Lorena García Peña

Expediente 738/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
738/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Lorena García Peña
  • Magistrado de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administativa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho por el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que remitió al presente juicio, mismas que obran en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.marilyn 23484. SALA REGIONAL DEL PACIFICO CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 738/2018, QUE PROMUEVE LORENA GARCÍA PEÑA CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho por el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que remitió al presente juicio, mismas que obran en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO OSCAR HERNANDEZ GARCÍA. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO: 738/2018 QUEJOSO: LORENA GARCÍA PEÑA ACUERDO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 23484. SALA REGIONAL DEL PACIFICO CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 21811. SALA REGIONAL DEL PACIFICO CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase al Presidente de la Sala Regional del Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 21811, mediante el cual se le notificó el auto de treinta de octubre del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/4748/2018, quien actúa asistida del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA LORENA GARCIA PEÑA por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la ley de amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, de la demanda de amparo promovida por Lorena García Peña, contra actos de la Sala Regional del Pacifico Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La determinación de tres de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 668/2017-21-01-5-OT, en la que la sala responsable desechó por improcedente la queja interpuesta por la aquí quejosa, contra los acuerdos de diecinueve de febrero y cinco de junio del año en curso. Asimismo, en la página uno de su escrito de demanda la quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que la determinación reclamada no le fue notificada, pero que desde ese momento se daba por enterada de la misma. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, específicamente en la foja 313 del tomo de pruebas consistente en copia certificada del expediente 668/2017-21-01-5-OT, se advierte lo siguiente: Que a las ocho horas del seis de agosto de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la Sala Regional del Pacifico Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, hizo constar que en esa misma fecha se publicó en el boletín judicial la notificación correspondiente a la determinación de tres de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 668/2017-21-01-5-OT, en la que la sala responsable desechó por improcedente la queja interpuesta por la aquí quejosa, contra los acuerdos de diecinueve de febrero y cinco de junio del año en curso. Por tanto, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de garantías será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Atento lo anterior, de conformidad con el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en el caso será aplicado el plazo establecido en el artículo 17, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual, de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es preciso señalar que, tratándose de la determinación de tres de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 668/2017-21-01-5-OT, en la que la sala responsable desechó por improcedente la queja interpuesta por la aquí quejosa, contra los acuerdos de diecinueve de febrero y cinco de junio del año en curso, no actualiza ninguna de las excepciones mencionadas en el artículo 17, en especificó a las que se refiere la fracción IV, ya que esta fracción instituye que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros. Lo anterior, en virtud de que el auto reclamado fue emitido dentro de procedimiento de conformidad con el artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la ley de la materia Por tanto, se puede sostener que la determinación reclamada no actualiza la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que la demanda de amparo se pueda presentar en cualquier momento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley en la materia los plazos a que se refiere el numeral 17, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que los quejosos hayan tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado. En tal virtud, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa.". En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la determinación reclamada fue notificada a la parte quejosa el seis de agosto de dos mil dieciocho. Entonces, el término para promover la demanda de amparo empezó a correr el ocho de agosto de dos mil dieciocho y feneció el veintiocho siguiente, descontándose los sábados y domingos; sin embargo, del sello de recibido estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residente en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, la promoción de la demanda resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, con el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Además, aplicada en sentido contrario, apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), visible en la página 5 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la legislación en cita, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lorena Garcia Peña. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de las autoridades ejecutoras por los motivos expuestos anteriormente. Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas del quince de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano