Lorena Hinojosa Medina

Expediente 780/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
780/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Lorena Hinojosa Medina

Actuaciones

  1. Principal

    IX.- Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. De conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó los puntos de prevención decretados en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. No pasa desapercibido que la presente determinación debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia; sin embargo, mediante auto de veintiséis de agosto pasado se tuvo como domicilio procesal la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, por lo cual, la notificación del presente proveído realícesele a través de tal medio.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la LV Legislatura del Estado de México; y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo -------------. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el precepto 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo; procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá aclarar el acto reclamado, así como los antecedentes que le precedieron. De lo transcrito se advierte que la quejosa plantea la inconstitucionalidad de sendas porciones normativas de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como del Código Financiero del Estado de México y Municipios, pero también aduce reclamar "sus reformas adiciones y derogaciones publicadas en el periódico oficial del Estado de México", esto es, un reclamo genérico e indeterminado pues ambos cuerpos normativos tienen un cúmulo amplio de reformas, adiciones y derogaciones, resultando imposible que le hayan sido aplicadas todas; más aún cuando no expresa cómo todas ellas repercutieron en su esfera jurídica. Luego, aduce reclamar "la inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación con el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su promulgación y publicación, así como sus refrendos realizados por el Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de México"; manifestación que resulta confusa y oscura, ya que pareciera que la quejosa intenta reclamar un sistema normativo de dos cuerpos legales, pretendiendo que se declare inconstitucional un precepto de la Constitución Federal, lo cual torna notoriamente improcedente su pretensión, en términos de la fracción I del artículo 61 de la Ley de la materia. Posteriormente, aduce reclamar: "la omisión de propuesta del H. Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, por lo que hace a las tablas de valores unitarios de suelo, y construcciones que sirven de base para determinar el cobro de las contribuciones que sirven de base para determinar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en términos del artículo 115, fracción IV antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su discusión, aprobación y promulgación por la honorable Legislatura del Estado de México y del Ejecutivo del Estado de México" Planteamiento que resulta genérico, confuso, oscuro e incongruente, pues, derivado de su redacción, no resulta posible concluir si reclama una omisión legislativa, un acto omisivo de legalidad atribuido al Ayuntamiento de Toluca, o bien, si insiste en su errada pretensión de declarar la inconstitucionalidad de la aludida porción normativa del artículo 115 de la Constitución Federal, lo que tampoco resulta claro, pues culmina impugnando el proceso legislativo de una norma -misma que no precisa- aparentemente creada por la Legislatura del Estado de México, y sancionada por el Ejecutivo de la misma entidad. Seguidamente, plantea el reclamo siguiente "DE MANERA ESPECÍFICA EL PAGO NUEVAMENTE DE TRASLADO DE DOMINIO REQUERIDO NUEVAMENTE CUANDO YA FUE TRAMITADO Y PAGADO" acto que parece estar relacionado con la manifestación vertida en el capítulo de antecedentes, en el que expresó que el trece de agosto del año en curso, al supuestamente acudir a "VERIFICAR SU CUENTA DE PREDIAL ADEUDADO", supuestamente le fue referido que no se ha realizado el trámite administrativo de traslado de dominio correspondiente al inmueble ubicado en ******************** y/o en ********************, con antecedente catastral ********************, que debe reunir los requisitos necesarios y realizar el pago correspondiente, el cual aduce, efectuó desde el doce de enero de dos mil dieciocho. Además, refiere que se le pretende cobrar el pago del traslado de dominio -sin decir cómo se le exigió dicho pago- aunado a que en sus manifestaciones aduce que únicamente le fue dada la información atinente al realizar la pregunta del adeudo respectivo por concepto de impuesto predial respecto del inmueble respectivo; ante lo cual se puede concluir no solo que no se le exigió dicho pago, sino que tampoco existe un acto concreto de aplicación de alguna norma, relacionado con dicho pago; sino en todo caso, la existencia de información en la que se le condiciona a la