Lizette Aracely Sánchez Cortez

Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
929/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Lizette Aracely Sánchez Cortez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado en la misma fecha, quedando comprendido dicho plazo del cuatro al diez de noviembre de dos mil veintidós, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible una vez que transcurra el periodo de conservación, toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Lizette Aracely Sánchez Cortez, contra actos del Ayuntamiento del Municipio del Escuinapa, Sinaloa, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 929/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La omisión por parte de la autoridad responsable de reintegrarle su salario a partir del veintitrés de agosto del año en curso, en que fue reinstalada en su puesto de trabajo al servicio de la autoridad señalada como responsable Ayuntamiento del Municipio del Escuinapa, Sinaloa. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002. Ahora bien, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De los dispositivos en cita se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó criterio en la tesis P. XXVII/97, mientras que la Segunda Sala de dicho tribunal la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011. Ahora bien, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado; es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama del Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, la retención de su salario como trabajadora social a partir del veintitrés de agosto del año en curso, lo que no está en los supuestos de excepción previstos por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su labor, tan es así que, mediante convenio celebrado en la propia fecha con el citado ente edilicio, ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, en los autos del juicio laboral número 43-11/2018, fue reinstalada en su puesto de trabajo. Por tanto, es claro que dicha dependencia no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos o retenciones reclamadas no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamo que tiene que ver con la relación laboral que existe entre la quejosa como trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa, y éste último en su carácter de patrón; por lo que el ente que fue señalado como autoridad responsable sólo actúa en su función de patrón, por lo que se encuentra en un plano de igualdad con la quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio; por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Lo que se constata del contenido del artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. En ese contexto, es evidente que la relación jurídica surgida entre la parte trabajadora y la dependencia pública para la que presta sus servicios no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación laboral de coordinación. Al respecto, es ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al igual que la jurisprudencia III.4o.T.J/3 (10a.). No obstante lo anterior, previo cumplimiento de las reglas y presupuestos correspondientes, quedan a salvo sus derechos de inconformarse ante las autoridades comunes de la materia que conozcan de la relación laboral entre la quejosa y la señalada como autoridad responsable, para que haga valer las violaciones o incumplimientos que reclama en su demanda. En consecuencia, se reitera, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, con apoyo en lo establecido en su diverso ordinal 113, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. AUTORIZADOS. Se tiene al promovente autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados Salvador Alcaraz Manjarrez y Saúl Alcaraz López y Martha López Guerrero, e términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo; se autoriza al promovente, con el nombre de usuario SALVADORALCARAZ con la finalidad de que pueda acceder al expediente electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizado por la parte quejosa y pueda recibir notificaciones a través del citado mecanismo. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. Notifíquese; por medios electrónicos a la quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano