Lizeth Vázquez Galicia y Otros.
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lizeth Vázquez Galicia y Otros.
- Lizeth Vázquez Galicia
Actuaciones
- Principal
MESA"7" Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la solicitud de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Archivo En consecuencia, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, archívese el expediente como asunto concluido. ...y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años. Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado Notifíquese.
- Principal
MESA "7" En la Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por -------------------------, por propio derecho, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 447/2022-7 y fórmese el expediente correspondiente. Improcedencia del juicio de amparo Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente reclama el cambio de dormitorio denominado B 202, cama tres, a uno diverso dentro del centro donde guarda reclusión, por lo que se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE DE PLANO la demanda de conformidad con los dispuesto en los numerales 113 y 112 de la citada legislación, en atención a las consideraciones: Conforme a lo dispuesto por el artículo 1131 de la Ley de Amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. De la interpretación de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o que puedan ser impugnados mediante algún medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados antes de promover el juicio aludido siempre que no se actualice alguna de las excepciones previstas al respecto. Efectivamente, la causal de improcedencia que se advierte en el presente asunto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. De ahí que -por regla general- la parte quejosa debe promover los medios de defensa que procedan contra los actos que pretenda reclamar mediante juicio de amparo antes de promoverlo -a menos que- reclame disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o bien, a menos que se actualice a su favor algunas de las excepciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, que se señalan a continuación: a) Así, en primer lugar se tiene que no debe agotar dicho principio cuando la ley de la materia no prevea el otorgamiento de la suspensión con la interposición del medio de defensa ordinario ni que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; tampoco cuando la contemple pero no con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo, o bien, con mayores requisitos que los establecidos en ésta (incluidos existencia y naturaleza del acto); ni cuando el plazo para concederla (veinticuatro horas) sea mayor que el dispuesto para la concesión de la suspensión provisional o no esté previsto. b) En segundo lugar, no debe agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, pues sería imposible jurídicamente obligarla a promover un medio ordinario de defensa si no conoce las disposiciones normativas en las que está sustentado ni, por ende, la legislación que lo regula; además, dicha ausencia implicaría una violación constitucional directa. Por lo contrario, si se reclama una indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción porque dicha parte podría agotar tales medios de defensa y, la indebida fundamentación, es un problema de mera legalidad. c) En tercer lugar, no está obligada a ello cuando únicamente alega violaciones directas a la Constitución Federal, siempre que no medie interpretación ni aplicación de preceptos secundarios, ya que, en tal caso, la falta absoluta de fundamentación y motivación le impediría promover el medio ordinario de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado. De ahí que se le dejaría en estado de indefensión si no se le permitiera impugnar éste de manera excepcional mediante el juicio de amparo sin agotar aquel. d) En cuarto lugar, tampoco debe agotar dicho principio cuando el recurso o medio ordinario de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley de la materia contemple su existencia, es decir, en una disposición normativa en sentido formal y material, puesto que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de dichos medios de defensa; ni cuando es tercero extraña al procedimiento del que derive el acto reclamado porque no le son aplicables las restricciones impuestas a las personas que sí lo son. En esa guisa, el acto reclamado consiste en el cambio de dormitorio denominado B 202, cama tres, a uno diverso dentro del centro donde guarda reclusión, atribuido al Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, entre otras. Toda vez que se trata de una medida relacionada con la condición de internamiento de la quejosa, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis2. En este orden, se advierte que la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 48 establece: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario." Del precepto transcrito, se desprende que la Ley de Ejecución Penal Nacional, prevé que las resoluciones que emita el Comité Técnico podrán ser impugnadas ante el juez de Ejecución dentro de los tres días siguientes a su notificación. Es decir, que contra el acto aquí reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla un recurso idóneo, por virtud del cual, el acto puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso, la quejosa haya hecho valer el referido medio de impugnación previsto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que así lo expresó en su demanda de amparo. Bajo ese panorama, resulta claro que si la quejosa reclama el cambio de dormitorio denominado B 202, cama tres, a uno diverso dentro del centro donde guarda reclusión, respecto de la cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un medio de impugnación, debió agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo. Máxime que si con motivo de la interposición del citado recurso, se puede suspender y analizar la legalidad del acto en cuestión, pues tal proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Por tanto, si la quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra la sesión del comité técnico, sin antes haber agotado la revisión prevista en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye el medio de defensa eficaz e idóneo para analizar su legalidad, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En otro aspecto, debe decirse que el normativo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes transcrito, contempla la suspensión de las sanciones impuestas por medidas disciplinarias cuando éstas son emitidas en resoluciones administrativas. Por tanto, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, la legislación citada en el párrafo que antecede, prevé la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances que la ley de la materia, esto es, sin exigir mayores requisitos ni plazo mayor al que ésta, establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tampoco se está en el caso de que se surta alguna de las diversas excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, ello, en razón de que la quejosa no hace referencia a violaciones directas a la Constitución. Tal extremo, no puede quedar al arbitrio de la interesada, pues no puede colocarse motu proprio en el caso de excepción. Máxime que, como se ha puntualizado, la ley especial contempla el medio de impugnación accesible para que la autoridad judicial analice el acto que ahora pretende combatir. Así las cosas, al no agotarse el recurso de revisión ante el Juez de Ejecución Penal, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO la demanda de derechos fundamentales. Domicilio del quejoso y autorizados Con apoyo en la fracción I, inciso a) del artículo 26 de la ley de la materia, realícense todas las notificaciones de manera personal al quejoso en el lugar donde se encuentre recluido. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa en el centro donde guarda reclusión.
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