Lorena Castañeda Nieto
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lorena Castañeda Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ la protección de la Justicia Federal solicitada por Lorena Castañeda Nieto; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de las constancias relativas a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 659/2020, que la autoridad responsable Jueza Quinta Menor en Materia Civil en esta ciudad, adjuntó a su informe, sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; así como concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo V-761/2022, promovido por LORENA CASTAÑEDA NIETO, por propio derecho, contra un acto de la Jueza Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a través de buzón judicial el doce de julio de dos mil veintidós y turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, LORENA CASTAÑEDA NIETO acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la Jueza Quinto Menor en materia Civil de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLES: Tiene tal carácter el JUZGADO QUINTO MENOR CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 659/2020, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL. ACTOS RECLAMADOS: Los constituyen la RESOLUCIÓN QUE DIRIMIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR LA SUSCRITA EN E SUBYACENTE, dentro del expediente ejecutivo mercantil número 659/2020, tramitado ante EL JUZGADO QUINTO MENOR CIVIL DE MORELIA; estimando que dichos actos omisivos vulneran la garantía de legalidad y transgreden mis derechos fundamentales." Ocurso en el que la parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. En auto de trece de julio de dos mil veintidós se ordenó el registro del cuaderno de amparo con el número consecutivo correspondiente y se previno a la parte promovente para que a manera de antecedentes, precisara la etapa procesal en la que se emitió el auto recurrido y del cual deriva el acto reclamado. TERCERO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa cumplimiento en sus términos con la prevención que le fue formulada; consecuentemente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, a quien se tuvo apersonándose dentro del juicio, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y competencia mixta; además, emerge de un juicio ejecutivo mercantil. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable consiste en: La resolución de siete de julio de dos mil veintidós, que recayó al recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintiuno de junio del año en cita, dentro del juicio ejecutivo mercantil 659/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la constancia que remitió como sustento de su informe, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 659/2020; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes. Previo al análisis de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen para una mejor comprensión del asunto; así, se tiene que: Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, Diego Merel Sánchez y Andy Cristopher López, en cuanto endosatarios en procuración de Hugo Saíd Morales Rodríguez, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a la aquí quejosa LORENA CASTAÑEDA NIETO, en cuanto deudora principal, el pago de la cantidad de $73,600.00 (setenta y tres mil seiscientos pesos) por concepto se suerte principal, más los intereses moratorios y ordinarios que se siguieran acumulando, así como el pago de gastos y costas generados con motivo del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Jueza Quinto Menor en Materia Civil, quien mediante proveído de siete de septiembre de dos mil nueve la admitió a trámite, ordenando su registro bajo el número de expediente 659/2020; proveído en el que se autorizó al actuario de aquella adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada para que llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Diligencia anterior que se verificó el veintiocho de octubre de dos mil veinte; en ella, el actor se reservó el derecho de señalar bienes para embargo. Seguido el juicio por sus trámites legales, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se dictó sentencia en los siguientes términos. ".TERCERO.- Se declara parcialmente procedente la referida acción, y por ello, se condena a Lorena Castañeda Nieto, a pagar a su contraparte, la cantidad de $73,600.00 setenta y tres mil seiscientos pesos moneda nacional, en concepto de suerte principal. CUARTO.- De igual manera, se condena a la demandada Lorena Castañeda Nieto, al pago de los intereses ordinarios y moratorios, en la forma y términos especificados en el cuerpo de la presente sentencia, los que se determinarán líquidamente en la fase de ejecución de sentencia acorde a lo previsto en el artículo 1330 del Código de Comercio. QUINTO.- Finalmente, no se hace especial condena al pago de gastos y costas de esta instancia. SEXTO.- En su momento, requiérase a la parte demandada del cumplimiento de la obligación materia de condena y no haciéndolo procédase al remate de los bienes que se lleguen a embargar para con su producto hacer efectiva la condena (.)" En auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, a solicitud de la parte actora, la juez responsable ordenó requerir a la demandada hoy quejosa, para que dentro del plazo de tres días, cumpliera voluntariamente con la sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a solicitud de la parte actora y en atención a que del contenido de la diligencia de requerimiento de pago de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se advertía que la demandada no contaba con bienes susceptibles de embargo, la jueza responsable autorizó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad y, previo cercioramiento de que efectivamente la demandada se encontrara laborando, la requiriera de las prestaciones a que resultó condenada a pagar. Además, para el supuesto de que no lo hiciere en el momento, embargara el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe, a fin de garantizar el pago de la suerte principal e intereses moratorios. En atención a lo anterior, el dos de febrero de dos mil veintidós, el actuario comisionado se constituyó en el domicilio laboral de la demandada, quien al momento de ser requerida del pago de las prestaciones reclamadas refirió no contar con numerario para efectuarlo, por lo que el aludido funcionario judicial declaró bien y formalmente embargado el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que ésta percibe. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, a solicitud del actor, la jueza responsable ordenó requerir al Jefe de Departamento Jurídico División Comercial Centro Occidente del Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que retuviera a la demandada aquí quejosa el treinta por ciento del excedente de su salario que percibe como empleada de esa institución; en el entendido de que la retención ordenada debía realizarse hasta que fuera cubierto el monto de lo condenado. Mediante oficio 461/2022 de ocho de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento al requerimiento anterior, la encargada del Departamento de Asuntos jurídicos CFE Suministrador de Servicios Básico en esta ciudad, informó a la jueza de origen que la demandada se encuentra adscrita a la empresa CFE DISTRIBUCIÓN, que se trata de una subsidiaria distinta, proporcionando el domicilio de ésta. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, a petición del actor accionante, se ordenó girar oficio a la empresa CFE DISTRIBUCIÓN, donde labora la demandada, para los efectos del embargo decretado. En contra de la anterior determinación, la hoy quejosa interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En diverso auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 715/2022, mediante el cual el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, informó que dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 757/2020, de su índice: Sí se embargó a la parte demandada Lorena Castañeda Nieto, el 30% treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo que percibe como empleada de la Comisión Federal de Electricidad. Se giró oficio a la Comisión Federal de Electricidad para que procediera a descontar únicamente la cantidad de $19,662.00, por concepto de intereses moratorios, a que resultó condenada a pagar en la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Se ordenó a dicha paraestatal informara los términos en los que realizaría dicho descuento. Se encontraba vigente dicho crédito; empero, la Comisión Federal de Electricidad había sido omisa en informar si procedió a realizar los descuentos correspondientes. Mediante resolución de siete de julio de dos mil veintidós, la jueza responsable declaró improcedente el recurso. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado y realizada una reseña de las principales constancias que integran el juicio de origen, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, a través del escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, el tercero interesado Hugo Said Morales Rodríguez, formuló alegatos de su intención, refiriendo que los agravios formulados por la quejosa eran inoperantes, ya que no debían analizarse puesto que aquella omitió impugnar el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que contiene las determinaciones que le irrogan perjuicio y contra del cual procedía el recurso de revocación. De las anteriores manifestaciones, se desprende que la pretensión del tercero interesado es poner de manifiesto que el acto reclamado en esta instancia constitucional deriva de uno previamente consentido, al no haber sido recurrido; lo que constituye una causa de improcedencia para el ejercicio de la acción constitucional, de obvia y objetiva constatación, específicamente la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. No obstante, lo anterior es infundado, pues uno de los requisitos para que se actualice dicha causa de improcedencia es que el acto reclamado en vía de amparo sea consecuencia directa y necesaria de otro previamente consentido, entendiéndose éste como aquel en contra del cual no se haya interpuesto algún medio de defensa. Lo que en la especie no acontece, pues si bien en el referido auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se ordenó requerir a la demandada del pago de lo condenado, apercibida que de no hacerlo se le embargaría el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe; lo cierto es que el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, materia del recurso de revocación, es la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De ahí que no es consecuencia directa y necesaria de aquél, pues se dictó con motivo de la diversa solicitud que el propio tercero interesado realizó mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintidós, a efecto de que se girara oficio a la empresa CFE DISTRIBUCIÓN, con la finalidad de que realizara los descuentos al salario de la quejosa con motivo del embargo de que se trata. Por tanto, se insiste, no se actualiza la causal de improcedencia alegada. Es aplicable en lo conducente el criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por tanto, al no advertir oficiosamente este juzgador algún motivo de inejercibilidad de la acción constitucional, se procederá al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa alega en esencia, que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio las garantías inmersas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por los motivos siguientes: El recurso de revocación fue interpuesto para poner de manifiesto lo excesivo del porcentaje de descuento a su salario decretado mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, ya que de acuerdo al oficio que suscribió el Juez Cuarto Menor de lo Civil de este Distrito Judicial, éste comunicó que con motivo de diverso juicio ejecutivo mercantil, ya se le estaba aplicando un descuento del treinta por ciento de su salario, para cubrir diversa condena. No obstante, la quejosa estima no se encontraba fuera del plazo