Loreli Abigail Montero Avila

Expediente 955/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
955/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Loreli Abigail Montero Avila

Actuaciones

  1. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinte de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, del que se advierte que en autos del expediente 608/2017, dictó un proveído el día trece de agosto de dos mil dieciocho, en el que regularizó el procedimiento dejando sin efecto lo ordenado en audiencia de diez de agosto del año en curso, en lo referente a que se le notifique personalmente al demandado Rito Manuel Ramírez Carrillo, de la audiencia de tres de mayo del presente año, y de la audiencia de diez de agosto último, y señalo nuevas fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y adjuntó la constancia de notificación a las partes. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "....La justificada suspensión de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en virtud de haber acordado suspender las audiencias que se señalaron en fechas tres de mayo y diez de agosto, ambas del año en curso, acordando suspenderlas por falta de notificación de un acuerdo de fecha dos de marzo del año dos mil dieciocho a uno de los demandados, sin tratarse de un auto o sentencia de la que se refiere el artículo 742 de la Ley Federal de Trabajo...." Por tanto, debe decirse que se actualiza el sobreseimiento el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, si bien es cierto, informó la certeza del acto, también lo es que precisó su inexistencia del acto que se le reclama, la que se corrobora con las constancia que adjuntó el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, pues de ellas se advierte que mediante auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, regularizó el procedimiento dejando sin efecto lo ordenado en audiencia de diez de agosto del año en curso, en lo referente a que se le notifique personalmente al demandado Rito Manuel Ramírez Carrillo, de la audiencia de tres de mayo del presente año, y de la audiencia de diez de agosto último, se señaló las nueve de horas del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho, proveído de que fue notificado al demando en cita, el trece de agosto de dos mil dieciocho, por medio de estrados de dicha Junta; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se puede apreciar, que la autoridad responsable, dio contestación a la petición de la parte quejosa, respecto del acto que dio origen al presente juicio de amparo; en consecuencia, es de estimarse que la omisión reclamada no existe, habida cuenta que la presente demanda se presentó con posterioridad al dictado del acuerdo mencionado, es decir, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, según sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Mérida, Yucatán. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, respecto del acto y por la autoridad precisada anteriormente, dado que no se justificó su existencia al momento de la promoción de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de los derechos humanos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de amparo en el goce del derecho humano violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que la quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se había dictado el proveído correspondiente en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce del derecho humano respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la copia certificada del acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Esto es así, dado que la inexistencia del acto reclamado se encuentra debidamente probada, y no depende de la carga probatoria que en su caso pudiera aportar la parte quejosa para desvirtuar dicha circunstancia, sino se advierte de forma clara e indubitable con las constancias antes referidas, por lo que, no obstante llegara la audiencia constitucional, en nada variaría el sentido del fallo, al haberse acreditado de autos, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado era inexistente. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También se advierte que en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el registro IUS 2005150, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a los terceros interesados personas morales "Bufette de Consultoría Ambiental e Industrial, Sociedad Civil Particular" e "Ideas Dmentes con Creatividad Yucateca, Sociedad Civil Particular, por conducto de quienes las representen y a las persona física Rito Manuel Ramírez Carrillo, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no les causa afectación alguna. En estas condiciones, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día cinco de octubre de dos mil dieciocho, a las diez horas con veintiún minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 580/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con sede en esta ciudad, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por Loreli Abigail Montero Ávila, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de Veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida la prueba documental pública que adjuntó a su demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, por lo que respecta a las personas morales "Bufette de Consultoría Ambiental e Industrial, Sociedad Civil Particular" e "Ideas Dmentes con Creatividad Yucateca, Sociedad Civil Particular", y a la persona física Rito Manuel Ramírez Carrillo, resérvese acordar lo relativo al carácter que les recae en este juicio, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados para tal fin a todas las personas que señala en su escrito de mérito, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios adscritos a éste órgano jurisdiccional, para que cuando existieren notificaciones personales en el presente juicio, en caso de que sea necesario, se constituyan en el domicilio de las partes, en días y horas inhábiles; para el efecto de que practiquen tales diligencias. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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