Lizeth Guevara Rodríguez

Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1075/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Lizeth Guevara Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 1075/2023-V que le correspondió. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del estudio integral del escrito inicial de demanda, se advierte la parte quejosa señala en lo destacado, como acto reclamado: -El auto dictado dentro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés en la cual determinó resolver el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la parte quejosa. Mismo que desestimó el medio de impugnación que pretendía combatir el auto en el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial que ofreció la parte actora (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). De los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia: -La tercera interesada ******************** presentó demanda contra la aquí quejosa. - Se formó el expediente 608/2023 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz. -El catorce de junio de dos mil veintitrés la impetrante de amparo dio contestación a la demanda en el juicio de origen. Asimismo, formuló adición al cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en el escrito de demanda (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). -Por auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad la responsable señaló fecha y hora para celebrar la audiencia, así mismo ordenó la preparación para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes. Omitiendo la adición del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la actora que se propuso en la contestación de demanda. -El doce de septiembre de dos mil veintitrés el autorizado de la parte quejosa presentó escrito ante la responsable a efecto de que proveyera requerir a los peritos designados por las partes a fin de que complementen el dictamen sobre el que versa la prueba parcial ofertada por la actora. -En la audiencia celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés el Juez responsable determinó no había lugar a proveer de conformidad el escrito narrado en el párrafo anterior. -Contra de tal determinación interpuso recurso de revocación, empero el juez acordó: ".Se tiene por presentado al licenciado ********************, Abogado Patrono de la parte demandada interponiendo RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del auto mediante el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial que ofrece la actora, que con independencia de que no precisa el agravio que se le causa en el acuerdo referido y únicamente hace mención a los preceptos 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se DESESTIMA de plano ya que la aplicación de los artículos referidos es facultad del juzgador y que únicamente lo podrá considerar al momento de pronunciarse la sentencia correspondiente. Y en cuanto a los diversos 228 y 232 del código invocado se significa que el primero (228), es motivo de su análisis al momento de pronunciarse sentencia y por cuanto al segundo (232), las pruebas que se ofertaron se tuvieron por admitidas en el auto dictado con fecha veinticinco de agosto del año en curso" Ahora de lo anterior se advierte que lo aquí reclamado consiste en el acuerdo dictado por la autoridad responsable el veintiséis de septiembre del año en curso, en la audiencia celebrada en los autos del juicio 608/2023, que desestimó el recurso de revocación por medio del cual la quejosa pretendía combatir el auto mediante el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial ofrecida por la aquí tercera interesada. En tal virtud, respecto al acto reclamado se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los diversos 107, fracción V; 170, fracción I; 171 y 172, fracciones III, IX y XII; todos de la Ley de Amparo. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. La interpretación de los artículos citados, ponen en consideración, dos aspectos destacados: a) Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emanados dentro de un juicio, siempre y cuando tengan una ejecución de imposible reparación, o bien cuando es promovido por un tercero extraño; y, b) Que las violaciones procesales cometidas en el juicio sólo pueden ser reclamables en amparo directo, que se promueve contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio de que se trate. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el proveído que determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial ofrecida por la parte actora (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación, en razón de que el acuerdo de referencia constituye una violación procedimental en términos de las fracciones III, IX y XII, del numeral 172 de la Ley de Amparo. Cuestión que estaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. Aún en el supuesto contrario, está en condiciones de invocar dichas violaciones en vía de concepto de violación al promover el amparo directo en contra del fallo que ponga fin al juicio, según lo dispone el artículo 171 del ordenamiento legal invocado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se tiene el número telefónico proporcionado. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios a Arturo Guzmán García, Erika Mora Ramón, Arturo Enríquez Pita, Ricardo Ramos Ortiz, Nancy Beatriz Azamar Martínez, Nahin De la Hoz Aguirre, Claudia Isela Morales Loyo, ********************y ********************. Y en términos restringidos del citado numeral al resto de los nombrados. FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 1075/2023-V que le correspondió. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del estudio integral del escrito inicial de demanda, se advierte la parte quejosa señala en lo destacado, como acto reclamado: -El auto dictado dentro de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés en la cual determinó resolver el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la parte quejosa. Mismo que desestimó el medio de impugnación que pretendía combatir el auto en el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial que ofreció la parte actora (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). De los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia: -La tercera interesada ******************** presentó demanda contra la aquí quejosa. - Se formó el expediente 608/2023 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz. -El catorce de junio de dos mil veintitrés la impetrante de amparo dio contestación a la demanda en el juicio de origen. Asimismo, formuló adición al cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en el escrito de demanda (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). -Por auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad la responsable señaló fecha y hora para celebrar la audiencia, así mismo ordenó la preparación para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes. Omitiendo la adición del cuestionario de la prueba pericial ofrecida por la actora que se propuso en la contestación de demanda. -El doce de septiembre de dos mil veintitrés el autorizado de la parte quejosa presentó escrito ante la responsable a efecto de que proveyera requerir a los peritos designados por las partes a fin de que complementen el dictamen sobre el que versa la prueba parcial ofertada por la actora. -En la audiencia celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés el Juez responsable determinó no había lugar a proveer de conformidad el escrito narrado en el párrafo anterior. -Contra de tal determinación interpuso recurso de revocación, empero el juez acordó: ".Se tiene por presentado al licenciado ********************, Abogado Patrono de la parte demandada interponiendo RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del auto mediante el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial que ofrece la actora, que con independencia de que no precisa el agravio que se le causa en el acuerdo referido y únicamente hace mención a los preceptos 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se DESESTIMA de plano ya que la aplicación de los artículos referidos es facultad del juzgador y que únicamente lo podrá considerar al momento de pronunciarse la sentencia correspondiente. Y en cuanto a los diversos 228 y 232 del código invocado se significa que el primero (228), es motivo de su análisis al momento de pronunciarse sentencia y por cuanto al segundo (232), las pruebas que se ofertaron se tuvieron por admitidas en el auto dictado con fecha veinticinco de agosto del año en curso" Ahora de lo anterior se advierte que lo aquí reclamado consiste en el acuerdo dictado por la autoridad responsable el veintiséis de septiembre del año en curso, en la audiencia celebrada en los autos del juicio 608/2023, que desestimó el recurso de revocación por medio del cual la quejosa pretendía combatir el auto mediante el que se determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial ofrecida por la aquí tercera interesada. En tal virtud, respecto al acto reclamado se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los diversos 107, fracción V; 170, fracción I; 171 y 172, fracciones III, IX y XII; todos de la Ley de Amparo. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. La interpretación de los artículos citados, ponen en consideración, dos aspectos destacados: a) Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emanados dentro de un juicio, siempre y cuando tengan una ejecución de imposible reparación, o bien cuando es promovido por un tercero extraño; y, b) Que las violaciones procesales cometidas en el juicio sólo pueden ser reclamables en amparo directo, que se promueve contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio de que se trate. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el proveído que determinó no autorizar la ampliación de los puntos respecto de la prueba pericial ofrecida por la parte actora (en materia de topografía, agrimensura, apeo y deslinde). Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación, en razón de que el acuerdo de referencia constituye una violación procedimental en términos de las fracciones III, IX y XII, del numeral 172 de la Ley de Amparo. Cuestión que estaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. Aún en el supuesto contrario, está en condiciones de invocar dichas violaciones en vía de concepto de violación al promover el amparo directo en contra del fallo que ponga fin al juicio, según lo dispone el artículo 171 del ordenamiento legal invocado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se tiene el número telefónico proporcionado. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios a Arturo Guzmán García, Erika Mora Ramón, Arturo Enríquez Pita, Ricardo Ramos Ortiz, Nancy Beatriz Azamar Martínez, Nahin De la Hoz Aguirre, Claudia Isela Morales Loyo, ********************y ********************. Y en términos restringidos del citado numeral al resto de los nombrados. FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.

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