Lluvia Marisol Valenzuela González

Expediente 1021/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1021/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Lluvia Marisol Valenzuela González
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SE TIENE POR CONSENTIDO AUTO Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL EL AUTO DICTADO EN VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LOS TERCEROS INTERESADOS Restaurantes Vips", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable,"Opradora Vips", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y Holding de Restaurantes", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable todos por conducto de su representante legal QUE EN LO CONDUCENTE DICE Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional está en condiciones de pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior, atendiendo al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 26/2000, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." El acto reclamado por la parte quejosa, se hizo consistir en:  La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 1339/2015. Así, de autos se obtiene que el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se dictó resolución constitucional, en la cual se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos:  Para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con libertad de jurisdicción y de manera inmediata emita laudo en el expediente 1339/2015. Por oficio recibido en este órgano de control constitucional el veintiocho de agosto del presente año, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 1339/2015, de su índice. Luego, en auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y de conformidad en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por la junta responsable, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obraban en el expediente y datos aportados por dicha autoridad. Ahora bien, realizado un análisis pormenorizado de lo descrito con anterioridad, este juzgador determina que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo. Es así, toda vez que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo emitido el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1339/2015, en concordancia con los efectos de la ejecutoria, que consistieron, precisamente, en que de manera inmediata se pronunciara el referido fallo. En esa tesitura, tomando en consideración que la responsable atendió en sus términos la ejecutoria de mérito, se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo para los efectos legales correspondientes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Zulema María Gutiérrez Gutiérrez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo dentro del juicio laboral 1339/2015 de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se acordará lo conducente una vez que cause ejecutoria la resolución dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, informe justificado y demás constancias. Asimismo, se da cuenta con el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Por otra parte, tomando en consideración que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, lo que implica que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, es menester precisar que la celebración de esta audiencia no desatiende la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI LA QUEJOSA O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Lo anterior, toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en los informes justificados; sin embargo, en el caso particular, se reclaman actos de carácter omisivo y por lo tanto éstos se apreciarán tal y como aparezcan acreditados ante la responsable. Abierto el período de pruebas, la Secretaria certifica que la autoridad responsable presentó pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos, únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita presentó pedimento 336/2018. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede y por formulados los referidos alegatos. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1021/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, Lluvia Marisol Valenzuela González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistentes en: "4.- ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la Omisión del Laudo parte de la autoridad responsable correspondiente dentro del expediente laboral no. 1339/2015." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, conocer de la demanda de amparo en comento, la que en auto de dos de agosto de dos mil dieciocho se admitió a trámite la misma, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno, en el que además se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que verificada al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y para ello se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente. Luego, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consiste en: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 1339/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado (certeza). Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el Presidente de la Junta responsable relativas al expediente laboral 1339/2015, de las cuales se aprecia la existencia del acto reclamado, mismas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren plena eficacia demostrativa. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causas de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y este juzgador no advierte de oficio se actualice alguna, por lo que procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. QUINTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. En esencia reclama que se viola en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que la Junta responsable ha incumplido con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, pues desatiende los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la emisión del laudo correspondiente en el juicio laboral 1339/15. Ahora bien, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto constitucional trascrito, se advierte como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Por su parte la imparcialidad significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Finalmente la justicia gratuita estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. En relación con el tema que nos ocupa, los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, prevén los plazos para emitir laudo en un juicio laboral; disposiciones que establecen: "Artículo 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener. I.- Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contraréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II.- El señalamiento de los hechos controvertidos; III.- Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados: IV.- Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado, y V.- Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De dicha normatividad se advierte que una vez cerrado el periodo de instrucción las Juntas tienen los siguientes plazos con relación al pronunciamiento del laudo: Diez días para la realización del proyecto del laudo por conducto de su auxiliar; Cinco días a partir de la recepción del anterior proyecto, para que cualquiera de sus integrantes ordenen la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que crean necesarias para el esclarecimiento de la verdad; Ocho días para el desahogo de dichas diligencias y; Diez días para la discusión y votación del laudo correspondiente por parte de los integrantes de la junta. Como se ve, a partir de que se declara cerrada la instrucción, las juntas tienen un plazo máximo de treinta y tres días hábiles para emitir laudo en los casos en que alguno de sus integrantes haya considerado necesario solicitar la práctica de alguna diligencia. De no estimarse necesaria ninguna diligencia, las juntas únicamente gozan del plazo de veinticinco días para emitir el laudo, ya que en este evento habrán de descontarse los ocho días que la ley les confiere para el desahogo de las diligencias mencionadas, conservando solamente, además de los diez días para la elaboración del proyecto de laudo, los cinco días que tienen sus integrantes para solicitar la práctica de diligencias y los diez días restantes para la discusión, votación y aprobación del laudo. De lo anterior se sigue que, si transcurrido el plazo de quince días a partir de que se declara cerrada la instrucción, no existe acuerdo por escrito en que alguno de sus integrantes solicite la práctica de determinada diligencia, entonces las juntas resultan obligadas a emitir resolución en un plazo de diez días más que, sumados a los quince anteriores, arrojan un total de veinticinco que le permite la ley cuando no se considere necesaria la práctica de alguna diligencia. En caso contrario a las juntas les aprovecha el término completo de treinta y tres días a partir de que se declara cerrada la instrucción para la emisión del laudo. Luego, si el cinco de julio de dos mil dieciséis se decretó el cierre de la instrucción y se turnó el expediente para la formulación del proyecto de laudo, es inconcuso que al uno de agosto de dos mil dieciocho, en que se presentó la demanda (más de dos años después) había transcurrido en exceso el plazo de veinticinco días para pronunciar el laudo en el juicio laboral 1339/15, ya que no resulta aplicable el plazo de treinta y tres días, pues no se acreditó que se haya dictado acuerdo por el que alguno de los integrantes de la Junta haya solicitado la práctica de determinada diligencia. Entonces, a pesar del tiempo transcurrido, hasta la emisión de esta sentencia no se ha acreditado que se hubiera pronunciado el laudo correspondiente. Por lo tanto, es evidente que la junta responsable con su actuación transgrede de forma latente los principios de inmediatez y celeridad que rigen el procedimiento laboral, por lo que se retarda con ello la administración de justicia, omisión que no puede tener ninguna justificación. En consecuencia, se estima que con su abstención incumple el plazo que para dictar laudo laboral que establecen los artículos del 885 a 890 de la legislación laboral, con transgresión al derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en un incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no proceder de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran. Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación se concede la protección constitucional a Lluvia Marisol Valenzuela González. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En esas condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo para los siguientes efectos: Para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con libertad de jurisdicción y de manera inmediata emita laudo en el expediente 1339/2015. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74 y 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como el precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Lluvia Marisol Valenzuela González, contra el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1339/15 dentro de los términos de ley, reclamado a la Junta Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para los efectos señalados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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