realización de ciertos trámites y pagos para obtener la autorización y/o regularización administrativa y/o catastral para pagar el impuesto predial respecto del inmueble de referencia. Lo que considera lesivo a sus derechos, pues según refiere, ya efectuó dicho trámite y erogó tales pagos, para lo cual refiere incluso la existencia de sendos recibos de pago. No obstante lo anterior, continuando con las manifestaciones oscuras e indeterminadas, expresa reclamar "los decretos de aprobación, discusión y expedición del Código Financiero del Estado de México y Municipios, expedido el 9 de marzo de 1999 y sus reformas, adicionales y derogaciones publicadas en el periódico oficial del Estado de México "Gaceta de Gobierno" HASTA LA QUE AHORA NOS RIGE, específicamente del artículo 115 del Código Financiero del Estado de México y Municipios"; esto es como si reclamara por vicios propios el proceso legislativo de todos y cada uno de los decretos mediante los cuales se ha reformado dicho artículo, siendo imposible que todos y cada uno de esos múltiples decretos haya representado un perjuicio en su contra, mas aún cuando no especifica como todos y cada uno de ellos le genera perjuicio y cómo le fueron aplicados. Posteriormente, también de forma indeterminada, reclama del Presidente Municipal de Toluca, Estado de México, "su obligación de cumplir y hacer cumplir la aplicación de los decretos y ordenamientos, cuya inconstitucionalidad se reclama (.)" sin que especifique el acto concreto y determinado de autoridad que le generó un perjuicio actual y real en su esfera jurídica. Planteamiento genérico e indeterminado que reproduce también respecto de las diversas autoridades Tesorero municipal de Toluca y Director de Catastro municipal de Toluca, ambos del Estado de México. Lo que resulta aún más evidente, cuando posteriormente aduce reclamar "EL PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DE SU PROPIEDAD QUE YA FUE PAGADO Y TRAMITADO EN SU MOMENTO Y QUE RESULTA CONTRARIO AL DOBLE COBRO" Resultando imposible concluir si reclama un segundo pago ya efectuado en términos de lo precisado con antelación, o, se insiste, el condicionamiento de la realización de un trámite al pago de referencia. En síntesis, el cúmulo de manifestaciones ya precisadas con antelación, resulta genérico, indeterminado, confuso, oscuro, contradictorio, equívoco e ineficaz para advertir si quiera a manera de inferencia, cual es el planteamiento constitucional plasmado en la demanda de amparo, y menos aún la pretensión constitucional perseguida. Se concluye de manera inequívoca lo anterior, pues la mezcla de manifestaciones y planteamientos esgrimida por la parte quejosa, torna imposible verificar si reclama omisiones legislativas, inconstitucionalidad de normas de forma autoaplicativa o heteroaplicativa, o bien, actos u omisiones de autoridad. Se afirma lo anterior, pues la inconstitucionalidad referida al inicio de su libelo constitucional, no puede plantearse de manera discrecional e indiscriminada incluyendo un diverso cúmulo de planteamientos diversos con naturalezas jurídicas distintas; y menos aún reclamar la supuesta inconstitucionalidad de todas y cada una de las reformas, adiciones y derogaciones derivadas de todos los decretos de ciertas porciones normativas. Se afirma lo anterior, ya que la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, implica que los quejosos precisen de manera concreta y determinada cual es o cuales son, los actos, normas u omisiones que se estiman inconstitucionales; mas no así, el planteamiento de ideas, argumentos o pretensiones que impliquen señalar reclamos intrincados, inespecíficos o aglomerados de diversas naturalezas jurídicas; pues ello, además de resultar irracional, imposibilita la identificación de la litis constitucional planteada, sobre la cual se conducirá la tramitación del juicio de amparo, y eventualmente, el análisis de la pretensión constitucional. Para mayor especificidad, debe precisarse que en tratándose de la impugnación de normas generales, estás pueden ser autoaplicativas o bien, heteroaplicativas; naturaleza que delinea la forma del planteamiento correspondiente, ya que las primeras surten efectos desde su entrada en vigor sin necesidad de que exista un acto concreto de aplicación, lo anterior, por el solo hecho de ser destinatarios inminentes e inequívocos de sus efectos; mientras que las segundas precisan necesariamente de actos concretos de aplicación. De esta forma, cuando se plantea un juicio de amparo contra normas generales, es indispensable que se precise no solo la norma en específico que se tilda de inconstitucional, sino además, la forma en como se combaten, esto es, bajo un concepto de individualización incondicionada o condicionada, en cuyo caso, deben especificar los preámbulos fácticos de su reclamación. Así pues, no es dable que se reclamen normas de manera genérica e indeterminada, incluso señalando expresiones como "todas