Lorena Gamboa García
Expediente 538/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- Lorena Gamboa García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 148 a 150), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro e julio de la presente anualidad (foja 158) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 66), se determinó conceder a Lorena Gamboa García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida por la responsable y el órgano colegiado revisor desechó dicho recurso mediante proveído de treinta y uno de mayo del presente año; por tanto se requirió el cumplimiento del fallo protector mediante auto de once del mes pasado (fojas 137 a 138). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 148 a 150), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el diecinueve de junio del presente año hizo entrega del cheque 0001299 a la quejosa, valioso por $8,467.24 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos moneda nacional), lo que se corrobora con la firma de recibido por la quejosa (foja 149). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 y 11), y que se realizó la devolución mediante el título de crédito precisado en el párrafo anterior el diecinueve de junio de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de junio del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes diciembre de dos mil dieciocho entre el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108 y para el mes de mayo de dicho año fue de 103.233, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0012. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) y $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por los documentos inscritos, así como las cantidades no reclamadas por concepto cancelación de inscripción y el pago proporcional de los impuestos adicionales $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos moneda nacional) y $79.04 (setenta y nueve pesos con cuatro centavos moneda nacional), respectivamente, respecto de la cantidad de $9,258.03 (nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos con tres centavos moneda nacional) es el importe de $8,456.99 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0012), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $8,456.99 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,467.24 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $10.25 (diez pesos con veinticinco centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 148 a 150), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro e julio de la presente anualidad (foja 158) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 66), se determinó conceder a Lorena Gamboa García, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida por la responsable y el órgano colegiado revisor desechó dicho recurso mediante proveído de treinta y uno de mayo del presente año; por tanto se requirió el cumplimiento del fallo protector mediante auto de once del mes pasado (fojas 137 a 138). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de junio de dos mil diecinueve (fojas 148 a 150), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el diecinueve de junio del presente año hizo entrega del cheque 0001299 a la quejosa, valioso por $8,467.24 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos moneda nacional), lo que se corrobora con la firma de recibido por la quejosa (foja 149). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 10 y 11), y que se realizó la devolución mediante el título de crédito precisado en el párrafo anterior el diecinueve de junio de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de junio del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes diciembre de dos mil dieciocho entre el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108 y para el mes de mayo de dicho año fue de 103.233, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0012. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) y $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por los documentos inscritos, así como las cantidades no reclamadas por concepto cancelación de inscripción y el pago proporcional de los impuestos adicionales $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos moneda nacional) y $79.04 (setenta y nueve pesos con cuatro centavos moneda nacional), respectivamente, respecto de la cantidad de $9,258.03 (nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos con tres centavos moneda nacional) es el importe de $8,456.99 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0012), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $8,456.99 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,467.24 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $10.25 (diez pesos con veinticinco centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la delegada del ********************, mediante el cual informa que se dio total cumplimiento al fallo protector; sin embargo, únicamente agréguese para que obre como corresponda en virtud de que mediante proveído de cuatro de los cursantes se ordenó dar vista con las constancias que adjunta al quejoso, previo a calificar el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por León Felipe Salazar Benítez, en su carácter de delegado de las responsables relativas al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta y anexo, en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Sin que haya lugar a tener al promovente en cita como delegado de los Integrantes del Cabildo y Síndico Municipal aludidos, pues dichos entes no han comparecido a este juicio y por ende tampoco le han otorgado esa calidad.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Lorena Doz Murillo818/2019
- Lorena Doz Murillo825/2019
- Lorena Doz Murillo Lozano900/2018
- Lorena Doz Murillo Lozano575/2017
- Lorena Elizabeth Salas Quintero1275/2023
- Lorena Esquivel García847/2022
- Lorena Guadalupe Contreras Robles1861/2019
- Lorena Isabel García Cobian1242/2018
- Lorena Jazmín Macedo Aldrete2206/2018
- Lorena Jimena Cortez Muro766/2018
- Lorena Jimena Cortéz Muro612/2017
- Lorena Jimena Cortez Muro626/2019