Lorena Gabriela Trujillo Santos
Expediente 883/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Lorena Gabriela Trujillo Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de diecinueve de julio dos mil diecinueve...Por lo tanto, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o realizar la que es esperada legalmente, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de dictar el auto correspondiente al escrito presentado por la parte actora, dentro de los autos del expediente número ...., del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado, por el que manifiesta -esencialmente su oposición a la negativa de reinstalación de la quejosa por parte de la autoridad demandada, al considerar que se trata de una insumisión al arbitraje, que equivale a hacer nugatorio el derecho consagrado por el artículo 123, Apartado "B2, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 28 párrafo cuarto del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió para dar cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional de amparo en auto de cuatro de julio del año en curso (foja 21 y siguientes), se obtiene que en el expediente laboral 436/2014, el Tribunal Estatal de Arbitraje responsable, dictó el acuerdo correspondiente al escrito de oposición antes relacionado, presentado por la hoy quejosa el veintidós de marzo del año que corre, precisamente el nueve de julio del mismo año (foja 46); proveído el anterior que la autoridad responsable notificó legalmente y de manera personal a la accionante de amparo, el dieciocho siguiente (foja 49). Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, mediante la emisión del proveído que ya se ha verificado en los términos expuesto en párrafo precedente, lo que derivaría en lo innecesario de obligar a la autoridad a que obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el complemento del informe justificado de la responsable de cuenta, fue recibido el día anterior a la fecha de este proveído, sin que haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe y complementación las copias certificadas con las que se acredita fehacientemente que la omisión reclamada por el quejoso quedó sin efectos, al haberse dado respuesta a la solicitud por parte de la quejosa mediante al acuerdo correspondiente; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. Finalmente, tampoco se opone a esta determinación, el señalamiento del quejoso en la demanda, en el sentido de que interpone el juicio de amparo para que las subsecuentes actuaciones dentro del juicio de origen, se realicen respetando los términos establecidos por el estatuto jurídico aplicable; ello, dado que el acto reclamado se relaciona con la omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debe recaer a su escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, a lo que únicamente debe constreñirse la estimación sobre la existencia o inexistencia de lo reclamado. Apoya lo expuesto la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, nueve horas con quince minutos del veintitrés de julio de dos mil diecinueve.(III)
- Principal
Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario General del Tribunal de Arbitraje en el Estado, en suplencia del Presidente de dicho Tribunal, cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en proveído de cuatro de julio del presente año, y toda vez que es un complemento de su informe justificado, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y tómese en cuenta al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, de las documentales de cuenta se advierte que en el auto de nueve de julio del año en curso, se provee sobre la solicitud contenida en el escrito presentado por el quejoso ante el Tribunal responsable el veintidós de marzo anterior, cuya omisión constituye lo reclamado en este sumario; proveído el anterior que se ordena notificar de forma personal a la accionante de amparo. Sin embargo, toda vez que la mencionada autoridad responsable no acompañó la constancia de notificación mencionada, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél en que se le notifique el presente acuerdo, remita a este Juzgado lo siguiente: La constancia de la notificación personal practicada a la actora, del acuerdo dictado el nueve de julio del año en curso en el juicio laboral... Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. (III)
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