Lorena Alabat Selvas
Expediente 492/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2017
Partes del expediente
- Lorena Alabat Selvas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por: 1. ***. Contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas. 2. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas. 3. Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas. Los que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. - Consistente en la omisión de cumplir voluntariamente con el laudo condenatorio de fecha 08 ocho de abril de 2015 dos mil quince, dictado en el expediente número***." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 492/2017-II. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de cumplir el laudo condenatorio de ocho de abril de dos mil quince, dictado en el expediente número***. En la especie, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. Así, cabe precisar que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues respecto del procedimiento ordinario, específicamente en lo referente a la ejecución de los laudos, como acontece en el caso concreto, de acuerdo a lo que señala el artículo 106 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado y los municipios de Chiapas, es facultad del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual, puede dictar las medidas que considere necesarias y asimismo, imponer a las entidades públicas la obligación de cumplir de forma completa con las resoluciones pronunciadas por dicho tribunal. Ante el incumplimiento a los laudos aludidos, el artículo 104 bis de la ley citada en el párrafo que antecede, autoriza al órgano jurisdiccional mencionado, a petición de la parte interesada a dictar auto de requerimiento de pago y embargo y a notificarlo a la parte condenada, aplicando en lo conveniente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, con la finalidad de ejecutar de manera completa esas resoluciones hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esa tesitura, se considera que, la omisión de dar cumplimiento cabal al laudo que constituye el acto reclamado, deriva de la existencia de una relación de tipo laboral entre la promovente y quienes señala como autoridades responsables en torno a las que no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación. Así, al existir la posibilidad de que la quejosa logre mediante la vía ordinaria las pretensiones que reclamó en el juicio en que se dictó laudo a su favor, sujetando a las autoridades municipales a un procedimiento de ejecución del laudo, como lo es el embargo, permite que se trate de una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relaciones de coordinación. De ahí que al Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas y Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas, no les resulte el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía. Por ende, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por***, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas, Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Arriaga, Chiapas y Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas que indica, ya que pese a no contar con su respectiva cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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