Lizeth Martínez González
Expediente 214/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lizeth Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por ---------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por lo tanto se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en tanto el original del incidente de suspensión, es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinaciones en las que fue concedida la suspensión, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, el duplicado del incidente de suspensión es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL QUE SE ACORDO: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de veinte días otorgado a la parte quejosa a efecto de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos por los cuales se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, sin que haya realizado manifestación alguna y sin que haya comparecido a recoger los edictos de mérito. De lo cual se puede advertir la actualización de la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causal de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. En sesión celebrada el siete de julio de dos mil diez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre una nueva reflexión del criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que, si bien el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, señala que agotado el procedimiento de investigación para el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, circunstancia esta última que el juzgador debe ponderar según las particularidades del quejoso. El criterio de referencia es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ahora bien, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio del tercero interesado Miguel Ángel González Luna, por conducto de diversas autoridades administrativas; y en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, una vez agotada la búsqueda en mención, se ordenó el emplazamiento del referido tercero por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que se advierta manifestación de la parte quejosa, relativa a la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, aunado a que en concepto del que ahora resuelve, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo no existen indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, en razón de que no cumplió con dicho requerimiento, se procede al sobreseimiento del presente juicio de amparo. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada, pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la promovente del amparo, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Lizeth Martínez González, pues con la falta de emplazamiento del tercero Miguel Ángel González Luna, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la promovente del amparo. Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En consecuencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del ordenamiento mencionado, así como el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y a falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de veinte días otorgado a la parte quejosa a efecto de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos por los cuales se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, sin que haya realizado manifestación alguna y sin que haya comparecido a recoger los edictos de mérito. De lo cual se puede advertir la actualización de la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causal de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. En sesión celebrada el siete de julio de dos mil diez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre una nueva reflexión del criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que, si bien el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, señala que agotado el procedimiento de investigación para el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, circunstancia esta última que el juzgador debe ponderar según las particularidades del quejoso. El criterio de referencia es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Ahora bien, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio del tercero interesado Miguel Ángel González Luna, por conducto de diversas autoridades administrativas; y en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, una vez agotada la búsqueda en mención, se ordenó el emplazamiento del referido tercero por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que se advierta manifestación de la parte quejosa, relativa a la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, aunado a que en concepto del que ahora resuelve, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo no existen indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, en razón de que no cumplió con dicho requerimiento, se procede al sobreseimiento del presente juicio de amparo. Por tal motivo, y dado que en el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada, pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la promovente del amparo, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Lizeth Martínez González, pues con la falta de emplazamiento del tercero Miguel Ángel González Luna, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la promovente del amparo. Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En consecuencia, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del ordenamiento mencionado, así como el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y a falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Atención a Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el cual manifiesta la imposibilidad que tiene a efecto de proporcionar la información relativa al tercero interesado ---------, por el motivo que expone. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que debido a que la parte quejosa no proporcionó mayores datos en cumplimiento a los diversos requerimientos formulados, en auto de dieciocho de febrero del año en curso, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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