Lizbeth Velázquez Martínez

Expediente 1371/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1371/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Lizbeth Velázquez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: ... Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Informe justificado respecto de ampliación de demanda. Agréguense a los autos los telegramas remitidos por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, respecto de la ampliación formulada en autos de la autoridad oficiante. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en su telegrama de cuenta. Autoridad informa. Por otro lado, agréguense a los autos los telegramas remitidos por el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales informa que dichas autoridades recibieron los diversos oficios por los que se hizo de su conocimiento el auto de tres de julio del año en curso en el que la parte quejosa interpuso recurso queja en contra de la ampliación de demanda, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil diecinueve.  Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por *** a través del cual desahoga la prevención decretada en autos. Luego, visto el escrito de demanda y su aclaración se advierten los datos siguientes: *** Se desecha demanda de amparo Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda de amparo procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese contexto, se observa que la quejosa reclama el emplazamiento practicado en el juicio ordinario civil de divorcio incausado 847/2016, radicado ante el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado en él, incluyendo la sentencia y su ejecución. Así, respecto a los actos reclamados en cuestión, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, conviene precisar que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; por su parte, el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Aclarado lo anterior, a fin de dar respuesta a la causa de improcedencia que se aduce actualizada, en primer término, es conveniente precisar que la parte quejosa acude a esta instancia a controvertir el emplazamiento que se le practicó en el juicio de divorcio incausado ***, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecisiete - en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial-. Ahora, del escrito aclaratorio de demanda específicamente en el apartado de antecedentes, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó en esencia lo siguiente: a) En auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió a trámite la demanda de divorcio incausado promovido por *** en contra de la quejosa ***, y la registró con el número *** señalándose las diez horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis para la audiencia de avenencia. b) Previo citatorio del siete de marzo de dos mil diecisiete, el nueve siguiente se emplazó a la demandada. c) En veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Juez responsable, dictó sentencia definitiva en la que determinó decretar la disolución del matrimonio, dejando expeditos los derechos de las partes para hacer valer vía incidental lo relativo al convenio. d) El nueve de junio de dos mil diecisiete, se declaró que la resolución relativa al divorcio había causado estado por ministerio de ley, por lo que se ordenó remitir a la autoridad registral del estado civil los oficios para realizar las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, es importante traer a colación el contenido de los artículos 442, 443, 445, 446, 447 y 448 del Código Civil del Estado de Puebla, que regulan lo relativo al divorcio incausado, y que dicen: "Artículo 442. El divorcio incausado podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges o por ambos, ante Juez de lo Familiar competente, con la sola manifestación de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin ser necesario señalar la causa por la que lo solicita." "Artículo 443. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I. A quién se confiarán los hijos de los consortes durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, estableciéndose la designación de guarda y custodia; II. El modo de ejercitar, durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, el derecho de visitar a sus hijos y de tener correspondencia con ellos, respecto al cónyuge a quien no se confíen aquéllos; III. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio así como la forma de hacer el pago, lugar y fecha; la garantía que debe darse para asegurarlo; pero si el cónyuge deudor de los alimentos no encuentra persona que sea su fiador, si carece de bienes raíces o muebles para garantizar con ellos, en hipoteca o prenda respectivamente el pago de los alimentos, no se exigirá ésta, y al aprobar el convenio, el Juez hará saber al deudor alimentario, que la ley castiga con cárcel el incumplimiento del pago de los alimentos y el contenido de los artículos 347 y 348 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; V (SIC). La cantidad y forma de hacer el pago, que a título de alimentos se determine pagar al cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los niños; VI.- La forma y periodicidad en que se incrementará el monto de las pensiones alimenticias que se hayan acordado, debiéndose señalar como obligación del deudor de los alimentos que dicho aumento se verifique por lo menos una vez al año y que su importe sea al menos equivalente al aumento porcentual que tenga el salario mínimo general, durante el mismo periodo; VII. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio. A este efecto se acompañará un inventario y avalúo de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, con indicación de las deudas a cargo de ésta; y VIII. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso." "Artículo 445. Cuando el divorcio sea solicitado por sólo uno de los cónyuges, se desarrollará la junta de avenencia en términos del artículo anterior; pero, si notare que la decisión del promovente es irrevocable, emplazará al otro haciéndole de su conocimiento que cuenta con los términos que señala el Código de Procedimientos Civiles para contestar la demanda, en la que podrá expresar su conformidad con el convenio, o bien realizar una contrapropuesta, acompañando las pruebas necesarias. La falta de contestación se tendrá como no aceptado el convenio." "Artículo 446. El Juez y el Ministerio Público examinarán cuidadosamente el convenio, y si consideran que viola los derechos de los hijos, propondrán el Ministerio Público al Juez o éste a los cónyuges, las modificaciones que estimen procedentes, para lo cual los citará el Juez a una junta, en la que procurará que los cónyuges lleguen a un arreglo sobre los puntos propuestos. Lo mismo hará cuando existan diferencias en los convenios exhibidos por los cónyuges." "Artículo 447. Si los cónyuges no llegaren a un arreglo en la junta a que se refiere el artículo anterior, el Juez decretará la disolución del vínculo matrimonial dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio." "Artículo 448. En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 443 del presente ordenamiento y éste no contraviene ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia." De lo transcrito, en lo que aquí interesa, se desprende que el juicio de divorcio incausado puede solicitarse por cualquiera de los dos cónyuges, o por ambos, bastando su simple manifestación de no querer continuar con el matrimonio, es decir, sin especificar alguna causa en concreto, pero se deberá acompañar a la demanda la propuesta de un convenio para regular las consecuencia inherentes a la disolución del matrimonio, como son lo relativo a la guardia y custodia de los hijos, las convivencias con el padre no custodio, los alimentos y la liquidación de la sociedad conyugal. En ese contexto, si el divorcio es presentado únicamente por uno de los cónyuges se citará a una junta de avenencia, y si la decisión del promovente es irrevocable se emplazará al otro cónyuge a fin de que exprese su conformidad con el convenio presentado, o bien, realice su contrapropuesta, y de no formular su contestación respectiva se le tendrá por inconforme con el convenio. En caso de existir diferencias entre los convenios, el Juez citará a todas las partes a una audiencia a fin de alcanzar un acuerdo, y si no se lograren se decretará la disolución del vínculo matrimonial, dejando expeditos los derechos de los cónyuges para que mediante la vía incidental hagan valer exclusivamente lo relativo al convenio. Igualmente, tomando en consideración que los actos reclamados dimanan de un juicio de divorcio incausado, es importante destacar lo expresado en torno a esa figura por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1819/2014, en sesión del veintidós de octubre de dos mil catorce, que en la parte que interesa dice: "(.) 37. Así, el matrimonio no puede ser entendido como un contrato visto desde el punto de vista meramente civil; es decir, como un acuerdo de voluntades entre dos personas que hace surgir derechos y obligaciones de carácter patrimonial entre ellas, al amparo de su voluntad como norma suprema, cuyo cumplimiento puede, incluso, exigirse judicialmente por el contratante cumplido, el que puede optar también por la rescisión de la relación más el pago de daños y perjuicios en ambos casos, y que se extingue ante el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por el contrario, en el matrimonio ocurre precisamente lo contrario en tanto que no se rige por voluntad de los consortes sino por la ley, y el cumplimiento de las obligaciones que de él derivan, lejos de extinguirlo le da estabilidad y permanencia, y no sólo no es dable exigir judicialmente el cumplimiento forzoso del matrimonio sino que ni siquiera puede forzarse a alguien a permanecer en él, pues eso desvirtuaría su naturaleza y contaminaría su objeto. (.) 65. Como quedó señalado en el párrafo 29 de esta resolución, el matrimonio es un acto jurídico complejo que crea un estado de vida entre dos personas y que trasciende a la institución de la familia y a la sociedad en general. 66. El grupo familiar en sí, ha sido motivo de atención y de preocupación por parte de los juristas y de los legisladores, por lo que el Estado se ha ocupado por proteger estrictamente a los miembros de tal grupo en concreto, o sea, los intereses particulares o individuales de las personas que constituyen la familia; dirigiendo también su atención a la reglamentación de las instituciones que mantienen su cohesión como es, entre otras, el matrimonio. 67. Con relación a la estabilidad y permanencia del vínculo matrimonial, es menester referir que esta Primera Sala ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores en el sentido de que si bien es cierto que la institución del matrimonio está formada por dos personas que voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y que es fuente de derechos y deberes morales; lo cierto es que el logro de esa estabilidad no implica que los consortes, per se, tengan que permanecer unidos no obstante que sea imposible su convivencia, ya sea entre ellos o con los hijos si los hubiera, o bien ante la pérdida del afecto que en un principio los animó a contraer matrimonio. 68. En tal virtud, el Estado ha reconocido la existencia de una figura jurídica que permite su disolución cuando se ha tornado imposible la coexistencia entre las parejas y en consecuencia con los hijos; bajo este esquema se originó la figura del divorcio, la que tiene por objeto proporcionar una solución menos dañina a la que impera en relaciones disfuncionales. 69. En ese orden de ideas, a través de la figura del divorcio se busca solucionar las relaciones disfuncionales que pudieran suscitarse con posterioridad a la unión matrimonial. 