Longinos Toto Rosas

Expediente 729/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
729/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Longinos Toto Rosas
  • Isaac Pimentel Mejía
  • Secretario de Seguridad Pública, Tránsito Y Vialidad del Municipio de Ayala (Longinos Toto Rosas)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa Ejecutoria En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. ... Notifíquese

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De igual forma, con apoyo en el numeral 26, fracción II, de la ley en cita, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, del contenido del informe de cuenta se advierte que la autoridad oficiante mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dejó sin efectos la imposición de la medida de apremio consistente en la orden de arresto en contra del aquí quejoso. En consecuencia, de tales manifestaciones se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: Ahora bien, antes de definir la causa que hace improcedente del presente juicio de amparo de que se trata, resulta necesario precisar que, en este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 725/2022-I, promovido por Issac Pimentel Mejía, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia, además de acuerdo a jurisprudencia que lleva por rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Cabe precisar que en el juicio de amparo 725/2022-I, en auto de once de julio de este año, se tuvieron por recibidas las constancias por parte de la autoridad oficiante relativas al acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/1ªs/79/2016, del que se aprecia que se hizo efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas al aquí quejoso, y que en proveído de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos dicha medida. Siguiendo con lo señalado en el artículo 61, fracción XXI, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y actos siguientes: "I.- Del Congreso del Estado de Morelos: La discusión, aprobación, expedición de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. II.- Del Gobernador y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos: La promulgación, expedición, firma, refrendo y la orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. III.- Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos: La orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. IV.- De la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: a).- La aplicación del artículo 11, fracción III, de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/1ªs/79/2016, mediante el cual se le hace efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas. V.-Del Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Ayala, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Yautepec, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Cuautla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, y Actuario Adscrito a la Segunda Sala de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: b) Su ejecución." Ahora bien, de las manifestaciones señaladas por la autoridad oficiante y de las constancias antes señaladas, se advierte que en proveído de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos la imposición de un arresto por tres horas, al quejoso Longinos Toto Rosas, el cual fue decretado mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós en el expediente TJA/1ªs/79/2016. Luego entonces, si la parte peticionaria de amparo reclama la aplicación del artículo 11, fracción III, de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/1ªs/79/2016, mediante el cual se le hace efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas, y toda vez que por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos la imposición de un arresto por tres horas, al hoy quejoso Longinos Toto Rosas; por tanto, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, también se hace extensivo el sobreseimiento anterior, respecto del acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, firma, refrendo y orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III, tildado de inconstitucional, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo considerado en abstracto, tomando en consideración que el ordenamiento que aquí se impugna, tiene la característica de heteroaplicativo, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 114, fracciones II y IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez de Distrito, aunque ello no se precise en la fracción IV del citado numeral 114 que alude a actos en el juicio, ya que por igualdad de razón debe aplicarse a los actos dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior en virtud de que una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento seguido en forma de juicio tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el citado procedimiento por haberse consumado irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la procedencia del juicio de garantías en lo general, sirviendo de apoyo a lo anterior el contenido del invocado artículo 158, último párrafo, de la ley de la materia, que claramente establece que cuando durante el juicio surjan cuestiones de constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo". De igual manera, el siguiente criterio jurisprudencial, con el rubro y texto que a la literalidad dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Finalmente, la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 729/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De igual forma, con apoyo en el numeral 26, fracción II, de la ley en cita, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, del contenido del informe de cuenta se advierte que la autoridad oficiante mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dejó sin efectos la imposición de la medida de apremio consistente en la orden de arresto en contra del aquí quejoso. En consecuencia, de tales manifestaciones se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: Ahora bien, antes de definir la causa que hace improcedente del presente juicio de amparo de que se trata, resulta necesario precisar que, en este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 725/2022-I, promovido por ********, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia, además de acuerdo a jurisprudencia que lleva por rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Cabe precisar que en el juicio de amparo 725/2022-I, en auto de once de julio de este año, se tuvieron por recibidas las constancias por parte de la autoridad oficiante relativas al acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente *********, del que se aprecia que se hizo efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas al aquí quejoso, y que en proveído de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos dicha medida. Siguiendo con lo señalado en el artículo 61, fracción XXI, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y actos siguientes: "I.- Del Congreso del Estado de Morelos: La discusión, aprobación, expedición de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. II.- Del Gobernador y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos: La promulgación, expedición, firma, refrendo y la orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. III.- Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos: La orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III. IV.- De la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: a).- La aplicación del artículo 11, fracción III, de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******, mediante el cual se le hace efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas. V.-Del Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Ayala, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Yautepec, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Cuautla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla, Morelos, Policía Primero Designado para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, y Actuario Adscrito a la Segunda Sala de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: b) Su ejecución." Ahora bien, de las manifestaciones señaladas por la autoridad oficiante y de las constancias antes señaladas, se advierte que en proveído de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos la imposición de un arresto por tres horas, al quejoso *******, el cual fue decretado mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós en el expediente *************. Luego entonces, si la parte peticionaria de amparo reclama la aplicación del artículo 11, fracción III, de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******************, mediante el cual se le hace efectiva la aplicación de un arresto administrativo por tres horas, y toda vez que por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efectos la imposición de un arresto por tres horas, al hoy quejoso ******; por tanto, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, también se hace extensivo el sobreseimiento anterior, respecto del acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, firma, refrendo y orden de publicación de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el periódico "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en particular el artículo 11, fracción III, tildado de inconstitucional, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo considerado en abstracto, tomando en consideración que el ordenamiento que aquí se impugna, tiene la característica de heteroaplicativo, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 114, fracciones II y IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez de Distrito, aunque ello no se precise en la fracción IV del citado numeral 114 que alude a actos en el juicio, ya que por igualdad de razón debe aplicarse a los actos dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior en virtud de que una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento seguido en forma de juicio tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el citado procedimiento por haberse consumado irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la procedencia del juicio de garantías en lo general, sirviendo de apoyo a lo anterior el contenido del invocado artículo 158, último párrafo, de la ley de la materia, que claramente establece que cuando durante el juicio surjan cuestiones de constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo". De igual manera, el siguiente criterio jurisprudencial, con el rubro y texto que a la literalidad dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Finalmente, la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Policía Primero Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Yecapixtla, Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en el numeral 9 de la ley en cita, se tiene como sus delegados a las personas que menciona. Asimismo, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las pruebas presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones y documental que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, se tiene a la autoridad responsable antes citada objetando el contenido y alcance de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, por los motivos que expone en el informe de cuanta; por tanto, se tiene a dicha autoridad realizando manifestaciones solo a manera de alegatos, pues tal valoración será materia de análisis al emitir la sentencia correspondiente con base en la totalidad de los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias que obren en el expediente; lo anterior para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J. 5/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido" Notifíquese.

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