Lluvia Viridiana Balderas Villareal

Expediente 1663/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1663/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Lluvia Viridiana Balderas Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De igual manera, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, las copias certificadas del expediente 698/2019, en dos tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, en virtud de que, para tal efecto, bastará la constancia de notificación del presente auto que acredite su entrega. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente, es destruible porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Mismo destino le será dado al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo. DESTINO DEL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE. De conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, se hace constar que esta pieza de autos es susceptible de depuración, toda vez que se concedió definitivamente la medida cautelar solicitada. SE DEJA A DISPOSICIÓN BILLETE DE DEPÓSITO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa exhibió el billete de depósito con número N 923847, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido para garantizar los efectos de la suspensión definitiva concedida, Por tanto, se deja a su disposición dicho título valor, para que comparezca a recogerlo de acuerdo con los lineamientos siguientes: La entrega de billetes de depósito se realiza únicamente los días viernes; si este es inhábil, se hará al viernes siguiente. El horario de entrega es de las diez horas a las doce horas; sin que haya excepciones de ninguna especie para ello. Lo anterior, en atención a que, en cumplimiento al artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el personal del juzgado no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión del horario de trabajo presencial, que es a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. Es así que se establece ese límite temporal como medida preventiva, que ayude a concluir el trámite solicitado, en razón de que, de permitirse después de la hora fijada, no estaría en aptitud de concluirlo satisfactoriamente. Se hace la precisión de que sólo puede comparecer a recoger la garantía correspondiente, la persona a quien se haya ordenado su devolución; por tanto, no se entregará a personas distintas, ni tampoco se les dará información. En el entendido de que, el compareciente deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna otra equivalente. Queda apercibida la quejosa que, en caso de no comparecer a recoger el billete de depósito, una vez que transcurra el término que prevé el artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Tesorería de la Federación, se hará efectivo a favor del erario federal. GENERACIÓN DE CITAS PARA LA RECEPCIÓN DE BILLETES DE DEPÓSITO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora bien, a fin de que la citada parte pueda acudir a este juzgado federal por los documentos que fueron puestos a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá programar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que puede consultarse en la página electrónica que se inserta a continuación: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ale s/home. De esa manera, dicha plataforma digital otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código Qr, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. ATENCIÓN A PERSONAS PERTENECIENTE A GRUPOS VULNERABLES. En el supuesto de que la persona que deba recibir la garantía pertenezca a algún grupo vulnerable, así deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, para que le sea generada la cita respectiva y se le notifique el día y hora en que podrá acudir a la entrega. Asimismo, deberá proporcionar una cuenta de correo electrónico, para que por ese medio se le haga llegar el código Qr respectivo. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN OBSERVARSE AL COMPARECER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. En atención a lo dispuesto por el artículo 7 del acuerdo general citado en párrafos precedentes, las personas que acudan a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y áreas destinadas para la espera y atención), evitar permanecer en zonas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional a fin de respetar las reglas de sana distancia. Finalmente, la diligencia de entrega se realizará bajo el más estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social necesarias, de manera que no se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de quien comparezca...III

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; once de enero de dos mil veintidós. REMITE BILLETE DE DEPÓSITO QUE GARANTIZA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al que adjunta un billete de depósito N 923847, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la quejosa Lluvia Viridiana Balderas Villareal, con el cual se tienen garantizados los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con motivo de la suspensión definitiva. Guárdese el título de valor en la caja de seguridad de este juzgado federal, dejando constancia en autos.M-III

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo remitiendo, el juicio de amparo 1476/2021-1, del índice de dicho órgano, promovido por Lluvia Viridiana Balderas Villareal, en su atención, se le tiene reiterando que por razón de conocimiento previo, le corresponde conocer a este órgano jurisdiccional del juicio de amparo en comento, para lo cual precisa que después de realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, advierte que en este órgano jurisdiccional se resolvió el juicio de amparo 896/2019-II (número correcto), promovido por Lluvia Viridiana y Felipe de Jesús, ambos de apellidos Balderas Villareal, en el que en esencia, se reclaman diversos actos dictados dentro del juicio especial de desahacio 698/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo donde se sobreseyó, por lo cual se estima que este juzgado federal ya conoció primero. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII, de la Constitución Federal; y 1, fracción I, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En consecuencia, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a fin de que, para efectos estadísticos y compensación de cargas de trabajo, registre la demanda a favor de este órgano jurisdiccional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, vistas las constancias del juicio de amparo que se recibe, la suscrita advierte que en el caso se encuentra plenamente acreditada una causal de improcedencia, que hace innecesario esperar a que se celebre la audiencia constitucional. En efecto, en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En ese orden de ideas, existen tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí; pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados. Por su parte, en la tercera forma contenida en el precepto 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza a afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Es necesario señalar que, atendiendo a la naturaleza de determinados actos de autoridad y los efectos que producen en la esfera jurídica de los gobernados, la ley de la materia prevé hipótesis de excepción al plazo genérico; sin embargo, en el presente caso no se surte ninguna de las excepciones. Así tenemos que cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En tal virtud, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que, en atención al principio lógico de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran los casos de excepción establecidos en el ordinal 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, si los actos reclamados consisten en: ? La inconstitucionalidad de todo lo actuado dentro del juicio especial de desahucio 698/2019; ? Todo lo actuado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de dicho juicio, del que reclama ser tercera extraña por equiparación; ? Los autos de veintisiete y once de noviembre, el citatorio de doce de noviembre, razón actuarial de trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dictados dentro del expediente 698/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; ? El emplazamiento por estrados e instructivo, ambos de dieciséis de febrero del año en curso; y, ? La ejecución de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 698/2019. Se advierte que los mismos son actos emitidos por una autoridad civil y actuario de su adscripción, motivo por el cual, para esos actos, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. En ese sentido, la quejosa manifiesta en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad que el diez de noviembre pasado tuvo conocimiento de los actos que aquí se duele. Sin embargo, del estado de autos del diverso juicio de amparo 896/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Lluvia Viridiana y Felipe de Jesús, ambos de apellidos Balderas Villareal, se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (el cual se agrega copia certificada), la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió copia certificada relativa al expediente 698/2019 de su índice, e informó que el veintitrés de agosto del mismo año, ingresó a dicho juzgado una demanda planteada por Autobuses de Oriente ADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa al juicio especial de desahucio, respecto del inmueble ubicado en la fracción I de la Hacienda de Pitahayas, carretera MéxicoPachuca, kilómetro 84, colonia San Antonio en esta ciudad, actualmente fracción II del predio urbano ubicado en la fracción I de la Hacienda de Pitahayas, carretera México-Pachuca, kilómetro 84, colonia San Antonio en esta ciudad (local comercial El Paste Minero), demanda que admitió mediante proveído de veintiséis de junio del dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, entonces resulta evidente que la quejosa Lluvia Viridiana Balderas Villareal, tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra, pues la misma siguió promoviendo dentro del mismo expediente, por lo que el término 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna para la presentación de la demanda comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, al día siguiente en que surtió efectos el auto que ordenó dar vista a las partes con la demanda instaurada su contra, esto es el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que dicho plazo transcurrió del dieciocho de octubre al siete de noviembre de dos mil diecinueve, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de octubre, dos y tres de noviembre, todos de dos mil diecinueve, ya que estos fueron inhábiles. Luego, la demanda fue recibida hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es decir, después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Por las razones anteriores, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 286, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 61, y con los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales

