Lorena Elizarraraz Morales

Expediente 652/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
652/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Lorena Elizarraraz Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso d, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo; de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual en atención al proveído de cuatro de mayo de la presente anualidad, precisa el acto que reclama en esta vía constitucional. En consecuencia, se tiene por atendida en tiempo y forma la prevención de que fue objeto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, es pertinente destacar que el acto que reclama la parte quejosa se traduce en: La abstención u omisión genérica de la responsable de hacer cumplir en su totalidad el laudo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente ******************** de su índice. Tal precisión se realiza, en concordancia con el escrito de cuenta, así como de la demanda de amparo; por lo que, se arriba a que, se duele esencialmente de la omisión de ejecutar el laudo; ello, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar la quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo que se refuerza, con el propio escrito aclaratorio, en el que la parte quejosa expresa: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: El acto reclamado es la abstención u omisión genérica de la responsable de hacer cumplir en su totalidad el laudo de fecha 28 de agosto de 2018, en el expediente laboral ********************. Respecto a la solicitud presentada el 13 de junio de 2022, solicitando la ejecución del laudo, es con la finalidad de cubrir la hipótesis del artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Esto porque como está planteada la demanda, durante la tramitación del juicio no se lograría desvirtuar dicha causal de improcedencia, por lo que nada de lo que se arguya o pruebe, podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado, que sustancialmente se hace consistir en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo. Para explicar lo anterior, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, distinguió entre dos tipos de omisiones que se atribuyen a los tribunales laborales dentro del procedimiento de ejecución de un laudo, a saber: *Omisión genérica, entendida como aquella en la que la parte quejosa únicamente señala como acto reclamado que la junta no ha llevado a cabo los actos necesarios para la ejecución del laudo. *Omisión concreta, entendida como aquella en la que se señala como acto reclamado un acto omisivo específico que acontece dentro del procedimiento de ejecución. En cuanto al primer aspecto, el Máximo Tribunal del País sostuvo que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, tal circunstancia actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente improcedente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, ya que la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la responsable. Lo anterior se consideró así, al hacer una interpretación de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, en donde concluyó que si bien corresponde al Presidente de la Junta ejecutar el laudo, ello se puede dar de la manera siguiente: a) De oficio, en la que el mencionado funcionario dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo debe dictar las medidas que considere necesarias para su cumplimiento; y, b) Concluido ese plazo, el Presidente de la Junta despachará auto de ejecución, a petición de parte interesada. Por lo tanto, nuestro Alto Tribunal del País concluyó que lo anterior significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien, simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Asimismo, sustentó que si bien las personas son titulares del derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cierto era que una vez transcurrido el plazo legal a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, se requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución. Así es, sostuvo que se requiere la intervención directa de la parte vencedora en diversas actuaciones en la fase ejecutiva, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como se advierte de la transcripción de la mencionada ejecutoria, que en la parte conducente establece: "(.) De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta a la sazón responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. (.) En primer término encontramos que el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. (.) .si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba." Como conclusión de lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, sostuvo que en estos casos debe considerarse inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable porque el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debería entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. En consecuencia, conforme al criterio que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado analógicamente, si dentro de un juicio de amparo se reclama una omisión genérica del tribunal laboral, debe considerarse jurídicamente improcedente conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del segundo supuesto, es decir, cuando se reclama un acto u omisión en concreto, cabe destacar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostuvo que en estos casos sí procede el análisis del acto reclamado, por lo que en el momento oportuno el estudio de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debería constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa. Igualmente, se señaló que tal concesión no podría abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Es decir, en caso de que se reclame una omisión concreta, sí es posible su análisis en el juicio de amparo indirecto, pero limitándose al estudio del acto reclamado. Razonamientos que se contienen en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 4, página 2771, diciembre de dos mil once, Décima época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Énfasis añadido). Argumentos que resultan aplicables al caso en estudio, pues de conformidad con el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, es necesaria la intervención de la parte que obtuvo resolución favorable, en la prosecución del procedimiento de ejecución de laudo. En ese orden, en el caso que nos ocupa estamos en presencia del primer supuesto, ya que, como se indicó, la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable la abstención u omisión genérica de la responsable de hacer cumplir en su totalidad el laudo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente ******************** de su índice, que conforme a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, aplicada analógicamente debe considerarse jurídicamente improcedente al momento de la presentación de la demanda, pues su realización depende de la intervención de la parte actora para su prosecución, en razón de que no podría constreñirse al tribunal responsable, para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales la prosecución del juicio, ya que existen actos que depende completamente de la parte interesada. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2019185, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Así como la Jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro III, Diciembre de 2011, tomo 4, página 2771, con registro 2000011, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIII y 217, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *************************, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 652/2023-VII. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: ÚNICO. Precise el acto en concreto que pretende reclamar a la autoridad responsable. Lo anterior, ya que del líbelo que se atiende, en particular en el apartado de acto reclamado refiere: .la abstención por parte de la autoridad responsable, en la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral **************** (28 de agosto de2018). toda vez que el Presidente del Tribunal deberá dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. Asimismo, en su demanda alude a que se viola el artículo 17 constitucional, ya que no se está cumpliendo con el laudo. Mientras que en el apartado V relativo a los antecedentes, se vislumbra que en diversas fechas ha solicitado la ejecución del laudo, siendo estas el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dos de agosto de dos mil diecinueve, tres de septiembre de dos mil diecinueve, veinticinco de febrero de dos mil veinte, doce de noviembre de dos mil veinte, diez de agosto de dos mil veintiuno, dieciséis de febrero de dos mil veintidós y, trece de junio de la misma anualidad, sin que se haya emitido el acuerdo respectivo donde se ordene la ejecución del laudo. Así, deberá expresar con claridad si el acto que se pretende reclamar en la presente vía, se trata de la omisión genérica de la responsable de dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 462/2014, o bien, alguna específica, como lo sería la omisión de acordar lo conducente respecto de algún escrito en particular en el que solicitó la ejecución del laudo. Entonces, para el caso de que la parte promovente señale como acto reclamado la omisión de acordar un escrito, deberá indicar la fecha del líbelo que en particular o en concreto se pretende reclamar o bien, la fecha de presentación ante la autoridad responsable. Lo anterior, resulta necesario, para que este juzgador pueda entablar correctamente la Litis. Resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, de ser posible, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes del desahogo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que, de no cumplir con lo requerido en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene por autorizados a los profesionistas que señala la quejosa en los términos que refiere, dada la naturaleza del presente asunto. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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