectura del criterio reproducido revela que, en términos de la hipótesis establecida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, la vía constitucional indirecta, en tratándose de actos dictados dentro de juicio, se encuentra condicionada a que lo reclamado tenga consecuencias de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, esto es, que no produzca solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Además, el acto reclamado debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, esto es, que revistan la categoría de "sustantivos", lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. La anterior redacción de la Ley de Amparo, esto es, la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no precisaba qué debía entenderse por actos cuya ejecución fuera de imposible reparación, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro de juicio tenía una ejecución irreparable cuando: a) Sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata algunos de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto en contra de determinadas resoluciones en las que se consideraba que se afectaba a las partes en grado predominante o superior, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectaba derechos sustantivos. Sin embargo, como se vio, conforme a la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece qué debe entenderse como actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente los actos de ejecución irreparable, como ya se dijo, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la constitución y los tratados internacionales, por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal. Se cita la jurisprudencia por reiteración IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 2006338, cuyos datos son: "Registro digital: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso concreto, como se indicó supra, el quejoso reclama el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el cual no se admitió el recurso de revocación que interpuso en contra de la interlocutoria de dieciséis de agosto de la presente anualidad, en la que se declaró procedente el incidente innominado hecho valer por la parte actora aquí tercera interesada, para acreditar, a su dicho, que los pagos realizados por medio de cuatro transferencias bancarias a su favor, fueron hechos para cubrir un adeudo independiente al reclamado como suerte principal (pagaré base de la acción), ordenándose turnar los autos para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, el cual tiene una naturaleza eminentemente procesal, conforme a lo narrado en el cuerpo del presente acuerdo, se considera ello, puesto que de la copia certificada remitida por el juez responsable, como justificativa de su informe de ley, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que en el expediente de origen, está pendiente de dictar sentencia, por lo que la eventual afectación no se considera de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Más aún, que en la interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio primigenio, el juez responsable determinó: "(.) Por lo anterior, resulta PROCEDENTE el incidente inominado (sic) de pago hecho valer por el Licenciado *******, en su carácter de actor en el juicio principal. Ello sin perjuicio de que esta autoridad estudie posteriormente en sentencia definitiva, los argumentos de la excepción de prescripción expuestos por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, en conjunto con los medios probatorios que componen el presente sumario. (.)" Es decir, el juez responsable precisó que lo resuelto en el incidente de mérito, no sería obstáculo para estudiar en sentencia la excepción opuesta por el demandado en conjunto con los medios probatorios que se ofertaron en el mismo para resolver en consecuencia. Por lo cual, se reitera, que debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; o bien los actos procesales o formales siempre que se perjudique a las partes en grado predominante o superior. Al respecto, es aplicable al caso por identidad jurídica, la jurisprudencia anteriormente invocada P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. También cobra vigencia, por las mismas circunstancias, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 420 en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 280, del contenido que sigue: "Registro digital: 205484 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 13 Tipo: Jurisprudencia PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Así, se concluye, que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de una ejecución irreparable, porque el acto reclamado no constituye una violación a sus derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal; por lo tanto, no tiene el carácter de imposible reparación; además, dicho acto es susceptible de extinguirse si la sentencia que emita el Juez responsable, es favorable a las pretensiones de la parte solicitante del amparo, o en caso contrario, es susceptible de combatirse junto con la sentencia o auto que ponga fin al juicio de origen. En atención a lo expuesto, se sobresee en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, en concordancia con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señala para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con cuatro minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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