Lizeth Trinidad Barrientos
Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lizeth Trinidad Barrientos
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, fracción III, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 20, fracción II, del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 antes invocado, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el oficio 29933/2023 de trece de octubre del presente año, firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al que anexa el juicio de amparo 937/2023del índice de dicho órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por Lizeth Trinidad Barrientos, contra actos de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Ahora, tomando en consideración que por proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, declinó su competencia legal para conocer de la demanda de amparo por los motivos expuestos en el citado auto de incompetencia; por tanto, al reclamarse actos que tienen ejecución en Veracruz, Veracruz, lugar donde el suscrito ejerce jurisdicción territorial, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada para conocer del asunto y se avoca a proveer lo conducente respecto del mismo; acúsese recibo al Juzgado de Distrito referido. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ? La resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 1687/2023, dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, en la que se declaró fundada la queja interpuesta contra el auto de diecinueve de abril de este año, dictada en los autos del expediente 1347/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en que ordenó la devolución a trámite del expediente 1347/2009, para el cumplimiento de lo ordenado en los artículos 191, 192, 194 del Código Civil en relación con el diverso 623 de la normatividad procesal de esa materia, a fin de resolver sobre la planilla de liquidación de la sociedad conyugal. Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio en los que la impetrante narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. Que es albacea designada dentro del expediente 1347/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. 2. Que por auto de diecinueve de abril de este año, se devolvieron los autos a trámite, a fin de resolver respecto a la liquidación de la sociedad conyugal. 3. Inconforme con esa determinación judicial, María del Pilar Hernández Ferreira, interpuso recurso de queja, el cual por razón de turnó le tocó conocer a la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, la cual, mediante resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el toca 1687/2023 de su índice, declaró fundado dicho recurso. Lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Destacado lo anterior, el suscrito considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.95 MARIANA MOLINA DOMINGUEZ aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De dichos dispositivos legales se desprende que la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de la propia Ley de Amparo, y que el último numeral citado, exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, de lo antes expuesto, se desprende clara y evidentemente que la impetrante Lizeth Trinidad Barrientos es albacea en el expediente 1347/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, y que el mismo se encuentra en etapa de ejecución. En ese contexto, el acto reclamado consistente en la resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 1687/2023, dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, en la que se declaró fundado el recurso de queja hecho valer contra el auto de diecinueve de abril de este año, emitido dentro del expediente 1347/2009 en la cual se ordenó volver los autos a trámite a fin de emitir el proyecto de liquidación de la sociedad conyugal; no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de que se trata, habida cuenta que en dicha resolución, no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; sino, que se trata únicamente de la resolución que ordenó la devolución a trámite del indicado expediente 1347/2009, para el cumplimiento de lo ordenado en los artículos 191, 192, 194 del Código Civil en relación con el diverso 623 de la normatividad procesal de esa materia, a fin de resolver sobre la planilla de liquidación de la sociedad conyugal. Ello es así, tomando en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme ha determinado que la "última resolución" que se dicte en la fase de ejecución de una sentencia, es aquélla en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, la impetrante debe esperar hasta que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución, pudiendo ser la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; y reclamar conjuntamente las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Máxime que no se advierte que la resolución impugnada afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del peticionario de amparo, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, dado que debe decirse que la Ley de Amparo vigente, define expresamente cuales son los actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De igual forma, mediante criterio jurisprudencial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en la etapa de ejecución de sentencia, la afectación directa a derechos sustantivos del promovente deben ser ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la especie, la resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 1687/2023, dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, en la que se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por María del Pilar Hernández Ferreira, contra el auto de diecinueve de abril de este año, emitido dentro del expediente 1347/2009 en el cual se ordenó que volvieran los autos a trámite a fin de emitir el proyecto de liquidación de la sociedad conyugal, no es ajena a la cosa juzgada en el controvertido de origen, sino más bien, se trata de actos tendentes a dejar establecida la manera en que se debe cumplir con la sentencia ordenada por el Juez de origen, por lo que, se reitera no es un acto ajeno a la cosa juzgada; por el contrario, deriva de una resolución definitiva que constituye cosa juzgada y, por ende, es de orden público e interés social que se logre el cumplimiento de lo sentenciado. En esas condiciones, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es inconcuso que ha quedao plenamente demostrado que en el caso particular, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por Lizeth Trinidad Barrientos
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