Lorena del Carmen Lara Ruiz
Expediente 1629/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lorena del Carmen Lara Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
VISTO el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo del que se desprende que por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró firme la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, se ordenó el archivo del mismo y se determinó que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito...archívese el incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa. En relación al original del incidente de suspensión, en cumplimiento al párrafo segundo de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, dado que en la especie se concedió la medida cautelar. En lo atinente al duplicado del incidente de suspensión, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, es susceptible de destrucción, en el plazo ahí establecido. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar...
- Principal
...se declara firme la sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, y una vez que obren glosadas las constancias de notificación a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido...
- Principal
SENTENCIA.- ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE.
- Incidental
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (Foja 22), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de la secretaria licenciada Ma. Elizabeth Sierra Castillo, con quien actúa, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de ninguna de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace relación de las constancias de autos y certifica: que obran los informes previos rendidos por el Juez Segundo Menor Mixto y Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. A continuación, se abre el período de pruebas, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: como no existen medios de convicción que deban relacionarse o desahogarse, se cierra dicho periodo. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon los de su intención. El Juez acuerda: como no se tienen alegatos que relacionar, se cierra esta fase. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. Vistos para dictar resolución los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1629/2018; y Resultando: ÚNICO. Lorena del Carmen Lara Ruíz, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Juez Segundo Menor Mixto del Primer Distrito Judicial en el Estado y Central de Actuarios Adscrita al Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien en esencia hizo consistir en el auto de tres de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 43/2018; y, Considerando: ÚNICO. El Juez Segundo Menor Mixto del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, acepta el acto que se les imputa. Por su parte, el Coordinador de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo niega el acto que se le atribuye; sin embargo al haber aceptado el Juez responsable el acto que se le atribuye, es indudable que ésta por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a dicho mandamiento, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto que se le imputa. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al fallar el amparo en revisión 88/89, cuya síntesis se publica en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-I, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al rubro dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO." Ahora, la parte quejosa, manifiesta que el acto reclamado consiste en el auto de tres de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 43/2018, mediante el cual se decretó la ejecución forzosa de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y se le requiere para que haga pago de lo reclamado, que en caso de no hacerlo se señalen y embarguen bienes suficientes para garantizar el pago de la suerte principal. Asimismo, refiere que tuvo conocimiento de la existencia del citado expediente el veintinueve de agosto del presente año, cuando le fue entregado por su señora madre, un citatorio para esperar a la Actuaria en su domicilio para la práctica de una diligencia de carácter judicial. Que a la hora que estaba señalada en dicho citatorio, se presentó la fedataria judicial entregándole una cedula de notificación, asimismo ingresó a su domicilio señalando diversos bienes de su propiedad, requiriéndola para que en el acto hiciera pago de la cantidad de $10,080.00 (diez mil ochenta pesos 00/100 m.n.), que al no contar con la citada cantidad, procedió al secuestro de bienes muebles, lo que dice son sus instrumentos de trabajo. Agrega, que todo ello sin haber sido emplazada a dicho expediente a fin de defender sus derechos en tiempo y forma, por lo que considera que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en la Carta magna. Al respecto, considerando que la medida cautelar cumple con los requisitos establecidos en el numeral 128 de la vigente Ley de Amparo, esto es, la solicita la parte quejosa y su concesión no causa perjuicio al interés social no se contravienen disposiciones de orden público, así como tomando en cuenta que la ejecución del acto reclamado tiene perjuicios de difícil reparación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 139, 147 y 150 del ordenamiento legal invocado, lo que conduce a CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, a la quejosa de referencia para el único efecto de que no que no se haga aplicación definitiva sobre bienes muebles propiedad de la quejosa embargados dentro del expediente 43/2018, hasta en tanto se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio principal del que deriva este incidente; en la inteligencia de que si ya se llevó a cabo, la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno, en virtud de que no puede darse efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio de 2008, visible en la página 1283, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. Cuando la protección constitucional se solicita por la persona que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser tercera extraña a juicio por equiparación, en razón de que en un procedimiento fue señalada como parte demandada, reclamando la sentencia definitiva y sus inminentes actos de ejecución, por no haber sido oída en el mencionado litigio por falta de emplazamiento legal, procede otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, dado que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, solamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, mas no cuando se está en la hipótesis antes referida, es decir, cuando se reclama la falta de emplazamiento del demandado y que se equipara a un tercero extraño al juicio natural, por lo que si en la controversia de origen existen actos positivos que deben suspenderse para evitar la realización de actos que tiendan a ejecutarla, es indudable que existe materia para conceder la medida cautelar de que se habla, respecto de todas las consecuencias que pudieran emanar de la sentencia definitiva dictada en dicho asunto". Por otra parte, cuando se promueve un amparo y se solicita la suspensión del acto reclamado y, con motivo de su otorgamiento se puede ocasionar daños y perjuicios a la parte tercera