Lluvia Martínez García

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Lluvia Martínez García
  • Lluvia Martínez García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo ......mediante auto de quince de febrero del año en curso...el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica... informó que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito....se ordena ...remitir los autos originales de este juicio de amparo al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica para los efectos legales conducentes ...

  2. Principal

    La parte quejosa cumple con la prevención de demanda formulada mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós... se concluye de manera respetuosa que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que los actos reclamados tienen ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en el municipio de Poza Rica, Veracruz; ello se considera así, debido a que el domicilio en el que se pretenden ejecutar los actos reclamados se encuentra ubicado en dicho municipio... remítase el presente juicio de amparo indirecto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en dicho municipio, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención de demanda formulada mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós; al respecto se acuerda lo siguiente: ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica: HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en ue deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica ejercen jurisdicción en dicho municipio. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la promovente señaló como actos reclamados los siguientes: a) La resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca *** por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. b) La posible orden de aprehensión que pudiera girarse en contra de la quejosa con motivo de la resolución emitida por la Sala responsable. Cabe destacar que en la resolución dictada en el toca ***, la Sala responsable, por una parte, declaró nula la etapa de juicio y, por ende, las resoluciones dictadas por el Juez de Juicio el quince y diecinueve de noviembre de dos mil veinte y, por otra, dejó subsistente el auto de apertura a juicio de tres de marzo de dos mil veinte. En razón de lo anterior, la Sala responsable ordenó que se remitieran los autos del proceso penal *** al Administrador Judicial de Causa del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, a fin de que lo turnara al Juez de Juicio correspondiente, a efecto de que señalara fecha y hora para la celebración de juicio en el proceso penal de origen; lo anterior, con excepción de que se turnara al Juez ***, debido a que dicho Juez fue quien dictó la resolución nulificada. Además, del contenido del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte quejosa refiere que su domicilio particular se encuentra ubicado en ***. Asimismo, de la demanda se advierte que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras tienen su domicilio en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye de manera respetuosa que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que los actos reclamados tienen ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en el municipio de Poza Rica, Veracruz; ello se considera así, debido a que el domicilio en el que se pretenden ejecutar los actos reclamados se encuentra ubicado en dicho municipio. Acorde con lo anterior, remítase el presente juicio de amparo indirecto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en dicho municipio, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; asimismo, se le solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Registro digital: 2004166 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables".

  4. Principal

    EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO Y VEINTE DE JUNIO AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN III Y 29 TODOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO QUE DICE: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad remite copia certificada de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en los Mochis, Sinaloa, en el expediente auxiliar *** relativo al amparo en revisión ***, de la que se advierte que el segundo de los tribunales mencionados revocó la sentencia dictada en este asunto y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que este órgano jurisdiccional realice lo siguiente: a) Al pronunciarse sobre la admisión de la prueba pericial en cromatología y documentoscopía forense que ofreció el tercero interesado ***, este órgano jurisdiccional deberá darle vista a las partes, para que si así lo deciden, puedan designar a un perito para que se asocie al nombrado por este juzgado o rinda dictamen por separado, designación que deberán hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. b) Este órgano jurisdiccional gire las instrucciones necesarias para que se permita a la perito oficial ***, constituirse en la Dirección de Servicios Periciales, a efecto de poder hacer un mejor estudio del documento objetado de falso, y obtener así un dictamen pericial más ajustado a la realidad, en materia de documentoscopía. c) Este órgano jurisdiccional lleve a cabo todas las medidas necesarias para lograr la designación de un perito oficial en la materia de cromatología. d) En su oportunidad, una vez desahogada debidamente la referida prueba pericial, este órgano jurisdiccional continúe con la celebración de la audiencia constitucional; en la que, una vez cerrado el período de pruebas, con libertad de jurisdicción, dicte la resolución del incidente de objeción de documento, y se pronuncie en cuanto al fondo del juicio de amparo. En ese sentido, acúsese recibo vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese este acuerdo a las autoridades responsables. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en la resolución de cuenta, se emite el siguiente pronunciamiento: 1. En relación con lo precisado en el inciso a), de los efectos ordenados por el Tribunal Colegiado para la reposición del procedimiento en este asunto, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se admite la prueba pericial ofrecida por el tercero interesado ***; asimismo, como se proveyó en auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se tiene como perito de la parte tercera interesada a ***; además, debido a que el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el dictamen pericial emitido por el perito de la parte tercera interesada y en el diverso de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por ratificado; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, póngase a vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, córrase traslado a las partes con el cuestionario respectivo, cuyos puntos, desde este momento, se califican de legales, para que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, si lo estiman necesario, adicionen dicho instrumento. Además, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que, de considerarlo necesario, designen un perito de su intención, a fin de que se asocien con el designado por este Juzgado o rinda dictamen por separado. Se hace de su conocimiento que de no realizar manifestación alguna se les tendrá por conformes con el dictamen que emita el perito o perita oficial que se designe en autos. 2. Por otra parte, en relación con lo precisado en el inciso c), de los efectos ordenados por el Tribunal Colegiado para la reposición del procedimiento en este asunto, gírese atento oficio al Director General de los Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el término de tres días computado legalmente, tenga a bien proporcionar el nombre de un perito o una perita con especialidad en cromatología, que esté en posibilidad de fungir con el carácter de perito o perita oficial en auxilio de este órgano jurisdiccional, y determinar los puntos marcados en el escrito de ofrecimiento de la prueba de la autoridad responsable, del cual se anexa copia simple; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término señalado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse de conformidad con el actuar de la autoridad requerida. 3. En relación con lo precisado en los incisos b) y d), de los efectos ordenados por el Tribunal Colegiado para la reposición del procedimiento en este asunto, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto transcurran los términos concedidos en los puntos que anteceden. En ese sentido, en atención a la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado citado en el primer párrafo, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia, con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.

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