LORENA ANGELICA GONZÁLEZ PÉREZ y Otros.

Expediente 1639/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1639/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • LORENA ANGELICA GONZÁLEZ PÉREZ y Otros.
  • Lorena Angelica González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la constancia de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, dentro del plazo que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no recurrió el acuerdo dictado por este juzgado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, por virtud de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, y toda vez que es a esta a quien pudiera causarle perjuicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. En ese sentido, se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, con base en los artículos 18, del Acuerdo antes citado, una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden del archivo, el Centro de Documentación y Análisis, procederá a la depuración de las constancias que integran el expediente principal, toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente juicio. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que las constancias que integran este expediente, no cumplen con los lineamientos para ser considerados de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la parte quejosa, a través del cual informa a este juzgado que sus menores hijos ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Cabe aclarar que el acto toral reclamado en la demanda de amparo es omitir en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV2, para la prevención contra COVID-19, a los menores de doce a dieciocho años de edad, esto es, omitir ordenar la aplicación de la vacuna BioNTech Pfizer con sus dos dosis a los menores de las edades antes precisadas, entre los que se encuentra los menores quejosos. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se establece que procede el sobreseimiento en el juicio cuando se advierta o sobrevenga una causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la propia ley; mientras que en la fracción XXI de este último, se prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que en el presente caso ha sobrevenido una causa de improcedencia que justifica el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, y que consiste en la omisión de vacunar a sus menores hijos. Como lo manifestó la propia quejosa, y como se desprende de las constancias de autos, se concluye que aquella omisión ha cesado, dado que a los menores quejosos ya les fueron aplicadas las dos dosis contra el virus denominado SARS-CoV2, tal como lo solicitó en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, la cesación de efectos, como causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter omisivo, consisten en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, resulta innecesario pronunciarse en el fondo del asunto, ya que la falta de resolución reclamada ha desaparecido. Lo anterior, pues al ya haber sido contemplado el menor quejoso en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV2, para la prevención contra COVID-19, tal como lo señala en su escrito de cuenta, y al ya haber recibido las dos dosis que solicitó en su escrito inicial de demanda, deberá acatar el tiempo en que las autoridades responsables comiencen a vacunar la tercera dosis a los menores de doce y dieciocho años y, puedan registrar al menor quejoso para tales efectos. En consecuencia, dado que durante la tramitación del juicio ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la referida ley. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Sin que obste para la anterior determinación el que se encuentre transcurriendo el término para la autoridad señalada como responsable Secretario de Salud, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que las partes sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio, el mismo no afecta a las referidas autoridades y por tanto, no están legitimadas para interponer recurso contra la citada resolución. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII junio de 1998, página 706, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento.". En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Subdirectora de área adscrita a la Oficina del Abogado General, en representación del Titular, ambos de la Secretaría de Salud, por medio del cual informa lo conducente respecto al cumplimiento a la suspensión decretada en autos. En consecuencia, se tiene por rendido el informe respecto a la suspensión de plano concedida a favor de la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a la cita que señalan para la aplicación de la vacuna correspondiente; toda vez que, mediante proveído de veintitrés de diciembre pasado, el Coordinador de las Brigadas Especiales de la Ciudad de México, señaló lugar, fecha y hora para tal efecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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