Lorena Arvizu Escamilla
Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Lorena Arvizu Escamilla
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis del inciso del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 14, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, procédase en términos del artículo 24 del acuerdo normativo.
- Principal
Del estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas, ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa como asunto concluido. En razón de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no fue exhibida garantía alguna; por tanto, encuadra en la hipótesis del inciso c), del artículo 21 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá procederse en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo, del citado numeral, y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, y deberá procederse en términos del penúltimo párrafo del citado numeral, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que mediante Acuerdo General 21/2020, reformado por el Acuerdo General 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se levantó la suspensión de plazos y términos legales con las limitantes impuestas en dichos acuerdos, con una vigencia del tres de agosto del dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020
- Principal
Por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable; en atención a su contenido, agréguese para los efectos legales correspondientes, en razón que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE ORDENA LO SIGUEINTE: Tampico, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. NOTIFICAR PERSONALMENTE Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se ordenó notificar personalmente a las partes los proveídos de cinco de agosto del año en curso, el cual dice: "Tampico, Tamaulipas, a cinco de agosto de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la tercero interesada de referencia, por el cual informa la imposibilidad de su perito Alan Mael Montemayor Arellano, para comparecer a este juzgado de Distrito a ratificar el contenido de su dictamen pericial en materia de topografía rendido en este asunto y, solicita se lleve a cabo el desahogo de dicha diligencia mediante videoconferencia. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la tercero interesada, en razón a que si bien el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prevé el desahogo de diligencias mediante la utilización de videoconferencias, también lo es que este juzgado de Distrito no cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo la diligencia que refiere; aunado a que su ratificación la pudiera realizar ante un Notario Público quien al estar investido de fe pública, los actos que ante él se realizan, tienen validez. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS Se hace del conocimiento a las partes que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se levantó la suspensión de plazos y términos legales con las limitantes impuestas en el mismo acuerdo, con una vigencia del tres de agosto al treinta y uno de octubre del dos mil veinte. Ahora, toda vez que si bien es cierto en términos del precitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe privilegiarse el sistema de videoconferencias para el desahogo de las audiencias, este juzgado de Distrito no cuenta con el equipo y personal capacitado necesario para llevar a cabo las mismas, por lo cual se seguirá celebrando el desahogo de audiencias por el sistema tradicional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General", ASI COMO TAMBIEN EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: "Tampico, Tamaulipas, diecisiete de agosto de dos mil veinte. Vistos; del estado de los autos se advierte que por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte se reservó proveer los escritos con folios 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, y 5830; en consecuencia, tráigase a la vista el expediente en que se actúa para acordar lo que en derecho corresponda. Ahora, respecto a los escritos con folios 5825 y 5826, el quejoso Juan Carlos Díaz Mayorga, en esencia, solicita la remoción del perito oficial Ezequiel Sánchez Urbina, para que en su lugar se nombre otro, que sí tenga capacidad para cumplir a cabalidad con imparcialidad, objetividad y profesionalismo el encargo fundamental de diestro para el desahogo de la prueba pericial topográfica ofertada por el impetrante. Asimismo, aduce que el perito oficial adolece de las características de imparcialidad y profesionalidad, por tanto, no debe fungir como tal en este juicio de amparo, sino recusarse o excusarse, y en su lugar, nombrar a otro. Por otra parte, aduce el quejoso, que el perito oficial no desahogó congruente, exhaustiva e imparcialmente su dictamen pericial en topografía, aunado a que en las respuestas a las preguntas 4, 6, 7, 8 y 9 del cuestionario, adujo que no correspondían a su especialidad; por lo que solicita se le remueva de su cargo. Al respecto, dígasele al quejoso que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón a que lo alegado se refiere a la impugnación del dictamen pericial oficial, que hasta este momento procesal no produce