interesada, en virtud de que se les impide provisionalmente ejecutar el acto impugnado, que tiene a su favor; dicha medida debe condicionarse al otorgamiento de la garantía que le indemnice de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado, conforme a lo previsto por los artículo 132 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 132 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 42/2014, emitió la jurisprudencia número P./J. 71/2014 (10a.), de observancia obligatoria para este órgano que resuelve de acuerdo con lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, que enseguida se reproduce, en el que se precisan los parámetros a los que debe atender el juzgador para fijar los daños y perjuicios que pueda resentir el tercero interesado con motivo de la medida cautelar concedida, como es el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México tratándose de los daños y, a la Tasa de Equilibrio Interbancaria de Equilibrio por lo que hace a los perjuicios, cuando el acto reclamado se refiere a una condena estimable en dinero. "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en ]Abl lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." En atención a dichos lineamientos este tribunal, estima, que para garantizar los daños que se traducen en la pérdida del poder adquisitivo con relación a la suma líquida que resulta de la condena decretada a favor del tercero interesado, es decir, del dinero del cual no se dispuso, se toma en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica mensualmente el Diario Oficial de la Federación, y conforme al que debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo estimado en que se resolverá el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución incidental de gastos y costas, a la fecha en que se decrete la garantía, lo cual este órgano de control constitucional considera será de seis meses. Luego, con apoyo en el citado criterio jurisprudencial, se concluye que para la fijación de la garantía, requisito de efectividad de la suspensión otorgada en el juicio de amparo indirecto, debe tomarse la fecha de concesión de tal medida cautelar. Debe destacarse, que es pertinente atender al contenido de la página obtenida de internet, de acuerdo con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de dos mil trece, Tomo II, Décima Época, página 1373, que puntualiza: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.- Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". Por tanto, se toma en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor que para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, -por ser la última actualización-, se publicó en internet en la página del Banco de México, cuya dirección es www.banxico.org.mx o www.bancodemexico.gob.mx, y que es de 5.02% anual, el cual dividido entre doce meses que tiene el año, arroja como resultado 0.41%, mismo que multiplicado por seis, que es el tiempo posible que se calcula para la resolución del juicio de amparo, nos da un porcentaje de 2.46. Entonces, se tiene que para obtener el monto de los posibles daños que sufrirá la parte tercera interesada, se debe multiplicar dicho porcentaje por $10,080.00 (diez mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional) que es la cantidad que se le requirió a la aquí quejosa, de lo que se obtiene el importe de $247.96 (doscientos cuarenta y siete pesos 96/100 moneda nacional), esto por el concepto de daños que se ocasionarán al tercero interesado con motivo de la tramitación del presente asunto, y por el cual no podrá disponer del dinero que resultó de la condena decretada a su favor. Ahora, en relación a los perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado durante la vigencia de la suspensión, si se toma en cuenta que la condena asciende a la cantidad de $ 10,080.00 (diez mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), multiplicada por la tasa de interés interbancaria de equilibrio, publicada en internet en la página del Banco de México, cuya dirección es www.banxico.org.mx o www.bancodemexico.gob.mx, al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, -fecha del presente auto- que es de 8.11, arroja como resultado $817.48 (ochocientos diecisiete pesos 48/100 moneda nacional) anual, que dividida entre doce da la cantidad de $68.12 ( sesenta y ocho pesos 12/100 moneda nacional), la cual multiplicada por seis, considerando los lineamientos indicados por el Alto Tribunal del país para el cálculo del tiempo posible que dura el juicio constitucional y a la estadística que lleva en este circuito, misma que nos indica que los asuntos están siendo fallados en un promedio de seis meses, se obtiene la cantidad de $408.72 (cuatrocientos ocho pesos 72/100 moneda nacional), ello por concepto de perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado al privársele de la disposición del dinero correspondiente a la condena decretada en su favor, mientras se emita la resolución del juicio de amparo promovido por la parte quejosa. En esa tesitura, de las operaciones antes aludidas por concepto de daños $247.96 (doscientos cuarenta y siete pesos 96/100 moneda nacional), y perjuicios $408.72 (cuatrocientos ocho pesos 72/100 moneda nacional), resulta como caución total la cantidad de $656.70 (seiscientos cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional), la cual deberá ser otorgada la parte quejosa a fin de que surta efectos la suspensión concedida, tal y como el artículo 132, de la Ley de Amparo en vigor. En la inteligencia de que de optar la parte quejosa por póliza de fianza la compañía aseguradora deberá sujetarse a la jurisdicción de este tribunal y/o a los de la ciudad de México, Distrito Federal, a elección de este órgano jurisdiccional; o bien, si lo hace a través de un billete de depósito, se entenderá que faculta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a proporcionar información a la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y a esta última a solicitar y recibir información respecto de su expedición y pago para el control del mismo, cuando se constituya a disposición del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que dicho certificado de depósito deberá contener los datos relativos al nombre de la quejosa, número de expediente, cantidad que ampara y el efecto para el cual se exhibe, bajo el apercibimiento que de omitirse tales requisitos, se tendrá por no exhibido. Si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos. Finalmente, no se pierde de vista que la quejosa en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, manifieste que solicita tal medida, aun y cuando ya se llevó a cabo la ejecución del citado auto, tal y como lo expresa la jurisprudencia que invoca; al respecto dígasele que se está a los términos en que se decretó la suspensión definitiva del acto reclamado, a su favor. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a la quejosa Lorena del Carmen Lara Ruíz, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a las autoridades responsables citadas en el considerando único de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ma. Elizabeth Sierra Castillo, Secretaria del Juzgado que autoriza y DA FE.
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