ni precluyó su derecho por recurrir el embargo; lejos de observar lo anterior, la autoridad responsable se limitó a decir que sí había precluído su derecho para inconformarse con el porcentaje del embargo decretado sobre sobre su salario con motivo de lo condenado en el controvertido materia del presente juicio. Luego, al aplicarse un descuento del treinta por ciento a su salario con motivo del diverso juicio, la autoridad responsable en aras de salvaguardar sus derechos fundamentales, debió reducir al diez por ciento de su salario, el embargo decretado dentro del juicio de donde emana el acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior es infundado en una parte e inoperante en otra. Para demostrar tal aserto, se estima necesario recurrir al contenido de la resolución reclamada en esta instancia constitucional, de la cual se desprende que la jueza responsable determinó declarar "improcedente" el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, bajo los argumentos torales siguientes: No asiste la razón a la recurrente al indicar que el auto recurrido vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, al haber sido oída y vencida en juicio. El auto recurrido no afecta el patrimonio salarial de la recurrente, ya que en éste no se ordenó el embargo del algún porcentaje de su salario, sino que ello se hizo en proveído de fecha anterior, respecto del cual tuvo expedito su derecho de controvertirlo. Si bien existe el diverso juicio ejecutivo mercantil 757/2020, tramitado ante el Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, promovido por Hugo Saíd Morales Rodríguez en contra de aquí quejosa, en el que se determinó embargar el treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo que esta última percibe como empleada de la Comisión Federal de Electricidad; lo cierto es que aún no se había realizado descuento alguno, según lo informado por el titular del referido órgano jurisdiccional a través de su oficio 715/2002. Máxime que la demandada no demostró ni aportó al juicio prueba alguna tendente a a acreditar que se le estuvieran efectuando los descuentos con motivo de aquél juicio. El solo hecho de solicitar información respecto de diverso procedimiento mercantil seguido en contra de la hoy quejosa, no implica que la juzgadora esté obligada a modificar o revocar la determinación contenida en el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós. Si la intención de la demandada con motivo del recurso de revocación es excluir la posibilidad de que se le embargue el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe, cabe decir que tal momento procesal ya precluyó, pues la orden correspondiente al embargo de su salario se encuentra contenida en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Determinación anterior que se entiende fue consentida por la recurrente al no haberla combatido en tiempo y forma. Lo anterior pone de manifiesto que, contrario a lo alegado por la quejosa, la jueza responsable sí tomo en cuenta la información proporcionada por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el sentido de que con motivo de diverso juicio ejecutivo mercantil 757/2020 tramitado ante éste, determinó embargar el treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo que percibe como como empleada de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la jueza responsable consideró que tal información no la obligaba a modificar o revocar la determinación adoptada en el proveído recurrido de veintiuno de junio de dos mil veintidós; ello en virtud a que a través del oficio 715/2002, el diverso juzgador hizo del conocimiento que aún no se había realizado descuento alguno, aunado a que la demandada no demostró que se le estuvieran realizando los descuentos con motivo de aquél juicio. Lo anterior pone de manifiesto que no existe la omisión atribuida a la autoridad responsable y ello torna infundado el planteamiento expuesto en contrario. Por otro lado, si bien la jueza responsable en la resolución reclamada sostuvo que si la intención de la demandada era excluir la posibilidad de que se le embargara el treinta por ciento del excedente del salario, tal momento procesal había precluído, porque la orden de embargo se contenía en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós y, como éste no fue combatido, la determinación se entendía consentida. Lo cierto es que la parte quejosa no vierte razonamiento lógico jurídico alguno tendente a controvertir dicho argumento toral, en virtud de que se limita a sostener que al aplicarse un descuento del treinta por ciento a su salario con motivo de diverso juicio, la autoridad responsable, en aras de salvaguardar sus derechos, debió reducirlo al diez por ciento; Sin embargo, con ello tampoco pone de manifiesto lo desacertado de la consideración de la juez responsable en el sentido de que en autos no se encontraba demostrado tal descuento; de ahí lo inoperante en otra parte del único concepto de violación expuesto por la quejosa. Máxime que no procede suplir en su deficiencia los conceptos de violación, ya que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo para tal efecto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los argumentos en los que descansa el concepto de violación analizado, lo procedente es NEGAR a la quejosa LORENA CASTAÑEDA NIETO, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LORENA CASTAÑEDA NIETO, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo V-761/2022, promovido por LORENA CASTAÑEDA NIETO, por propio derecho, contra un acto de la Jueza Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LORENA CASTAÑEDA NIETO, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA HUGO SAID MORALES RODRIGUEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo V-761/2022, promovido por LORENA CASTAÑEDA NIETO, por propio derecho, contra un acto de la Jueza Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LORENA CASTAÑEDA NIETO, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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