una afectación trascendental y grave en perjuicio del impetrante, en atención a que, no contiene decisión alguna que pueda ocasionar un daño irreparable al quejoso en el juicio de amparo, en virtud de que el único efecto que se produce es, que se tenga por desahogada la prueba pericial y que el dictamen que rindió el perito oficial se agregue al expediente; asimismo, origina, que en el momento procesal oportuno (sentencia) el juez de Distrito analice y valore dicho elemento de prueba. Por consiguiente, el valor probatorio que eventualmente, el juez de Distrito le otorgue a dicha probanza, será materia de la sentencia que en su momento se dicte, de manera que las partes tienen a salvo su capacidad de defensa en contra de esta última, de considerarla desfavorable a sus intereses. En consecuencia, el hecho de que para el quejoso el dictamen del perito oficial adolezca de las características de imparcialidad, profesionalidad, congruencia, exhaustividad e imparcialidad, es un aspecto de impugnación en cuanto a su valor probatorio, que no es de aquéllos que constituya una determinación trascendental y grave que, con su sola emisión, cause un daño o perjuicio, sino que, será hasta la sentencia correspondiente que cuando el juez expresará si procede otorgarle eficacia probatoria o no a dicho dictamen, incluso podrá desestimarlo, atento a las objeciones planteadas en su contra. Además, si se le otorgara eficacia demostrativa, el quejoso en el juicio podría impugnar esa determinación y, en su caso, reparar el agravio que con ello se causare a través del recurso de revisión, el cual procede contra la sentencia definitiva y todos los acuerdos emitidos dentro de la audiencia constitucional, o incluso, contra las violaciones al procedimiento en el juicio de amparo. Por otra parte, en relación a los escritos con registro 5827 y 5828, se tiene al quejoso, objetando los dictámenes periciales topográficos del perito oficial Ezequiel Sánchez Urbina y del perito de la tercero interesada de referencia, los cuales se tomarán en consideración al emitirse la sentencia correspondiente. Ahora bien, por consistir los dictámenes periciales medios de prueba, por estar relacionados con actuaciones judiciales, pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio juzgador deben observar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. Por tanto, al ejercer el juez de Distrito su arbitrio judicial en la valoración de los medios de prueba, el juzgador debe atender a la forma en que éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la reglamentación, formas y formalismos previstos en la ley. En lo que toca a los escritos con folios 5829 y 5830, el quejoso solicita, en esencia, que en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regularice el procedimiento a efecto de que quede insubsistente la inspección judicial de cuatro de marzo de dos mil veinte, por las inconsistencias que refiere y, en su lugar, se ordene de nueva cuenta su desahogo, a fin de que se practique, congruente y exhaustivamente conforme a los puntos señalados en la mencionada prueba. A este respecto, se estima que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por el quejoso, en razón a que la regularización del procedimiento a que alude el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo procede cuando se incurra en alguna omisión durante la sustanciación del enjuiciamiento, que sea de naturaleza grave y que afecte partes sustanciales del procedimiento respectivo. Esto significa, que esa figura procesal procede en el juicio de amparo sólo en el caso de actos negativos, es decir, únicamente cuando se trate de abstenciones, omisiones u otros de índole semejante, pero no cuando esté de por medio uno de carácter positivo, pues aun cuando sus efectos y consecuencias no resulten benéficos a una de las partes, esta circunstancia no desvirtúa su naturaleza positiva. En ese sentido, si lo que pretende el quejoso con la regularización del procedimiento, es dejar sin efecto el desahogo de la inspección judicial de cuatro de marzo de dos mil veinte, no es procedente a través de esa figura procesal, pues el acto de que se trata no es de carácter negativo (abstención u omisión), sino de carácter positivo, por lo que su inconformidad en el desahogo de la prueba, puede recurrirlo, previa valoración que se haga a través de los medios de impugnación que prevé la ley que la reglamenta. Por otra parte, respecto al escrito con folio 5824, en el cual el quejoso, interpone incidente de nulidad de actuaciones contra el desahogo de la inspección judicial de cuatro de marzo de dos mil veinte, ya que no fue desahogada congruente y exhaustivamente conforme a los lineamientos específicos en el ofrecimiento de tal prueba. En términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente de nulidad de actuaciones, en razón a que los argumentos en los que sustenta el incidente de que se trata, obedecen a la valoración que en su momento procesal se realizaría. Ahora, como medio de prueba la inspección judicial, por estar relacionada con actuaciones judiciales, pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio juzgador deben