Lizeth Adriana Martínez Muñoz

Expediente 969/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
969/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Lizeth Adriana Martínez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Lizeth Adriana Martínez Muñoz, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Finalmente, con el oficio firmado por el Juez Cuarto Familiar en Cuautitlán, Estado de México, solicita se aclare el requerimiento que le fue formulado el once de diciembre de dos mil veinte; por tanto, mediante oficio que derive del presente auto, hágase de su conocimiento que mediante proveído de trece de los actuales le fue notificado que las constancias de referencia no resultan necesarias, lo anterior, en virtud de que la demanda que nos ocupa fue desechada, máxime que dentro del presente proveído se ha declarado que dicha determinación ha causado ejecutoria. Notifíquese...MESA 9

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos que guarda el presente sumario, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en acuerdo de once de diciembre pasado ha transcurrido, sin que se advierta que ésta haya desahogado en sus términos el requerimiento formulado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda en relación al escrito de demanda. Consideraciones previas. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo hecha valer por la promovente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Partiendo de la premisa que el juicio constitucional de amparo es de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación se rige por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el principio de definitividad, conforme al cual, el juicio de amparo procede, por regla general, únicamente en contra de actos definitivos, es decir, respecto de los cuales no exista recurso o medio ordinario de defensa por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados los actos reclamados. En ese sentido el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para revocar, nulificar o modificar el acto que reclama antes de acudir al juicio de amparo, de tal suerte que, al existir un medio ordinario de impugnación, sin que lo haya agotado el amparo resulta improcedente. Así, se tiene que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los que el gobernado promueve el juicio constitucional al impugnar un acto emanado de dichos órganos jurisdiccionales, sin haber agotado previamente el recurso que corresponda conforme a la ley que rija tales actos. Ahora, de una acuciosa lectura de la fracción en comento, se advierte que el legislador estableció como presupuestos para que se actualice la causa de improcedencia referida, los siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 361, del tomo IV, segunda parte-1, juliodiciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En ese contexto, lo procedente es verificar si en el caso en estudio se actualizan los aludidos elementos: a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Este requisito se encuentra satisfecho, porque el acto reclamado proviene del Juez Cuarto Familiar en Cuautitlán Estado de México, es decir, de un tribunal judicial. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte dictado por el Juez Cuarto Familiar en Cuautitlán Estado de México, relativo al divorcio incausado, expediente 1019/2014, mediante el cual el juez responsable determinó que no procedía admitir el recurso de apelación propuesto por la demanda Lizeth Adriana Martínez Muñoz, aquí quejosa; por tanto, el procedimiento se rige conforme lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en el cual, la fracción III del artículo 1.393 establece lo siguiente: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: (.). III. Deniega una apelación." De la transcripción anterior se advierte, que en la fracción aludida se prevé el recurso de queja en contra de las determinaciones que nieguen dar trámite a los recursos de apelación. Por tanto, es claro que en el caso la ley prevé el recurso de queja en contra del acto que reclama la aquí quejosa, es decir, el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por lo que estaba obligado a agotar ese medio de defensa, cuya tramitación esta prevista en los artículos 1.393 al 1.398, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México Por lo que es evidente, que conforme a los preceptos legales citados, en contra del acto reclamado procedía el recurso de queja, pues fue dictado en un juicio con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí peticionaria de amparo, por tanto, si la impetrante de amparo decidió impugnar la sentencia que resolvió el expediente 1019/2014, mediante el recurso de apelación y el juez responsable determinó en el acto reclamado no darle trámite por considerar que no era el recurso idóneo, la quejosa estaba obligada a agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir a la presente instancia Constitucional. c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Como se evidenció en el punto anterior, el recurso de queja está contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, codificación aplicable al auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio 1019/2014, promovido por Daniel Méndez Camargo, en contra de Lizeth Adriana Martínez Muñoz, aunado a que dicho medio de defensa se interpone ante el juzgado que conoce de ese procedimiento. d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Este requisito también se encuentra satisfecho, pues dada la naturaleza del recurso de queja, tiene como finalidad que el tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del juez de origen. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22 Constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal de la quejosa; ni se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio; así como tampoco la procedencia del recurso de queja por denegada apelación tiene interpretación adicional ni sus fundamentos legales son insuficientes; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 37, del Volumen XII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, séptima época, del siguiente tenor literal: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 2055, del tomo 3, libro XVIII, marzo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Sin que pase inadvertido por el suscrito que en el juicio de origen interviene una menor, la cual se ve afectada en su esfera jurídica, pues el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí misma, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del tomo I, libro 1, diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por tanto, la denegada apelación siempre será susceptible de ser impugnada a través del recurso de queja, ya que ello tiende a proteger a las partes de que un tribunal inferior les deniegue injustificadamente su derecho a apelar y que se dé por sentado previamente lo que en realidad constituirá el punto de debate del recurso de queja, es decir, si el auto recurrido era o no apelable. Consecuentemente la quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad como se ha explicado en líneas que anteceden, lo que no aconteció. Desechamiento demanda de amparo. Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; en consecuencia, si el acto reclamado en estudio no fue impugnado a través del medio ordinario de defensa que prevé la codificación de la materia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; se desecha la presente demanda de amparo promovida por Lizeth Adriana Martínez Muñoz. Se levanta reserva. Por otra parte, del estado de autos se desprende que mediante proveído de doce de los actuales este órgano reservó realizar pronunciamiento en relación a la prórroga solicitada por el Juez Cuarto Familiar en Cuautitlán Estado de México; sin embargo, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden resulta innecesarias las constancias requeridas a dicha autoridad, por tanto, mediante oficio que derive de la presente determinación, hágase de su conocimiento el contenido del presente. BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.86.dd 15/01/21 09:28:36 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 ??????????????? Notifíquese y, al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México por medio del correo electrónico jdo4familiar.cuautitlan@pjedomex.gob.mx...MESA 9

