Lizet Hernandez Gonzalez

Expediente 323/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
323/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Lizet Hernandez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 323/2021 Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 323/2021 Puebla, Puebla, siete de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe *, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género y Violencia contra las mujeres, Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV- 2, motivo por el cual se declaró en todo el país contingencia sanitaria y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la quejosa comprende:el acuerdo mediante el cual remite la investigación a la Fiscalía del Estado de México Pues aduce que el treinta de marzo de dos mil veintiuno,su asesor jurídico acudió a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso para presentar una promoción en autos de la carpeta de investigación *** iniciada por el hecho con apariencia de delito de violación equiparada, a lo que la agente del ministerio público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género y Violencia contra las mujeres, Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso, en cargada de la referida indagatoria manifestó que ya había solicitado el envío de la carpeta al Estado de México para su integración, que les iban a notificar con qué número de oficio se despacharía y la fecha en que se haya enviado. Ahora, aunque el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece que procede el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado. De ahí que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Entonces, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no solo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes, como se mencionó con anteroridad. De lo que se concluye que la determinación reclamada por la quejosa mediante el cual la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso encargada de la carpeta de investigación *, remitió la investigación a la Fiscalía del Estado de México, esto es se declaró incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de un delito, no es reclamable en amparo indirecto al no ser definitiva. Lo anterior, porque hasta ese momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, lo cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna a la institución del Ministerio Público; por lo que dicha resolución de incompetencia no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la quejosa, ni que lesione por tanto su interés jurídico, porque el hecho de que sea otro agente del Ministerio Público investigador quien integre la indagatoria y señale si se actualizan o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, en su caso, no implica alguna lesión puesto que aún falta decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no. Por tanto, al no existir un agravio personal y directo, tampoco existe interés jurídico de la quejosa para combatir el acto en cuestión a través del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es ni definitivo ni de imposible reparación, ya que está condicionado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a favor de quien se declinó la competencia y, en todo caso, sería esa determinación la que podría causar un perjuicio a la aquí quejosa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de la quejosa *, porque el acto que reclama actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que podrá registrarse en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Se tienen por autorizados a Leticia María Hernández Ávila y Enrique Morales Hernández en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, porque así fue solicitado y por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se toma nota del señalamiento de los números telefónicos para establecer contacto con la parte quejosa, en caso de ser necesario dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19; pero no así para notificarla, porque esto debe hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia. Ahora, la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo solicitó que las notificaciones le sean practicadas de manera electrónica a través del usuario ***. En consecuencia de ello y porque así fue solicitado de manera expresa por la quejosa en su demanda, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal sean realizadas a la quejosa a través del mecanismo de notificación electrónica; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instrúyase a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario ElJovenMorales. Acceso al expediente electrónico. La quejosa solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona el usuario ***. En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario referido; por lo que se instruye que se habiliten en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y en forma personal a la quejosa (vía electrónica); cúmplase.

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