Lorena Hernández Anaya

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Lorena Hernández Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como, conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintitrés. Aspectos Generales Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******; regístrese con el número de juicio 35/2023-III; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Hecho notorio Vista la certificación que antecede, este juzgador federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invoca como hecho notorio, que en el índice de este órgano de control constitucional se encuentra registrado con el número de juicio de amparo 1068/2022-III y su acumulado, la demanda promovida por *******, en la que se reclama la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, Maestro Agustín Moreno Gaspar, en la carpeta judicial *******, mediante la cual ordenó la restitución provisional del inmueble ubicado en ***********, la cual fue ejecutada el veintiuno de octubre subsecuente. Consideración previa Es de precisar que, si bien la parte quejosa señala como acto reclamado "la omisión de llamar a la carpeta judicial ******" respecto a la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós (acto reclamado); lo cierto, es que dicha manifestación únicamente entraña conceptos de violación encaminados a combatir la legalidad del mencionado auto de diecisiete de octubre de la pasada anualidad y, por ende, es que para efectos del presente juicio de amparo únicamente cobran ese alcance. Máxime, que la parte quejosa al exponer los conceptos de violación en su escrito inicial de demanda que dio origen al diverso juicio 1068/2022-III y su acumulado, tramitado en este juzgado federal (el cual se tiene como hecho notorio en el presente asunto), realizó extensas manifestaciones respecto a ese tópico y, por ende, serán analizadas al momento de dictar sentencia en el citado sumario, en su caso. Fijación de la litis Aclarado lo anterior, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio, son los siguientes: a) Determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que ordenó la restitución provisional del inmueble ubicado en ************, dictada en la carpeta judicial ********; así como, su ejecución. b) Oficio *********, diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Maestro Agustín Moreno Gaspar, Juez Sexagésimo Tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control. Improcedencia respecto del acto a) De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En ese sentido, para este juzgador resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto al acto precisado como a). En efecto, el citado precepto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. (.).". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se patentizan las siguientes hipótesis: Que haya identidad en la parte quejosa; Se señale como responsables a las mismas autoridades; Que se encuentre pendiente de resolución; y, Se combata el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, se advierte que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, por las siguientes consideraciones: a) Tanto el juicio en que se actúa (35/2023-III), como el diverso 1068/2022-III y su acumulado, de este juzgado, ********* tiene la calidad de quejosa. b) En ambos procedimientos se señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, Maestro Agustín Moreno Gaspar, a quién le es atribuible los mismos actos, relativos a la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que ordenó la restitución provisional del inmueble ubicado en **************, dictada en la carpeta judicial *******, así como los tendientes a su ejecución. c) El juicio biinstancial 1068/2022-III y su acumulado, fue admitido a trámite el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el que se encuentran señaladas las diez horas con cuatro minutos del día de la fecha, para que tenga su verificativo la audiencia constitucional. De manera que, si el acto reclamado en este juicio precisado como a), es impugnado en otro, es inviable tramitar uno diverso contra el mismo acto, ya que, como se dijo, la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se ordenó la restitución provisional del inmueble ubicado en ************, dictada en la carpeta judicial *********, así como los tendientes a su ejecución, son los que conforman la materia en el procedimiento de amparo 1068/2022-III y su acumulado; y, por ende, se actualiza la hipótesis en comento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto al acto precisado en el presente apartado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Improcedencia respecto del diverso acto señalado como b)En otro aspecto, en cuanto al acto b), consistente en el oficio *******, diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Maestro Agustín Moreno Gaspar, Juez Sexagésimo Tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control; se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII (contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso), en relación con el diverso 5o., fracción I; y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, es importante precisar que de una interpretación sistemática de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual modo, cabe destacar que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado por la quejosa no le cause un perjuicio a su esfera de derechos fundamentales; es decir, cuando la realización de aquél no impida que ejerza los derechos que la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y las leyes secundarias consagradas en su favor. Bajo ese contexto, el interés jurídico a que alude el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar vía amparo algún acto violatorio de sus derechos humanos, es decir, alude a un derecho subjetivo protegido por alguna norma que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así es que, conforme con el contenido de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal; así como de los diversos 5°., fracción I, 6º. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamada, entendiéndose como "perjuicio" la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional para que ese derecho protegido por la ley sea reconocido o que no sea violado, ello es lo que configura el interés jurídico que se toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real a la parte quejosa, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estima violatorio de sus derechos, y lo impugna a través de dicho medio de defensa, el cual se instituyó para atacar tales violaciones, por lo que, se deberán observar las reglas que para su procedencia establece la Ley de Amparo. Bajo esa línea argumentativa es dable establecer que, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que el justiciable acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y que el mismo se vea afectado con la existencia del acto reclamado, en el entendido que respecto al interés jurídico la agravia debe ser personal y directo, mientras que para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Esto último, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que la parte quejosa acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Apoya lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.". Asimismo, cabe destacar que el interés jurídico que asiste a la parte quejosa en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a este; así, no se tendrá por actualizado el interés jurídico si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si, de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; de ahí que, es indispensable que dicho interés se pruebe plenamente y no se infiera con base en presunciones. De tal manera que, quien acude al amparo, bajo el argumento que existe una afectación a un derecho sustantivo debe acreditar en principio su titularidad; verbigracia, el reclamo de una afectación al patrimonio, pues debe acreditarse la identidad de los bienes afectados por el acto de autoridad y aquel cuya propiedad o posesión aduce, y en su caso el origen del derecho a su favor el cual deberá ser anterior a la emisión del acto que reclama. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente tesis, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". En términos de lo razonado, se puede concluir que, para que la acción constitucional proceda no basta la existencia del acto reclamado, pues aunque no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si la quejosa no acredita en forma plena que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, la acción se tornará improcedente. Argumento que además se apoya con el criterio sustentado, que se comparte en la tesis jurisprudencial de encabezado y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso.". De lo anterior se pone de manifiesto que, cuando un gobernado acuda a demandar vía amparo alguna transgresión a sus derechos fundamentales, es preciso que demuestre la titularidad de los derechos sustantivos que le asiste y que estima violados. En tales circunstancias, el oficio girado por la autoridad judicial responsable a efecto de dar cumplimiento a la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que ordenó la restitución provisional del inmueble ubicado en **********, dictada en la carpeta judicial ******, no patentiza una afectación material y directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues no contiene pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto, esto es, no afectan materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudiera ser el de la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental; ello, pues únicamente hizo de conocimiento a diversa autoridad la citada determinación judicial y, por ende, solo nos encontramos ante una comunicación entre dos autoridades. En consecuencia, al carecer la parte quejosa de interés jurídico y legítimo para reclamar vía amparo indirecto el acto reclamado b), con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal de improcedencia. Cabe agregar, como razones jurídicas a las dos causales de improcedencia actualizadas previamente, el hecho que en expediente relacionado promovido por la propia quejosa, se intentó ampliar la demanda sin éxito alguno, ya que por proveído de cuatro de enero último, se le dijo expresamente que no era procedente su ampliación. Proveído en contra del cual interpuso ya el recurso de queja correspondiente, pendiente de resolución. En esa tesitura, lo que pretende a través de este nuevo juicio de amparo, es perfeccionar la demanda que dio origen al juicio relacionado en comento, la que, como ya quedó demostrado, aún está subjúdice en virtud del recurso de queja de que se trata. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; no así el correo electrónico que se proporciona, al no estar contemplado para tales efectos por la Ley de Amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el numeral 24, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto a la quejosa Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la quejosa, instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto de dicha parte. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y personalmente a la Oficial judicial "A".

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