Lizeth Vázquez Galicia
Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lizeth Vázquez Galicia
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda y copias, presentados por ..., contra actos de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 225/2021-V. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden de cambio de dormitorio B, estancia 202, cama 3 a cualquier otro dormitorio o estancia dentro del centro de reclusión donde se encuentra interna la quejosa. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el este asunto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual de acuerdo al diverso 62 del mismo cuerpo de leyes debe estudiarse de manera oficiosa. Lo anterior es así porque el acto reclamado está relacionado con las condiciones de internamiento de la parte quejosa, entendido como, cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V, y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación, para combatir como el reclamado, previo a la promoción de un juicio de amparo (principio de definitividad). Dicha ley en sus artículos 30 y 31, establece diversos regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en lo que interesa, los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el reclamado, en términos de los artículos 107, 108, 109 y 110, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto es, prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger y garantizar sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes, ante posibles afectaciones. También, en su artículo 114, de la citada Ley Especial Penal señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en un plazo no mayor a veinticuatro horas; si dicha resolución es adversa, la persona privada de su libertad podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el juez de Ejecución, pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento y, conforme con el diverso 115, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición y la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez para plantearla. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa previsto en esa ley, a través del cual el juez de ejecución de oficio podrá suspenderlo de inmediato así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, sin que se actualice la excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que, el acto del que se duele la accionista de amparo, no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía biinstancial, toda vez que existe un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, y de no obtener una respuesta favorable, la ley especial en comento, contempla acudir al juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de esas peticiones. En tales condiciones, previo acudir al juicio de amparo deben los disconformes agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial, además de que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 55, junio de 2018, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo rubro y texto dicen: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Similares consideraciones sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesiones remotas de nueve y dieciséis de julio de dos mil veinte, los recursos de queja 53/2020 y 66/2020. En razón de todo lo expuesto, la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ..., por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. DE LA PARTE QUEJOSA. La quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente esta determinación, así como las subsecuentes, en el lugar donde se encuentra recluido. PUBLICACIÓN DE DATOS. Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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