LORENA DEL ROCIO AGUILAR TZUC y Otros.
Expediente 17/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/10/2018
Partes del expediente
- LORENA DEL ROCIO AGUILAR TZUC y Otros.
- Lorena del Rocio Aguilar Tzuc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, en la cual se determinó sobreseer el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente dos punto cero (SISE 2.0) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como concluido. Toda vez que el presente juicio se encuentra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, referente al capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena que una vez que transcurran cinco años a la fecha en que se archive este expediente, se proceda a su destrucción; asimismo, se estima que el presente asunto no tiene relevancia documental, en términos del punto Décimo Sexto del Acuerdo General en cita. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo primero, del propio punto invocado, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE; Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN ATENCIÓN A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio respecto de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el considerando segundo. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del trece de agosto de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Ileana Moreno Ramírez, Jueza Primera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistida de Carmen Rodríguez Chazaro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo de nuestro índice. APERTURA DE LA AUDIENCIA. La jueza declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes y, hecho lo anterior, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: 1. Copia del escrito de demanda. 2. Copia autorizada del proveído dictado en el cuaderno principal por el que se radicó el presente asunto en este Juzgado. 3. Proveído en el cual se determinó respecto de la suspensión provisional y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. 4. Certificaciones: a) descarga de la dirección http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, relativa al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 (SISE 2.0) y, b) la que precede. La jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. PERIODO PROBATORIO. Abierta la etapa, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas en este incidente por la parte quejosa; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. La jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas en las modalidades precisadas por la quejosa. Asimismo, se tiene por precluído el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas, con lo que se da por concluida esta fase. PERIODO DE ALEGATOS. Abierta la etapa, la secretaria certifica que las partes no hicieron uso de este derecho. La jueza acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Visto para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto en que se actúa; y, RESULTANDO: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se mencionan en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Tramitación de la incidencia. Este juzgado tramitó por duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables su informe previo y fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. En observancia al Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el conocimiento de la demanda constitucional correspondió a este juzgado de distrito auxiliar y, en consecuencia, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de donde emana esta incidencia. Finalmente, tras agotarse la prosecución legal de este cuaderno, la audiencia incidental tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, así como con fundamento en el conocimiento cualitativo comunicado en el citado Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones legislativas o reglamentarias. Con independencia de las omisiones, negativas o manifestaciones de las diversas autoridades responsables, tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esta determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191,452, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." TERCERO. Requisitos para el otorgamiento de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado. En principio, éstos consisten en que: a) que la solicite el quejoso y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo, para conceder la medida cautelar debe existir peligro inminente de que se ejecuten los actos con perjuicio de difícil reparación para el quejoso y, en términos del artículo 138, primer párrafo del mismo ordenamiento, debe realizarse un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Por tanto, esta juzgadora se limitará a analizar estas cuestiones para determinar si procede o no conceder la medida cautelar solicitada. De esta manera, no se estima necesario valorar si la quejosa exhibe o no pruebas para acreditar su interés suspensional. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver, entre otros, los incidentes en revisión 830/2016, 884/2016 y 886/2016. En estos precedentes, el órgano colegiado resolvió que, tratándose de amparo contra normas generales, sólo es necesario que se actualicen las condiciones del artículo 128 de la Ley de Amparo, sin que exija a la parte quejosa que acredite en el incidente algún interés, ni siquiera de manera indiciaria. CUARTO. Determinaciones suspensionales definitivas. Los quejosos precisan en sus escritos iniciales de demanda como actos reclamados, esencialmente la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, esto es, la omisión de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, particularmente, de no fijar los precios del combustible denominado gasolinas; por otra parte, se combaten la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la Ley de Hidrocarburos, el Acuerdo que establece el precio máximo de las gasolinas y el Acuerdo que establece el cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel, entre otros. Conforme al capítulo de suspensión correspondiente, los quejosos solicitaron la medida cautelar en cuanto al acto omisivo y respecto de los efectos y consecuencias de las normas generales combatidas, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la emisión de dichos actos, esto es, que se le apliquen los precios de las gasolinas y el diésel bajo los términos y condiciones que tenían al mes de diciembre de 2016 y que no se vea afectada con los incrementos a ese precio, previstos en las normas combatidas, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo. En relación con los requisitos precisados, esta juzgadora advierte que se colma el primer requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar. Actos omisivos. En cuanto al acto consistente en la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional (esto es, formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, particularmente, de no fijar los precios de los combustibles fósiles denominados gasolinas y diésel), al implicar una abstención o no actuar de la autoridad, no existe materia para conceder la suspensión. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis aislada I.6o.T.3 K (10a.), con número de registro 2,004,810, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la Décima Época, de título: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS". Además, de considerar procedente la suspensión, se daría a la medida cautelar efectos restitutorios que no son propios de ella, sino de la sentencia ejecutoria que se pronuncie en el expediente principal. Por lo tanto, dada la naturaleza del acto reclamado, al ser una abstención de las autoridades y carecer de ejecución, se niega la suspensión solicitada. Normas relativas a la fijación de precios de gasolinas y diésel. En cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, se toma en cuenta el concepto de orden público tal como fue definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 177 de la Séptima Época, con número de registro 805,484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE". Conforme a este criterio, el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado, sino que se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición; y ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicar que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto, teniendo presente las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se prive "a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". También debe tomarse en consideración que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, pues no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, puesto que todas las leyes participan en mayor o menor medida de esas características. Así pues, resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Resulta aplicable, en lo que interesa, la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con registro número 247,380, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ÉSTE DE ORDEN PÚBLICO". Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional energética en materia de combustibles fósiles (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013), en la que se reformó, entre otros, el artículo 28, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), la cual tiene como objetivo principal crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo en el mercado de combustibles, su comercialización y lo que ésta conlleva, se estableció en el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2017, la liberalización de los precios al público de las gasolinas y diésel. Asimismo, se advierte que, entre otras cosas, se propuso la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel en todas las regiones del país a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, para empezar a revelar los costos reales de suministro, así como que se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. Lo anterior, con la finalidad de que se minimice el impacto de las modificaciones en el régimen aplicable a los precios de las gasolinas y diésel para expendio al público. De igual manera, se desprende que se emitió un acuerdo para dar a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, a efecto de establecer un catálogo de zonas geográficas en el país en las que la Comisión Reguladora de Energía, no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado, en las que se aplicará un tope máximo para el precio de los hidrocarburos, y la forma de cálculo de los costos de los combustibles. Del análisis anterior y además tomando en cuenta el proceso legislativo que dio lugar a la reforma combatida (que será materia de escrutinio al estudiarse los argumentos de fondo), la pretensión del legislador fue diseñar un sistema con tendencia a reflejar una política económica de libre competencia en la enajenación de los combustibles, que propicie la inversión en el sector energético y la posibilidad de que participen actores complementarios a Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la explotación eficiente de los recursos petrolíferos, generando mercados competitivos más eficientes de abasto de energía, con la finalidad de que México retome su papel de actor fundamental en la industria petrolera a nivel mundial. En ese contexto, el Estado pretende implementar un nuevo modelo de mercado de hidrocarburos que reconoce la participación de terceros en la cadena de valor en dicho sector, es decir, su participación en actos posteriores a la exploración, extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. Por ello, la normativa reclamada tiene como finalidad, precisamente, crear condiciones adecuadas para alcanzar mercados competitivos en los que empresas de distintas dimensiones y orígenes tienen la presión de encontrar las opciones de menor costo y mayor eficiencia para proveer de los bienes y servicios necesarios a sus clientes, por lo que dicha política de libre competencia implica el respeto estricto a las normas, estándares de seguridad e incluso protección ambiental, pues lo que se busca es generar crecimiento económico de forma responsable y sustentable. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. XLV/2017 (10a.), con registro número 2,013,964, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, Décima Época, de rubro: "INDUSTRIA PETROLERA. LA REFORMA CNSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013, ABRIO LA COMPETENCIA EN ESE SECTOR". Al respecto, es de especial relevancia la porción de la tesis donde se afirma que, con motivo de dicha reforma constitucional, "se está ante un nuevo modelo que reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, su participación en actos posteriores a la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, para lo cual se cuenta actualmente con la normativa que tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo en el mercado de combustibles, su comercialización y lo que ésta conlleva". En suma, a través de la legislación combatida se fija un mecanismo particular y de entrada en vigor gradual para efectos de la fijación de precios de los hidrocarburos. La operación de este mecanismo se vería entorpecido en caso de otorgarse la suspensión para los efectos planteados por la parte quejosa. Esto implica una disrupción al orden público y al interés social, porque podrían generarse distorsiones en los precios de los hidrocarburos que afectarían al público consumidor de manera generalizada. Aunado a ello, el interés social se afectaría en la medida en que, si se concediera la suspensión, esto supondría restringir la capacidad del Estado para promover un desarrollo eficiente en el área de hidrocarburos, desincentivando la libre competencia que precisamente persigue el marco normativo. De igual forma, se contravendrían disposiciones de orden público, particularmente aquéllas tendientes a liberalizar el mercado del precio de los hidrocarburos, reiterando que esto tendría como consecuencia una disrupción adicional en los mencionados precios. Por lo tanto, es evidente para esta juzgadora que la normatividad reclamada persigue una finalidad de orden público e interés social, pues su objeto es garantizar tanto la existencia eficiente del libre mercado (mediante la liberalización de los precios al público de los hidrocarburos), como la competencia económica eficiente que haga posible una adecuada protección a los consumidores, a través del cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de los titulares de permisos de distribución y expendio al público de hidrocarburos, que permita a la Comisión Reguladora de Energía, en coordinación con la Comisión Federal de Competencia Económica, el monitoreo, registro y verificación de la información del mercado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 46/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2,010,881, de rubro: "ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; de cuyo texto destaca la porción que dice: "este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional". Asimismo, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la Décima Época, número 2a./J. 78/2015 (10a.), con número de registro 2,010,017, de título: "INFORMACIÓN DE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO Y LAS REGLAS FISCALES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN ÉL", de cuyo texto destaca: "la obligación impuesta a los contribuyentes, consistente en enviar mensualmente su información contable sobre operaciones relevantes por la forma oficial que aprueben las autoridades hacendarias, es decir, a través de la forma oficial 76 en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien no constituye en sí mismo el ejercicio de las facultades de comprobación, trasciende al ejercicio de éstas, de manera que al permitir que los contribuyentes, aun de modo provisional, no presenten su información relevante mediante las formas establecidas para ello, obstaculizaría, retrasaría o dificultaría el ejercicio de la revisión correspondiente, la cual es necesaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales, que incumben al interés de la sociedad". Es igualmente relevante el criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 37/2004, con número de registro 181,645,emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, de título: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA INVESTIGAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO", de cuyo contenido se desprende la improcedencia de conceder la suspensión solicitada en contra de los requerimientos de información y documentación formulados por la Comisión Federal de Competencia, ya que "al ser su fin principal proteger el proceso de libre concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, mediante la prevención, sanción y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando al público consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas, los indicados requerimientos no son susceptibles de suspenderse, porque de lo contrario se permitiría a las quejosas dejar de proporcionar los informes y documentos requeridos, con lo cual se harían nugatorias las facultades relativas y se paralizaría el procedimiento de investigación respectivo". Por lo expuesto y fundado SE RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diez de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los informes justificados que se rinden por las autoridades responsables; dese vista a las partes con los mismos. Relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, ténganse como domicilios para oír y recibir notificaciones los que indican y con fundamento en el diverso numeral 9, párrafo primero, de la ley en cita, ténganse por acreditados como delegados a las personas que mencionan. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J.54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril del año dos mil, cuyo rubro refiere: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Consejero Adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio del cual hace del conocimiento a éste órgano jurisdiccional que la representación presidencial en el presente juicio de garantías se le otorgó a la Secretaría de Hacienda Crédito Público, toda vez que mediante proveído seis de agosto del año en curso, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
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