Lorena Haro Haro
Expediente 831/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Lorena Haro Haro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Torreón, Coahuila, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Escrito. Se ordena agregar a sus antecedentes para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la totalidad de las documentales anexadas al escrito de demanda. Devolución de documento original. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, como lo solicita el promovente, hágasele la devolución de dichos documentos, previa copia certificada se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, autorizando para que en su nombre y representación las reciban a las personas que indica. En el entendido que las copias que deberá dejar en autos correrán a costa de la parte quejosa que solicita su devolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Escrito. Se ordena agregar a sus antecedentes para que obre como legalmente corresponda el escrito de Gerardo Covarrubias Huizar, en su carácter de apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales anexadas al escrito de demanda. Devolución de documento original. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, como lo solicita el promovente, hágasele la devolución de dichos documentos, previa copia certificada se deje en su lugar y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, autorizando para que en su nombre y representación las reciban a las peraonas que indica. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de seis de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Finalmente, en atención que es del conocimiento oficial que la autoridad responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo hágasele la notificación del presente auto. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a seis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, reclama de las autoridades que señaló como responsables Junta Especial Numero 42, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y Actuarios de su adscripción, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación dentro del juicio laboral 1369/2017. En relación a lo anterior, en auto de treinta de junio del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo"; Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si la finalidad del juicio de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos por la autoridad responsable, de ahí que en todo momento se hace énfasis en el principio de procedencia consistente en que el fallo protector llegare a emitirse por el juzgador de amparo, pueda concretarse y transcender a la esfera jurídica del gobernado que solicitó la protección constitucional y, a contrario sensu, cuando por alguna circunstancia no pueda cumplirse con dicha finalidad, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Entre las causales de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista por el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno en el cual éste se emitió, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen transgredidos. O bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque las prerrogativas que se vieron afectadas por el acto de autoridad se encontraban incorporadas temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emanaban las referidas prerrogativas se hubieren modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998 página 241, registro digital 196442, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En este orden de ideas, la parte quejosa reclamó en el juicio de amparo la omisión de señalar fecha de audiencia para resolver el incidente de liquidación de laudo y de notificarla, en el juicio laboral 1369/2017 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión acudiendo a esta instancia constitucional; sin embargo, del informe con justificación y de las documentales exhibidas en apoyo a éste, se desprende que los integrantes de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, emitieron acuerdo el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el que determinaron que una vez que se tenga certeza jurídica de las investigaciones que practicará la Fiscalía General de la República en diversas carpetas de investigación, dicho Tribunal laboral acordará lo procedente sobre la petición de señalar audiencia y dictar resolución al incidente de liquidación de laudo; por lo que, negó acordar favorable la solicitud de la parte aquí quejosa. En consecuencia, es evidente que aun cuando la autoridad responsable no emitió acuerdo favorable a la pretensión de la parte aquí quejosa, es, decir, aun cuando subsiste la omisión reclamada, ya fue modificado el entorno dentro del cual se suscitó porque la autoridad laboral dictó acuerdo en el que determinó no resolver lo relativo al incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen, hasta en tanto tenga noticia de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la Republica sobre posible desvió de recursos oficiales del Instituto demandado aquí tercero interesado, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional -la omisión de resolver el incidente de liquidación y su notificación-, no sería posible resolver sobre esto, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la suspensión del procedimiento de ejecución en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional esto es las doce horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese personalmente.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Loreley Rosalía Ceballos Perezvertti1520/2022
- Loreley Rosalía Ceballos Perezvertti1924/2022
- Loren Santos Rizado947/2019
- Lorena Araceli Segura Bravo1267/2019
- Lorena del Carmen Gonzalez Rubio811/2017
- Lorena Geraldine Herrera Valenzuela892/2019
- Lorena Haro Haro1336/2022
- Lorena Hernández de la Vega572/2021
- Lorena Iñiguez Carretero1570/2021
- Lorena Lizeth Pérez Domínguez1873/2023
- Lorena Lopez Ramirez352/2023
- Lorena Pérez Díaz59/2022