Lorena Carolina Osorio Rubio

Expediente 589/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
589/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Lorena Carolina Osorio Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 6181/2019, de seis de mayo del año en curso, en el que se le devolvió la demanda de amparo promovida por +++, por no haberse aceptado la competencia, e informa que se avoca al conocimiento del asunto correspondiente. Al efecto, se acuerda. A).- Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta y téngasele acusando recibo de dicho oficio. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que no se aceptó la competencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto; el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remite el juicio de amparo 486/2019, de su índice, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer respecto de la demanda de amparo promovida por ++++, por su propio derecho. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 589/2019-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE COMPETENCIA Antes de proveer sobre la aceptación o no de la competencia planteada, se tiene que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo Familiar de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad. Encargado del Área de Paquetería del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que se reclama: La negativa de devolver el exhorto identificado con número de orden 224/2017, que le fue enviado para emplazar a Daniela Paola Osorio Herrera. En ese tenor, se advierte que la autoridad oficiante declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, en el que se fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del Juez que resida en la jurisdicción donde radica la autoridad a quien se le atribuye el acto reclamado. Por ello, de acuerdo a lo que se señala el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; el Primer Circuito, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. No obstante, este juzgador disiente de la anterior consideración, y estima carecer de competencia para conocer de la demanda de cuenta, por los motivos que a continuación se expresarán. En primer lugar, cabe señalar, que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, con el fin de facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma al precepto constitucional y a la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se prescindió de atender al lugar de emisión o dictado de la resolución, como un factor preponderante para fincar la competencia del órgano judicial de amparo y se optó por disponer que ésta se funde en el criterio de ejecución de los actos que se impugnen. Por su parte, de la porción normativa del diverso artículo 37, de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas específicas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: a) En principio, se establece que es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a esta prescripción legal, debe entenderse que es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador; b) En segundo lugar, se estatuye que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, es decir, aquel que previno en el conocimiento del juicio de amparo; y, c) Finalmente, se regula que cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior claramente se obtiene que la legislación de la materia o reglamentaria se sujeta a la norma fundamental cuando, por lo que se refiere a los actos reclamados que ameritan ejecución material, fija la competencia del juzgador de amparo tomando como referencia el o los lugares donde debieran o pudieran materializarse o haberse ejecutado. No obstante, también es manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar a la quejosa el acceso al servicio de administración de justicia por permitirle que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un lugar, opte por presentar la demanda ante cualquiera de los jueces de distrito que ejerzan jurisdicción sobre los mismos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia de garantías se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material. Resulta palpable entonces que las posibilidades de la quejosa para elegir al juzgador que conocerá de la demanda se ven limitadas cuando el acto reclamado conlleva ejecución material; y que, en caso contrario, es decir, cuando el acto reclamado no trae aparejada ejecución material, no habrá restricción territorial, por lo que el afectado podrá acudir ante cualquier resolutor de amparo sin importar el lugar donde resida; sin menoscabo, desde luego, del grado y la vía pertinentes. Así entonces, dada la naturaleza jurídica de los actos generados de molestia, que en la demanda de amparo de cuyo origen derivó el presente juicio de amparo, debe de catalogársele como de índole negativo, dada su connotación jurídica, pues tomando en consideración lo manifestado por la quejosa, éstos se hacen consistir en la actitud de la autoridad responsable, de la omisión en que ha incurrido en devolver un exhorto. Por consiguiente, tomando en cuenta esa situación, el acto que se erige como generador de molestia, carece de ejecución material ya que se trata de analizar el acto omisivo de no hacer de parte de la autoridad responsable, en esa medida, para determinar la competencia del órgano de amparo, debe aplicarse el contenido del tercer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, dado que, en ese caso, es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La anterior premisa se sostiene, con motivo de que la negativa de devolver el exhorto identificado con el número de orden 224/2017, constituye acto que no requiere de ejecución material ya que la omisión atribuida a la autoridad responsable, es meramente una abstención, pues no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para lograr dar cumplimiento a la resolución presidencial señalada y por ende la posesión a los quejosos de las tierras dotadas y los documentos que amparen ese derecho, por lo que solamente permanece ese estado negativo u omisivo. Por esa razón, debe entenderse que se traduce en que se trata de una omisión, al margen de que ese no hacer conlleve a que mientras las autoridades continúen con la abstención reclamada, la quejosa continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia, lo que es una cuestión que atañe a si la omisión reclamada encuentra justificación en el marco legal, constitucional y convencional, lo que no puede ser considerado como si se tratare de una ejecución material del acto en sí. Sostener una interpretación en sentido opuesto, inobjetablemente implicaría que todas aquellas omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención. Entonces, con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es la omisión, que implica, como ya se vio, en un no actuar de éstas y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. Es aplicable la diversa jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10a.), del Pleno del Decimoquinto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, que es del siguiente tenor: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. Bajo esa línea de estimación, este juzgador no acepta la competencia planteada, por lo que con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, devuélvase al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el juicio de amparo que nos ocupa, para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, solicítese atentamente al Juzgado de referencia, tenga a bien, en caso de no existir inconveniente alguno, comunicar respecto de la aceptación o no de la competencia y acusar el recibo de estilo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, únicamente a +++, por tener registrada su cédula en el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a los restantes en términos del referido numeral, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con dicho registro. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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