observar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. Por tanto, al ejercer el juez de Distrito su arbitrio judicial en la valoración de los medios de prueba, el juzgador debe atender a la forma en que éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la reglamentación, formas y formalismos previstos en la ley. Máxime, que hasta este momento procesal la prueba de inspección judicial, no produce una afectación trascendental y grave en perjuicio del impetrante, en atención a que, no contiene decisión alguna que pueda ocasionarle un daño irreparable, en virtud de que el único efecto que se produce es, que se tenga por desahogada dicha prueba; asimismo, origina, que en el momento procesal oportuno (sentencia) el juez de Distrito analice y valore dicho elemento de prueba. Es decir, el valor probatorio que eventualmente, el juez de Distrito le otorgue a dicha probanza, será materia de la sentencia que en su momento se dicte, de manera que las partes tienen a salvo su capacidad de defensa en contra de esta última, de considerarla desfavorable a sus intereses. Por tanto, el hecho de que el quejoso alegue que la inspección judicial contenga inconsistencias en su desahogo, esto constituye un aspecto de impugnación en cuanto a su valor probatorio, que no es de aquéllos que constituya una determinación trascendental y grave que, con su sola evacuación, cause un daño o perjuicio, sino que, será hasta la sentencia correspondiente que cuando el juez expresará si procede otorgarle eficacia probatoria o no a dicha inspección, incluso podrá desestimarla, atento a las objeciones planteadas en su contra. Aunado a que si se le otorgara eficacia demostrativa, el quejoso en el juicio podría impugnar ese desahogo y, en su caso, reparar el agravio que con ello se causare a través del recurso de revisión, el cual procede contra la sentencia definitiva y todos los acuerdos emitidos dentro de la audiencia constitucional, o incluso, contra las violaciones al procedimiento en el juicio de amparo. RATIFICACIÓN DE DICTAMEN Por otra parte, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al perito de la parte tercero interesada, compareciendo en forma personal ante este tribunal a ratificar en todas y cada una de sus partes el dictamen presentado ante este Juzgado el once de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pónganse a vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Carlos Díaz Mayorga, identificado con folio 6245, en el cual solicita se le tenga por perdido el derecho del perito de la empresa tercero interesada para ratificar su dictamen pericial, por no realizarlo en el plazo indicado. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón a que mediante escrito de veintinueve de julio de dos mil veinte, la tercero interesada compareció a informar que su perito no podía asistir a este juzgado de Distrito por padecer de covid-19, por lo que solicitaba su ratificación a través de videoconferencia, justificando tal extremo con la documental que adjuntó. Así también, mediante escrito de cuatro de agosto de dos mil veinte, la tercero interesada solicito de nueva cuenta que la ratificación del perito de su parte, fuera a través de videoconferencia, a lo que se le dijo que no, porque este juzgado de Distrito no contaba con el equipo para llevarla a cabo. Por lo que, mediante comparecencia a través del QR, el once de agosto de dos mil veinte ratificó su dictamen" FINALMENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE LO SIGUIENTE: Agréguense a los autos los escritos de cuenta signados por el quejoso; y en atención a su contenido, se provee: Se tiene a la parte quejosa INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las determinaciones que señala en cada uno de sus escritos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso que hace valer. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Asimismo, conforme con lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, con copia del escrito respectivo, notifíquese a las partes la interposición del recurso para que dentro del término de tres días, legalmente computado, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Transcurrido el plazo concedido, sin necesidad de previo acuerdo, envíese el escrito original del recurso, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja y demás constancias que en su caso señalen las partes, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Turno, para la calificación o en su caso, substanciación de dicho medio de impugnación. Por otra parte, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado dictó el proveído impugnado. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con motivo de la tramitación del medio de impugnación en cita, SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el presente asunto, hasta en tanto se resuelva el mismo, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo vigente; y se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional" Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, a fin de que proceda a llevar a cabo la notificación personal a las partes de los citados proveídos, en los términos indicados en los mismos.
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