Longino Julio Hernández Campos y Otros.

Expediente 1485/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1485/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Isidro Remigio Cantú
  • Patricia Guadalupe Ramírez Bazán y Otros.
  • Longino Julio Hernández Campos y Otros.
  • Patricia Guadalupe Ramírez Bazán
  • Luvia Castillo Bibiano
  • Longino Julio Hernández Campos
  • Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa, el auto de dieciocho de febrero del año en curso, exponiendo que, al constituirse en el domicilio señalado en autos para esos efectos, fue atendido por Lenin Ramírez López, quien le hizo del conocimiento que en ese bufete jurídico ya no patrocinan a dicha parte procesal, motivo por el cual no fue posible realizar la encomienda ordenada. Ahora, de autos se advierte que no obra en escrito alguno en el que se haya realizado la revocación de los autorizados o domicilio para recibir notificaciones, y dado que es obligación de la parte quejosa realizar manifestación al respecto; se comisiona nuevamente al actuario judicial adscrito, a efecto de que realice la notificación del auto de dieciocho de febrero referido en el párrafo anterior, y en caso de que se negare a recibir, le haga del conocimiento que se tendrá notificado por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en sentencia definitiva de dos de julio de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, remitió copia certificada de las constancias con las que refirió daba cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el presente juicio. Con los oficios referidos en el párrafo anterior y anexos a los mismos, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo que en derecho proceda. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, el veinticinco de noviembre del año próximo anterior, a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado, al encontrarse ordenada así dicha notificación, ante la falta de domicilio procesal por esa parte, sin que hubiere hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar el efecto para el que este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional, siendo este el siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." De ahí que, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios 1825/2021, 1845/2021, y 3304/2021, recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo para ello, copia certificada de los acuerdos fechados en veintiséis de octubre y doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como del acuse de recibo, respecto del oficio que giró al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en cumplimiento al primero de los acuerdos en cita, actuaciones derivadas del expediente laboral de origen 975/2012, y a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de las constancias descritas en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 975/2012, dejó sin efectos el diverso de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente por lo que respecta a la multa impuesta a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, como coordinadores propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de Los Libres, Guerrero, asimismo, en diverso proveído emitido el doce de noviembre de ese mismo año, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada y haciendo uso de la facultad discrecional, determinó que era improcedente aplicar la sanción consistente en una multa a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, por las consideraciones vertidas en dicho auto, dejando subsistente únicamente por que respecta a la diversa quejosa Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, como Coordinadora de la Zona Mestiza, del referido Concejo. En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a la parte quejosa por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y una vez hecho esto y transcurrido el plazo referido, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en sentencia definitiva de dos de julio de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, remitió copia certificada de las constancias con las que refirió daba cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el presente juicio. Con los oficios referidos en el párrafo anterior y anexos a los mismos, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo que en derecho proceda. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, el veinticinco de noviembre del año próximo anterior, a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado, al encontrarse ordenada así dicha notificación, ante la falta de domicilio procesal por esa parte, sin que hubiere hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar el efecto para el que este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional, siendo este el siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." De ahí que, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios 1825/2021, 1845/2021, y 3304/2021, recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo para ello, copia certificada de los acuerdos fechados en veintiséis de octubre y doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como del acuse de recibo, respecto del oficio que giró al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en cumplimiento al primero de los acuerdos en cita, actuaciones derivadas del expediente laboral de origen 975/2012, y a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de las constancias descritas en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 975/2012, dejó sin efectos el diverso de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente por lo que respecta a la multa impuesta a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, como coordinadores propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de Los Libres, Guerrero, asimismo, en diverso proveído emitido el doce de noviembre de ese mismo año, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada y haciendo uso de la facultad discrecional, determinó que era improcedente aplicar la sanción consistente en una multa a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, por las consideraciones vertidas en dicho auto, dejando subsistente únicamente por que respecta a la diversa quejosa Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, como Coordinadora de la Zona Mestiza, del referido Concejo. En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a la parte quejosa por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y una vez hecho esto y transcurrido el plazo referido, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en sentencia definitiva de dos de julio de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, remitió copia certificada de las constancias con las que refirió daba cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el presente juicio. Con los oficios referidos en el párrafo anterior y anexos a los mismos, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo que en derecho proceda. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, el veinticinco de noviembre del año próximo anterior, a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado, al encontrarse ordenada así dicha notificación, ante la falta de domicilio procesal por esa parte, sin que hubiere hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar el efecto para el que este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional, siendo este el siguiente: "1. Deberá dejar insubsistente el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 975/2012, de su índice, únicamente en lo que respecta a la imposición de la multa de trescientos días de salario a Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, Coordinadores Propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero. 2. Y, haciendo uso de su facultad discrecional, con plenitud de jurisdicción, dicte otro auto, que bien pudiera ser en el mismo o diverso sentido, pero, de acontecer el primer supuesto, deberá subsanar los vicios que se precisaron en la presente sentencia, ello, atendiendo a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo." De ahí que, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficios 1825/2021, 1845/2021, y 3304/2021, recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiocho de octubre, cinco y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo para ello, copia certificada de los acuerdos fechados en veintiséis de octubre y doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como del acuse de recibo, respecto del oficio que giró al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en cumplimiento al primero de los acuerdos en cita, actuaciones derivadas del expediente laboral de origen 975/2012, y a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, de las constancias descritas en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 975/2012, dejó sin efectos el diverso de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente por lo que respecta a la multa impuesta a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, como coordinadores propietarios del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de Los Libres, Guerrero, asimismo, en diverso proveído emitido el doce de noviembre de ese mismo año, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada y haciendo uso de la facultad discrecional, determinó que era improcedente aplicar la sanción consistente en una multa a los aquí quejosos Longino Julio Hernández Campos e Isidro Remigio Cantú, por las consideraciones vertidas en dicho auto, dejando subsistente únicamente por que respecta a la diversa quejosa Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, como Coordinadora de la Zona Mestiza, del referido Concejo. En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a la parte quejosa por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y una vez hecho esto y transcurrido el plazo referido, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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