  4. Incidental

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo remitiendo, el juicio de amparo 1476/2021-1, del índice de dicho órgano, promovido por Lluvia Viridiana Balderas Villareal, en su atención, se le tiene reiterando que por razón de conocimiento previo, le corresponde conocer a este órgano jurisdiccional del juicio de amparo en comento, para lo cual precisa que después de realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, advierte que en este órgano jurisdiccional se resolvió el juicio de amparo 896/2019-II (número correcto), promovido por Lluvia Viridiana y Felipe de Jesús, ambos de apellidos Balderas Villareal, en el que en esencia, se reclaman diversos actos dictados dentro del juicio especial de desahacio 698/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mismo donde se sobreseyó, por lo cual se estima que este juzgado federal ya conoció primero. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII, de la Constitución Federal; y 1, fracción I, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En consecuencia, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a fin de que, para efectos estadísticos y compensación de cargas de trabajo, registre la demanda a favor de este órgano jurisdiccional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, vistas las constancias del juicio de amparo que se recibe, la suscrita advierte que en el caso se encuentra plenamente acreditada una causal de improcedencia, que hace innecesario esperar a que se celebre la audiencia constitucional. En efecto, en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En ese orden de ideas, existen tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí; pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados. Por su parte, en la tercera forma contenida en el precepto 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza a afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Es necesario señalar que, atendiendo a la naturaleza de determinados actos de autoridad y los efectos que producen en la esfera jurídica de los gobernados, la ley de la materia prevé hipótesis de excepción al plazo genérico; sin embargo, en el presente caso no se surte ninguna de las excepciones. Así tenemos que cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna En tal virtud, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que, en atención al principio lógico de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran los casos de excepción establecidos en el ordinal 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. En ese sentido, si los actos reclamados consisten en: ? La inconstitucionalidad de todo lo actuado dentro del juicio especial de desahucio 698/2019; ? Todo lo actuado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de dicho juicio, del que reclama ser tercera extraña por equiparación; ? Los autos de veintisiete y once de noviembre, el citatorio de doce de noviembre, razón actuarial de trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dictados dentro del expediente 698/2019, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; ? El emplazamiento por estrados e instructivo, ambos de dieciséis de febrero del año en curso; y, ? La ejecución de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 698/2019. Se advierte que los mismos son actos emitidos por una autoridad civil y actuario de su adscripción, motivo por el cual, para esos actos, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. En ese sentido, la quejosa manifiesta en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad que el diez de noviembre pasado tuvo conocimiento de los actos que aquí se duele. Sin embargo, del estado de autos del diverso juicio de amparo 896/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Lluvia Viridiana y Felipe de Jesús, ambos de apellidos Balderas Villareal, se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (el cual se agrega copia certificada), la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió copia certificada relativa al expediente 698/2019 de su índice, e informó que el veintitrés de agosto del mismo año, ingresó a dicho juzgado una demanda planteada por Autobuses de Oriente ADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa al juicio especial de desahucio, respecto del inmueble ubicado en la fracción I de la Hacienda de Pitahayas, carretera MéxicoPachuca, kilómetro 84, colonia San Antonio en esta ciudad, actualmente fracción II del predio urbano ubicado en la fracción I de la Hacienda de Pitahayas, carretera México-Pachuca, kilómetro 84, colonia San Antonio en esta ciudad (local comercial El Paste Minero), demanda que admitió mediante proveído de veintiséis de junio del dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, entonces resulta evidente que la quejosa Lluvia Viridiana Balderas Villareal, tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra, pues la misma siguió promoviendo dentro del mismo expediente, por lo que el término 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna para la presentación de la demanda comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, al día siguiente en que surtió efectos el auto que ordenó dar vista a las partes con la demanda instaurada su contra, esto es el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que dicho plazo transcurrió del dieciocho de octubre al siete de noviembre de dos mil diecinueve, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de octubre, dos y tres de noviembre, todos de dos mil diecinueve, ya que estos fueron inhábiles. Luego, la demanda fue recibida hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es decir, después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Por las razones anteriores, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 30/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 286, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 61, y con los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales

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