Lorena González Navarrete

Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
103/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Lorena González Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por el cual desahoga la prevención que se le formuló en autos. En ese tenor, de una lectura íntegra al escrito que se atiende, se aprecia que los peticionarios de amparo señalan como acto reclamado: El acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el cual se les notificó el veinte siguiente y en donde se determinó emplazarlos al juicio 54/2017 del índice de la responsable; además requerirles la entrega inmediata de objetos de uso personal y de identificación de los menores Jesús y Marijose, ambos de apellido Trejo González; ordenando, igualmente, girar oficio a determinadas autoridades a fin de que, en caso de ser necesario, brindaran auxilio a las víctimas, pudiendo ingresar al domicilio donde se localizaran. DESECHAMIENTO En ese tenor, y de conformidad con la propia manifestación bajo protesta de decir verdad de los impetrantes de garantías, se advierte que se encuentran emplazados a juicio y por tanto tienen la oportunidad de defender sus derechos ante la autoridad responsable. Por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal de Improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se advierte que la parte quejosa se duele del auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, notificado el veinte siguiente, dictado en el expediente 54/2017 del índice de la responsable. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece, en lo conducente: ".Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. Irrenunciabilidad de los recursos Artículo 1.361.- Los recursos no son renunciables. CAPITULO II De la Revocación Resoluciones materia de revocación REFORMADO, G.G. 8 DE MAYO DE 2003) Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó.". Así, se advierte que la parte quejosa podía obtener la revocación del acto reclamado mediante el recurso de revocación estipulado en la fracción I del artículo 1360, relativo al 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. De ahí que, la parte quejosa está en aptitud de promover el recurso referido en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 54/2017 por la autoridad responsable, pues a la fecha ya se encuentran emplazados, por lo que, contrario a su afirmación de ser terceros extraños, se constituyen en parte procesal que puede, válidamente, defender sus intereses en el propio juicio que fueron llamados. Sin que se soslayen los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) del referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 168011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 698 del Tomo XXIX de enero de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 113, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata.

  3. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda con la que se da cuenta, regístrese bajo el número 103/2017-VI-A. PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, los cuales tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracciones, I y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Aclare el acto reclamado, toda vez que aduce no haber sido oído y vencido dentro del juicio 54/2017, sin embargo de los antecedentes refieren que fueron emplazados el veinte de enero del año en curso. Datos que son ambiguos e imprecisos, lo que impide a este juzgado fijar correctamente la litis del juicio que se intenta. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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