Lluvia Morales Aguilar
Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Lluvia Morales Aguilar
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que la demanda se desechó por extemporánea el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Demanda de amparo recibida por incompetencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la boleta de turno de demanda de amparo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual se anexa lo siguiente: El oficio 3622/2023, signado por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo de haber declarado dicho órgano jurisdiccional su incompetencia legal para conocer del presente asunto. Boleta de turno con número de registro ********************. Autos originales amparo directo ******************** Todas las anteriores constancias fueron remitidas a este órgano jurisdiccional por dicha superioridad, con motivo de que, mediante determinación de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo directo laboral 75/2023, del índice del Quinto Tribunal Colegiado antes referido, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda constitucional de referencia, por los motivos que indica y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, al haber correspondido dicho turno de tal demanda a este órgano jurisdiccional, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, este Juzgador se avoca al conocimiento de la demanda, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado federal. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad. Desechamiento. Ahora, una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que no es necesario esperar a que se admita la demanda de amparo, para que obren las constancias que integran el juicio laboral de origen, por lo que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. *****Cuestiones previas. Ahora bien, el Tribunal Colegiado determinó para declararse incompetente, lo siguiente: "[.] Fuera de esos supuestos, el juicio de amparo deberá plantearse en la vía indirecta, ante un juez de distrito. Ahora bien, en la resolución reclamada en este juicio de amparo, el tribunal laboral responsable estableció: [.] Previo a entrar al análisis de fondo del presente resulta necesario analizar si esta Junta Especial, resulta competente para conocer y resolver del presente conflicto lo cual se hace en los siguientes términos. Por las consideraciones debidamente expuestas, de manera fundada y motivada.esta JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN V ARBITRAJE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 705 de la Ley Federal del Trabajo remítanse los autos del expediente en que se actúa al TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. a efecto de que conozca y resuelva el presente asunto [.] Lo reproducido evidencia que la quejosa promovió demanda de amparo en la vía directa contra la resolución en la que la junta de trabajo responsable declaró que carecía de competencia legal para resolver la controversia laboral planteada por las partes. Por lo tanto, la declinó al Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California y le remitió el expediente relativo, como se advierte de la trascripción precedente. Luego, con base en las consideraciones establecidas por el máximo tribunal del país y las disposiciones constitucional y legales aquí analizadas; se concluye que en el caso particular que la decisión judicial de la junta responsable no constituye un laudo para efectos de su impugnación en el juicio de amparo en la vía directa o unistancial. Es así, porque de manera alguna resuelve sobre el derecho sustancial discutido por las partes en el conflicto individual de trabajo que se tramitó ante dicho órgano jurisdiccional, esto es, nada decidió sobre el reconocimiento de antigüedad y la estabilidad en el empleo como trabajador de planta y permanente, pretendidos por la ahora quejosa. Tampoco dio por concluido el proceso laboral en cuestión, porque envió el expediente respectivo al tribunal burocrático estatal que consideró como competente para que continuara el trámite del procedimiento, si acepta la remisión de dicho asunto. Por lo tanto, la incompetencia declarada en la resolución reclamada deja intocadas las pretensiones planteadas por las partes, esto es quedan sub judice (sin decidirse). De esta forma, queda patentizado que la resolución reclamada no constituye una resolución final que sea susceptible de reclamarse en la vía directa del juicio constitucional de amparo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese contexto, este órgano colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en trato, la resolución no constituye un laudo, porque no decidió el juicio laboral en lo principal, ni se trata de una resolución que le ponga fin, por lo que debió intentarse en la vía indirecta, ante un juez de distrito. [.]." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, en la que determinó declararse incompetente para conocer del juicio laboral ******************** de su índice, y ordenó remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) rtículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. ***** De lo expuesto se obtiene que la resolución reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución que se reclama únicamente se advierte que la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, determinó declararse incompetente para conocer del juicio laboral ********************, de su índice, y ordenó remitir los autos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Máxime, que en el presente asunto también se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 217 de la propia Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. --- (.) --- Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. --- La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. --- La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". ****** Cabe señalar que al resolver la contradicción de tesis 239/2014, que motivó el criterio jurisprudencial 17/2015, antes citado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó lo siguiente: "(.) Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. --- Para ello, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. --- Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria. --- Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. --- En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: --- 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. --- 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. --- De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria)". De esta transcripción deriva que expresamente se ha señalado la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, empero con respeto a los principios constitucionales y legales, como lo es el relativo a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del amparista, ya sea cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, porque es cuando se han producido todas las consecuencias de esa determinación. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, por lo menos, al momento en que se instauró esta vía constitucional. ****Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa para tal efecto; así como, únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes señala en la demanda en dichos términos. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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