Longinos Ahuactzin Ahuactzin
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Longinos Ahuactzin Ahuactzin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del expediente principal relativo al juicio de amparo número 679/2022-K, del índice de este órgano jurisdiccional, así como testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el tribunal en cita, en sesión remota ordinaria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja administrativo 136/2022, interpuesto por la parte quejosa. Acúsese a la superioridad oficiante el recibo correspondiente. Resolución en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de uno del mes en curso, dictado en el recurso de queja 136/2022 de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite dicho medio de defensa, interpuesto por la parte quejosa por conducto de su autorizada en términos amplios, en contra del auto de siete de junio del presente año, dictado en el juicio en que se actúa; circunstancia de la cual se toma conocimiento.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la autorizada de la parte quejosa ***, por el cual, interpone recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En consecuencia, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en que deberá constar copia certificada de las constancias conducentes, copia del escrito de agravios, así como copia autógrafa de este proveído. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase el expediente en que se actúa, así como el original del escrito de expresión de agravios a la Presidencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso que se tramita. Ríndase al tribunal colegiado el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 6792022-K. En ese contexto, vista la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K , de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." En el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierte las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y administrativo. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otro lado, cabe destacar que el Estado, a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En el caso particular, el quejoso reclama del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, el oficio ***, por el cual suprimió la plaza de auxiliar técnico del quejoso, con el puesto de auxiliar administrativo en dicho municipio. Asimismo, en la parte conducente, bajo protesta de decir verdad, el quejoso refiere que: - El dieciséis de septiembre de dos mil diez, ingresó a laborar para el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, teniendo el carácter de servidor público de base, con el nombramiento de auxiliar técnico, encontrándose afiliado al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo". - El trece de mayo de dos mil veintidós, en la oficina de dicho sindicato, recibió un sobre que contenía, entre otros, dos oficios -uno de ellos constituye el acto reclamado-, por los cuales el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, le informó que la determinación de suprimir la plaza de base que tenía en el referido Ayuntamiento. Lo anterior, hace patente que el acto reclamado, no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino en su carácter de patrón del quejoso; esto es, que dicho acto deriva de una relación puramente contractual efectuada entre una persona oficial y un particular, de lo que se colige que el actuar que reclama, no pueda considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues al emitirlo la autoridad lo hizo con el carácter de patrón; en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, al no tratarse de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, el acto reclamado al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, se da en un plano de igualdad entre dicho secretario y el quejoso, derivada de una relación puramente laboral, y no como una relación de autoridad y gobernado. Todo lo anterior permite concluir que la relación entre el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, y el quejoso, es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse en la vía laboral y no ante esta instancia constitucional. Por tales razones, debe concluirse que cuando el acto que se reclame emana de una cuestión de carácter laboral -lo que en el caso acontece-, resulta claro que tal hecho es atribuible a la autoridad que señala como responsable, únicamente en su calidad de "patrón", es decir, participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma y; por ende, se trata de un problema entre el trabajador y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto resulta improcedente. Se afirma lo anterior, porque en dicha jurisprudencia la citada Segunda Sala del Máximo tribunal determinó que atendiendo a que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz constituye un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, la titularidad de sus relaciones de trabajo se encuentra a cargo de su director general. De esta manera, el oficio mediante el cual el presidente municipal del Ayuntamiento ordenó la cancelación de diversas plazas del organismo, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualizan los supuestos previstos en los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que sin tener la titularidad de las relaciones de trabajo, la mencionada autoridad hizo uso de las facultades de control y vigilancia que le corresponden y de manera unilateral generó una restricción para que los trabajadores del mencionado organismo continuaran desempeñándose en la plaza que les fue otorgada. Sin embargo, en el caso concreto, el quejoso no labora para algún Organismo Público Descentralizado, auxiliar del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, sino para el propio Ayuntamiento, tal como lo indicó, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado. Así, no puede sostenerse que el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala no cuente con la titularidad de la relación de trabajo con el quejoso; por el contrario, el acto reclamado lo emitió precisamente con el carácter de "patrón" del quejoso, por la relación de trabajo que existía entre dicho ayuntamiento con el peticionario de amparo. De modo que, no se está en la hipótesis que analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la referida jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (11a.). y, si bien el quejoso pudiera cuestionar la competencia del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala para emitir el oficio reclamado, lo cierto es que tal cuestión corresponde analizar en la vía laboral, ante la autoridad competente. En consecuencia, dado que en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que señala en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, porque cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes
- Lizbeth Ortega Romero1485/2023
- Lizet Galindo Flores1237/2022
- Lizeth Flores Delgadillo22/2018
- Lizeth Rosales Espinoza408/2015
- Lizeth Yasmin Gómez1337/2022
- Lizzandra Veronica Pinto Jerez328/2023
- Lorena Ávila Romero973/2017
- Lorena Ávila Villa1063/2023
- Lorena Ávila Villa297/2023
- Lorena Ayde Sánches Gómez918/2022
- Lorena Edve Sánchez Sánchez1011/2023
- Lorena Espinosa Ávila543/2021