Lizeth Martínez Pérez

Expediente 277/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
277/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Lizeth Martínez Pérez
  • LIZETH MARTÍNEZ PÉREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    MESA I. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    MESAI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SEIS DE MARZO ACTUAL, TODA VEZ QUE SE DEJO AVISO EN EL INMUEBLE SEÑALADO AUT0O DE SEIS DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 277/2019-I. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama esencialmente: - Todo lo actuado en el expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 1153/2016, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, así como la ejecución de la sentencia dictada dentro del propio juicio. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo 107/2018-VI, promovido por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad. Dicho asunto que se admitió a trámite el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, y fue resuelto mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo; resolución que adquirió firmeza procesal el ocho de junio de la misma anualidad. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". En ese sentido, el precepto legal transcrito, a saber, el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo artículo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por la misma quejosa, en contra de los mismos actos y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De ello se deduce, que la disposición legal en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso (.).". La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen la cosa juzgada como 'la verdad legal' y contra la cual 'no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley', evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de 'ejecutoria'. Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado; 3. Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, 4. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 107/2018-VI, del índice de este Juzgado de Distrito, por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad; en esa línea argumentativa es indispensable corroborar que se actualizan los supuestos de cosa juzgada y para tal efecto se condensa lo siguiente: a) Existe otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso (107/2018-VI del índice de este Juzgado Federal). b) Contra la misma ley o acto reclamado (todo lo actuado en el expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 1153/2016, radicado en el -entonces- Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, así como la ejecución de la sentencia dictada dentro del mismo juicio). c) Que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables (en el primer juicio se señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y Ejecutor adscrito a dicho juzgado y en este juicio se señaló al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y Ejecutor adscrito a dicho juzgado). En cuanto a este punto, se destaca que en el anterior juicio referido es ostensible que era un único Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y ahora ya hay más de uno, por ello, se denominó Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Esto obedece a que en la Gaceta de Gobierno del Estado de México publicada el nueve de abril de dos mil dieciocho, se advierte el acuerdo del Pleno Extraordinario del Consejo de la Judicatura del Estado de México de dieciséis de marzo de ese año, en el cual se transformó y cambió de denominación el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México a Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Tampoco pasa inadvertido que en la demanda por la cual deriva el presente juicio de amparo señale que defiende el inmueble ubicado en calle Villada, número trecientos nueve (309), Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México y en la diversa demanda del juicio de amparo 107/2018-VI señaló que defendía el bien ubicado en la calle Villada, número trecientos diez (310), Barrio de San Pedro, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México; pues en ambos juicios señala las mismas colindancias y superficie, esto es: Al norte: 30.20mts y colinda con Celia Cardoso y Josefina Garduño. Al sur: 24.30 mts y colinda con Ana María Rodríguez. Al oriente: 13.00 mts y colinda con barranca. Al poniente: 9.50 mts y colinda con calle Vicente Villada. Superficie aproximada de 306.56 metros cuadrados. d) Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva (mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho este juzgado sobreseyó el juicio de amparo y por auto de ocho de junio adquirió firmeza procesal). En ese tenor, si en este juicio de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el mismo que reclamó en el diverso juicio 107/2018-VI del índice de este Juzgado de Distrito, pues al reclamar la ejecución traducida en la ejecución sobre el inmueble ubicado en ********; entonces, resulta evidente que no puede impugnarse nuevamente en este sumario. Bajo esa óptica, resulta palmario que si el acto que se reclama por esta vía ya fue materia de estudio en diverso juicio, no puede esgrimirse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de garantías 107/2018-VI, en el que se resolvió sobre el acto reclamado en este juicio de amparo, es una decisión firme y es cosa juzgada; por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. Resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 91, tomo 181-186 Tercera Parte, séptima época, con número de registro 237445, que se cita enseguida: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada I.7o.A.132 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2717, con número de registro 164818, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados.". Sustenta lo expuesto la tesis aislada XIX.2o.P.T.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, con número de registro 167743, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En otro punto, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******; únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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