Lorena Aguirre Díaz

Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Lorena Aguirre Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    I. Estado de autos. De autos se advierte que mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, causó estado la resolución dictada en este juicio, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. II. Hecho notorio. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet, el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual en sus transitorios primero, cuarto y quinto, se dispuso lo siguiente. "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. [.] CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste" III. Regulariza procedimiento. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción, empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar.

  2. Principal

    se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción, en su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo que rinde la autoridad responsable. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del legajo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que la peticionaria reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 30/2018, no obstante que transcurrió con exceso el término establecido por la Ley Federal del Trabajo. En su informe, la aludida autoridad responsable informó que el ocho de octubre de dos mil veinte, emitió el laudo correspondiente, mismo que anexó con el oficio respectivo; en dicha determinación, estableció que la parte actora probó su acción y justificó en parte sus excepciones, por lo que condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo que rinde la autoridad responsable. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del legajo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que la peticionaria reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 30/2018, no obstante que transcurrió con exceso el término establecido por la Ley Federal del Trabajo. En su informe, la aludida autoridad responsable informó que el ocho de octubre de dos mil veinte, emitió el laudo correspondiente, mismo que anexó con el oficio respectivo; en dicha determinación, estableció que la parte actora probó su acción y justificó en parte sus excepciones, por lo que condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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