Lorena Guadalupe Villafuerte Díaz y Otros.

Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1069/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Lorena Guadalupe Villafuerte Díaz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se observa que en proveído de seis de septiembre actual, causó estado el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la presente demanda, asimismo, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido, sin que a la presente fecha se haya realizado su remisión al archivo físico de este Juzgado, para su debido resguardo. Atento a lo anterior, se instruye a la Secretaria de Acuerdos encargada del trámite del expediente en que se actúa, para que previa verificación de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso coinciden en su totalidad, en términos del penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, realice la remisión correspondiente. Finalmente, se conmina al Oficial Judicial "C" encargado del expediente para que en lo subsecuente de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de las Condiciones Generales del Trabajo de los Servidores Públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, realice las funciones que tiene encomendadas con la más alta calidad y eficiencia, atendiendo además a los principios que fija la carrera judicial, consistentes en independencia, imparcialidad objetividad, profesionalismo y excelencia, apercibida de que en caso de no hacerlo así, podrá ser acreedora a la imposición de alguna sanción administrativa. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía correo electrónico institucional por la autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas y anexo, por el cual aduce remitir copia certificada de la resolución de nueve de agosto del presente año, dictada en el toca civil *** de su índice; sin embargo la constancia que remite carece de la certificación correspondiente. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, en términos de lo que establece el segundo párrafo, del precepto 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada de la resolución de nueve de agosto del presente año, dictada en cumplimiento a la sentencia constitucional, dentro del toca civil ***, de su índice. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno de sus integrantes multa por el equivalente a la suma de Cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Presidente Municipal Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 4. Director del Departamento Limpia Municipal de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1069/2022-4-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se dedu|ce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos impugnados por la parte quejosa, consistentes en: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1. Se reclama la violación a derechos humanos como la no discriminación, la dignidad humana, violencia en razón de género plasmados en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Se reclama la violación a un trabajo digno y libre de violencia en los términos del artículo 5° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el despido injustificado que la autoridad responsable realiza en razones de prohibición de asociación y libre sindicación. 3. Se reclama la violación a derechos humanos como la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación como lo plasma el Convenio 087 de la Organización Internacional del Trabajo. 4. Se reclama la violación al acceso de tener un seguro social como lo determina el artículo 4° párrafo IV Constitucional: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud y al MINIMO VITAL. 5. Se reclama a la violencia económica y patrimonial que genera los actos desleales, ilegales y arbitrarios por parte de las autoridades municipales como el *** del Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; teniendo en cuenta que el único trabajo con el que contábamos siendo trabajadoras para el municipio como trabajadoras del Departamento de Limpia Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aunado no tenemos ninguna otra fuente de ingresos económicos teniendo a nuestro cargo una familia, por lo que nuestro estado de mínimo vital se encuentra vulnerable por los actos y omisiones de las autoridades responsables. 6. Se reclama actos de omisión de autoridades municipales al no expedir nombramiento como trabajadoras de base, inherente a este acto y en consecuencia, la seguridad social y la estabilidad laboral De acuerdo al principio de exhaustividad de las sentencias en virtud del cual este Juzgador debe pronunciarse respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos sin omitir ninguno de ellos, se solicita a este H. Juzgado se pronuncie respecto a todos y cada uno de los conceptos de violación desarrollados en la presente demanda de amparo, así como todos aquellos que identifique en ejercicio de sus atribuciones relativas a la suplencia de la queja así como su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, según el artículo primero constitucional y el control difuso ex oficio." Lo anterior, pues a juicio de quien aquí resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII, del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal, que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que lleva por título "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo que se sigue, que en relación a los actos combatidos en esta vía constitucional, se colige que las autoridades responsables tienen el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la entidad con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que la parte quejosa, en los actos que reclama, los hace derivar del despido de la fuente de trabajo, así como las condiciones en que las quejosas lo prestaban. No obstante lo anterior, en contra de los citados actos no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, aquellas tienen su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado -trátese de cualquier dependencia- investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado -Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas- deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. En efecto, si de las autoridades que señala como responsables en esencia reclama el despido de la fuente de trabajo, así como las condiciones en que éste se prestaba, ello implica que el actuar impugnado no sea equiparable a un acto de autoridad debido a que aquella tiene su origen en una relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Ello es así, pues de los antecedentes que constituyen los actos reclamados narrados bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que anexaron a su escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa tenía una relación laboral con el Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por tanto, la posición de la parte quejosa frente a las autoridades, no es la de gobernados, sino la de trabajadores derivados del vínculo laboral que los unió. Es así que las autoridades que señala como responsables, en su carácter de patrón, no realizan actos equivalentes a los de autoridad. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Asimismo, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que a la letra señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.." También sirve de sustento, por las razones expuestas, la jurisprudencia 1053, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL CESE DE LOS." De igual forma abona a lo anterior, la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe a la letra se transcribe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL." En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; de modo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por propio derecho, por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ***, sin perjuicio de que durante el trámite del presente juicio, designen a una de entre ellos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, en cumplimiento con en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos restringidos a ***, ya que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente, y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, se tienen por autorizados en términos restringidos a los profesionistas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en el correo electrónico que proporciona, ya que dicho medios de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocidos en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberán sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del mismo, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx, o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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