las reformas, adiciones o derogaciones" y/o "todos los decretos hasta esta fecha"; y menos aun resulta posible que se pretenda el planteamiento de amparo contra normas generales incluyendo de manera injustificada, intrincada, confusa e irracional, otros actos inmersos de otras distintas naturalezas como omisiones legislativas o actos y omisiones genéricas; ya que en todo caso, se debe especificar en el libelo de amparo, de manera separada e independiente, la naturaleza de los reclamos respectivos para su ; verbigracia: A) La inconstitucionalidad de la norma X, de forma heteroaplicativa, con motivo del acto de aplicación consistente en X: Y/o; B) La inconstitucionalidad de la norma X, de forma autoaplicativa, la cual entró en vigor en S; Y/o; C) La omisión en que incurrió Y al no efectuar Z, o bien; Y/o; D) El acto consistente en W, emitido por O; En síntesis, el planteamiento que se pretende por parte de los quejosos, en todo caso deber ser claro, concreto y determinado, para proceder a fijar la litis constitucional y con ello, estar en posibilidad de analizar la procedencia del juicio intentado. En ese tenor, a fin de considerar colmados los requisitos establecidos en los artículos III, IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá precisar: 1. Si reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1.1, 16 y 17 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico; así como del diverso precepto 115 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; En cuyo caso deberá precisar si los reclama de forma autoaplicativa o heteroaplicativa, y en este último supuesto, deberá manifestar cual es el acto concreto de aplicación a través del cual se le aplicaron dichas porciones normativas tildadas de inconstitucionales, así como todos los antecedentes respectivos que le dieron origen, de los que destaquen: a) Cuándo le fue notificado dicho acto y/o tuvo conocimiento del mismo; b) Qué autoridad o autoridades emitieron y/o ejecutaron dicho acto, precisando su forma de intervención en aquél, y; C) Si en contra de dicho acto enderezó algún medio ordinario de defensa o recurso ordinario; en cuyo caso deberá precisar cuál instó y/o interpuso, ante qué autoridad administrativa o judicial, el estado procesal actual del mismo, y de haberse fallado, el sentido en el que fue resuelto. O bien, si lo único que pretende reclamar es; 2. La orden verbal a través de la cual se le condicionó a la quejosa la realización del trámite relativo a la regularización y/o cambio de nombre para el pago del impuesto predial relativo al inmueble ubicado en ******************** y/o en ********************, con antecedente catastral ********************; a la reunión previa de diversos requisitos y erogación de un pago por concepto de traslado de dominio, aun cuando ya hizo tal tramite y efectuó el pago correspondiente desde el doce de enero de dos mil dieciocho. En cuyo caso, deberá precisar, además: a) Qué autoridad o autoridades emitieron dicha orden verbal, y; C) Si en contra de dicha orden verbal enderezó algún medio ordinario de defensa o recurso ordinario; en cuyo caso deberá precisar cuál instó y/o interpuso, ante qué autoridad administrativa o judicial, el estado procesal actual del mismo, y de haberse fallado, el sentido en el que fue resuelto. Requerimientos que resultan indispensables no solo en términos de los requisitos previstos en las fracciones III, IV y V del artículo 108 de la Ley de la materia; sino, además, porque resulta insoslayable fijar cual es el planteamiento en esta instancia constitucional, a fin de delimitar la cuestión efectivamente planteada para verificar la procedencia del juicio de amparo, y estar en posibilidad de emprender, de ser el caso, el estudio de constitucionalidad correspondiente. En la inteligencia que, del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no dar cumplimiento en los términos efectuados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley de la materia, téngase como domicilio procesal de la parte quejosa, la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, pues el correo electrónico proporcionado no se encuentra contemplado para tal efecto en la Ley de Amparo. Sin embargo, ténganse en consideración como medio de contacto idóneo para comunicaciones no procesales en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************; por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír notificaciones, a las restantes personas que se mencionan en la demanda de cuenta, por carecer de dicho registro. No pasa desapercibido que la presente determinación debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia; sin embargo, en acápites precedentes se tuvo como domicilio procesal la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, por lo cual, la notificación del presente proveído realícesele a través de tal medio. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

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