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto Familiar en Cuautitlán Estado de México, por medio del cual, en atención al proveído de treinta y uno de diciembre pasado, realiza diversas manifestaciones y, en esencia solicita una prórroga a efecto de cumplir con el requerimiento formulado en dicho auto; es decir, remitir copia autorizada del expediente 1019/2014, de su índice. En ese contexto, se tienen por formuladas las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante y en atención a las mismas, una vez que se haya cumplido con el plazo otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención formulada en el auto de radicación se proveerá lo conducente sobre la concesión o no de la prórroga solicitada. Notifíquese

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por recibida la razón actuarial de veintisiete de diciembre de dos mil veinte, signada por el Actuario Judicial adscrito, por medio del cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de los actuales, informa el impedimento que tuvo para notificar dicho proveído a la parte quejosa, lo anterior, en virtud de que en el domicilio proporcionado por ésta no pudo ser localizada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, lo anterior, mientras no señale un domicilio cierto en la residencia de este órgano jurisdiccional. Por otra parte del estado de autos que guarda el presente sumario, se advierte que no obra en autos constan cia de notificación a la autoridad Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, del auto de once del mes y año en curso; por tanto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, se le requiere para dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del expediente 1019/2014, de su índice, a fin de contar con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda; bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización1, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Notifíquese y, al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México por medio del correo electrónico jdo4familiar.cuautitlan@pjedomex.gob.mx, del cual se puede confirmar su recepción en el teléfono celular 55 58 70 83 96, a cargo de Teresa Martínez Martínez... Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida Lizeth Adriana Martínez Muñoz quien se ostenta como representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.M.M., contra actos que reclama del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 969/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención de la Demanda. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia. 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En virtud de lo anterior y a efecto de precisar la litis y proveer sobre la demanda de amparo promovida por Lizeth Adriana Martínez Muñoz quien se ostenta como representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.M.M., con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracciones I y IV en relación con el diverso 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo y 276 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, y para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: 01/04/22 11:19:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.f6 Miguel Ángel Burguete García 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Bajo ese contexto, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad deberá desahogar los siguientes requerimientos: a) Toda vez que de la demanda se advierte que Lizeth Adriana Martínez Muñoz quien se ostenta como representante de la menor de identidad reservada con iniciales D.M.M. y que dicha persona es menor de edad, deberá exhibir en copia certificada, documento suficiente y fehaciente con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: P./J. 23/2009, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Común, página: 7, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que 01/04/22 11:19:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.f6 Miguel Ángel Burguete García 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. En el entendido que deberá exhibir igual número de reproducciones simples del documento con el cual acredita su personalidad, de tal suerte que cada copia de demanda cuente con la réplica respectiva del documento de personalidad, ello con la finalidad de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Y la tesis XXVII.3o.9 K del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 5, tomo II (abril de 2014), visible en la página 1478, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO OBTENER OFICIOSAMENTE COPIAS DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES ANEXAS A AQUÉLLA PARA CORRER TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES. Conforme a los artículos 108, fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el único documento inherente a la demanda de amparo indirecto es el que se anexa para acreditar la personalidad del promovente que actúa a nombre del quejoso, pues se trata de comprobar un presupuesto procesal sin el cual no prospera la acción constitucional, ya que su falta amerita prevención, cuyo incumplimiento ocasiona tener por no presentada la demanda; por ello, cualquier otro documento que se acompañe a la demanda, aun cuando sea un anexo de ésta, sólo tendrá la calidad de prueba documental, ya que puede ser exhibida hasta antes de la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, segundo párrafo, de la citada ley. Por consiguiente, aun cuando el artículo 110 señala que los quejosos deberán exhibir copias de su demanda para traslado a las demás partes, ello no implica que deban exhibir copia de las pruebas documentales que anexen a dicho escrito, pues esto conllevaría generar al quejoso una carga procesal no prevista en la ley y, por lo mismo, no es obligación del Juez de Distrito obtener oficiosamente las copias de esos documentos para efectuar ese traslado." Apercibimiento a la parte quejosa. Ahora bien, en caso de que la promovente no exhiba la personalidad con la que se ostenta y toda vez que en el presente juicio de amparo involucran derechos del menor de iniciales D.M.M. y ante el temor de que exista un conflicto de intereses respecto de la persona que comparece en su representación y al interés superior de éste; es por ello, que aun cuando no es vinculante para el suscrito juzgador el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una herramienta útil para impartir justicia, y con apoyo en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en relación al diverso artículo 8 de la Ley de Amparo, se girara oficio al Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Estado de México, con la finalidad de que designe un representante especial que intervenga en el presente juicio de amparo en representación del citado menor y dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de que surta efectos la notificación del proveído en que se gire el oficio, informe a este juzgado federal el nombre del representante designado para que intervenga en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido que una vez designado el representante del menor, deberá notificarle su obligación de comparecer al local de este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido; ocurrido lo anterior, dentro del término de tres días, el representante designado deberá imponerse de la demanda de amparo y manifestar lo que al interés superior del menor convenga, pues constituye un deber del juzgador, privilegiar el interés superior del niño en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados sus derechos, cuya obligación no solo debe girar en torno al menor perjuicio que le pueda causar a la niñez, si no lo que más benéfico resulte tanto a corto plazo como en lo futuro. Apoya lo anterior la tesis III.1°.P.50 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, agosto de dos mil dos, visible en la página 1324, cuyo rubro y texto establece: MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." b) Asimismo, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, toda vez que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Solicitud de constancias. Finalmente, se requiere al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del expediente 1019/2014, de su índice, a fin de contar con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda; bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en: Cerrada del Pino sin número, Colonia San Mateo Xoloc, Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. 01/04/22 11:19:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.f6 Miguel Ángel Burguete García 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le 01/04/22 11:19:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.f6 Miguel Ángel Burguete García 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los 01/04/22 11:19:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bc.f6 Miguel Ángel Burguete García 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 969/2020 Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. MESA 9

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