Lorena Guadalupe Linares Herrera
Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Lorena Guadalupe Linares Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído, el cual carece de relevancia documental, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 3. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Protección de datos. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído, el cual carece de relevancia documental, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 3. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Protección de datos. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.
- Principal
En tales circunstancias, resulta evidente que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus garantías por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a/J.63/2015 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital 2010089, publicada el dos de octubre de dos mil quince, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones en el libro respectivo y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.1.1., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.6, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 3. En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c), del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 3, y Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la suspensión provisional fue negada y la suspensión definitiva concedida, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 4. El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, yuna vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese personalmente.
- Incidental
En ocurso recibido ante este órgano de control el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el directo agraviado ------, presentó desistimiento de la demanda de amparo, promovida a su favor, por su progenitora -------; por lo anterior en auto de siete de octubre de la anualidad pasada, se previno al ocursante para que en el acto de la notificación personal que practicara el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, o bien, dentro del término de tres días, proporcionara como herramienta tecnológica, un número telefónico con soporte técnico necesario para realizar una video conferencia, la cual debería ser certificada por el Secretario judicial adscrito a este juzgado, junto con la identificación que al efecto exhibiera en tal actuación, a fin de estar en aptitud de ratificar dicho desistimiento y dar por concluido el asunto. Esa determinación se hizo del conocimiento del antes citado, en diligencias de ocho y catorce del mes y año en cita. Ante la falta de desahogo del señalado requerimiento, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, bajo la consideración de que -------, ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche; se libró despacho al Juez local en esa localidad, a efecto de que el agraviado en el plazo de tres días -siguientes a la correspondiente notificación- manifestara si ratificaba o no el escrito de desistimiento de demanda formulado a su favor; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, ante su manifiesto desinterés, se tendría por no presentada la demanda presentada por su madre--------, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Finalmente, en auto de diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por recibida la comunicación oficial librada, de la cual apareció que en diligencia de diecisiete de diciembre del año pasado, se verificó la notificación respectiva, sin que se lograra manifestación del directo agraviado. En tal virtud, toda vez que ha fenecido el término otorgado a la parte quejosa a fin de que desahogara la prevención contenida en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, sin que lo hiciera; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo1 , se tiene por no presentada la demanda de 1 "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se amparo promovida por ------, a favor de ------------------, y quedan sin efecto legal alguno las providencias decretadas en este asunto. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente de amparo, en su ocurso inicial reclamara la posible desaparición forzada de su hijo; dado que, esa figura conforme a los lineamientos derivados de la sentencia derivada de Caso Radilla Pacheco vs. México, así como la definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas2 y las contenidas en diferentes instrumentos internacionales, presenta como elementos concurrentes y constitutivos de ésta: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos; y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Precisamente, a raíz de dicha sentencia se decidió potenciar el juicio de amparo a efecto de que éste pudiera versar sobre desaparición de personas, es así que, a las obligaciones del juzgador de amparo se sumó la de emprender una búsqueda del desaparecido haciendo uso de sus facultades judiciales. Sin embargo, no debe soslayarse que la autoridad judicial tiene la capacidad de actuar frente a una denuncia de desaparición forzada sometida vía amparo ante su potestad, cuándo estuvieren involucrados agentes estatales o al tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas." 2 Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. 12/07/23 20:43:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.99.aa JULIA GUADALUPE CONCEPCIÓN ESTRELLA PÉREZ menos se presuma su participación, no así respecto de desapariciones ocasionadas por particulares o producto de ilícitos comunes; esto es, la autoridad de amparo no podrá investigar delitos del orden común como secuestros, homicidios, etcétera, pues dicha circunstancia escapa de su competencia constitucional. En el caso concreto, de los datos obtenidos por esta resolutora federal, no se desprende la participación de agentes estatales, ni se tuvo conocimiento de alguna detención o privación de libertad del desaparecido por parte de la policía o alguna otra autoridad, por lo que no se establece un nexo causal entre la ausencia temporal del directo quejoso, anunciada por Rosemarie Lazaruz Jaber y algún acto de autoridad. Lo que se corrobora con las diligencias de búsqueda realizadas por el fedatario de esta adscripción y el comisionado por el fuero local, en Ciudad del Carmen, Campeche, de las cuales aparece que el directo agraviado no fue localizado en los lugares habituales de detención en esta capital o en aquella municipalidad, tampoco se registró su ingresos a esos sitios, concatenado a los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades señaladas como responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, quienes negaron categóricamente los actos reclamados; sin que se haya ofrecido o allegado prueba o indicio alguno que permita si quiera presumir alguna detención u orden privativa girada o ejecutada en perjuicio del directo quejoso. Circunstancias a las que se suma, el hecho de que el ??????????????? directo agraviado, a la fecha ocupa el cargo de Presidente Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, siendo entonces conocido el paradero del directo quejoso, por lo que resulta innecesario atender al procedimiento contenido en los tres últimos párrafos del citado numeral 15 de la ley de la materia, para el supuesto de desaparición forzada. En ese orden de ideas, se mantiene vigente la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo, promovida a favor de ---.
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