70. Es verdad que antes de la legislación familiar que ahora se combate, ya se contemplaban diversas formas de disolución matrimonial (divorcio voluntario y divorcio necesario), sin embargo, debe destacarse que el establecimiento del divorcio sin causales resulta congruente con la obligación contenida en el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se atiende al derecho fundamental a la dignidad humana. 71. El Pleno de este Alto Tribunal, ha sustentado que el derecho superior a la dignidad humana, es base y condición de todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, de donde se desprenden, entre otros, el de libre desarrollo de la personalidad, el cual comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, en tanto que constituye la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. 72. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes tesis: Época: Novena Época Registro: 165813 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXV/2009 Página: 8 "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. Época: Novena Época Registro: 165822 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil, Constitucional Tesis: P. LXVI/2009 Página: 7 "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. 73. El divorcio sin causa, constituye un camino, por llamarlo así, de fácil acceso para la disolución del vínculo matrimonial, en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aún sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. 74. Con la expresión de tal voluntad, esto es, de no continuar con el matrimonio, se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad, pues decidir no continuar casado, cambiar de estado civil, constituye, la forma en que el individuo desea proyectarse, vivir su vida; la forma en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 75. Así, la disolución del vínculo matrimonial es sólo el reconocimiento del Estado de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, donde la voluntad de uno solo de ellos, de no permanecer en matrimonio atiende al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 76. Ahora bien, en atención a las anteriores consideraciones deben desestimarse los planteamientos contenidos en los conceptos de violación. 77. Resulta infundado lo señalado por el quejoso en el sentido de que el artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece el procedimiento de divorcio sin causa, es violatorio del artículo 14 constitucional, toda vez que se decreta el divorcio sin observarse las formalidades esenciales del procedimiento. 78. La garantía referida a las formalidades esenciales del procedimiento, contenida en el señalado artículo 14, se integra por los derechos de defensa, consistentes en que el afectado, previo al acto de privación, sea oído en el juicio respectivo y que en éste pueda ofrecer y desahogar pruebas. 79. Así, las normas que regulan los procedimientos judiciales deben contener las condiciones que faciliten al gobernado la aportación de los elementos en que funde su derecho para excepcionarse y ofrecer las pruebas que acrediten esa excepción, así como alegar lo que a su derecho convenga, de manera que no se produzca un estado de indefensión, es decir, las leyes que regulan procedimientos judiciales deben contener disposiciones que permitan el respeto a la garantía de audiencia. 80. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes tesis: Época: Novena Época Registro: 200234 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Época: Novena Época Registro: 196510 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XXXV/98 Página: 21 "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL. La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto." Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. 81. El artículo 582 combatido, textualmente dispone: "ARTÍCULO 582. Del procedimiento de divorcio. El divorcio se tramitará de acuerdo con las reglas siguientes: I. El juez, recibida la solicitud de divorcio, examinará si satisface los requisitos del artículo 578; si no es así, prevendrá al promovente para que subsane las deficiencias en el plazo previsto en el artículo 391 de este Código. II. Una vez satisfechos los requisitos de ley, admitirá a trámite la solicitud y emplazará al cónyuge que no pidió el divorcio, haciéndole saber los términos de la misma. De igual manera se le concederá el plazo de nueve días a fin de que manifieste su conformidad con el convenio exhibido o, en su caso, presente su contrapropuesta, en la que expondrá los hechos en que la funde y deberá ofrecer las pruebas respectivas relacionadas con la misma. En el mismo auto dará vista al Ministerio Público para su intervención de acuerdo a sus atribuciones. III. En el proveído inicial, el juzgador decretará las medidas provisionales que fueren procedentes. IV. El juez decretará el divorcio mediante resolución una vez desahogadas las vistas anteriores o cuando haya transcurrido el plazo para ello. V. En el caso de que ambos cónyuges hubieren presentado la solicitud, que lleguen a un acuerdo total o parcial respecto del convenio señalado en el artículo 363 del Código Civil o que no se hubiere suscitado controversia respecto de su contenido, y éste no contravenga ninguna disposición legal, el juez aprobará lo conducente en la misma resolución de divorcio. De no haber acuerdo, luego de decretar el divorcio el juez, de oficio, correrá traslado personal al solicitante con la contrapropuesta, la expresión de los hechos en que se funda y las pruebas ofrecidas, por un plazo de nueve días para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su intención. El solicitante podrá, en la vista indicada, formular a su vez las pretensiones que estime oportunas, expresando los hechos en que se funda y ofreciendo las pruebas que las justifiquen. De este escrito se dará vista al cónyuge que no pidió el divorcio por tres días para que manifieste lo que a su interés convenga. Desahogadas las vistas correspondientes o transcurrido el plazo de ley para ello, en proveído especial el juzgador tomará las determinaciones a que se refiere el último párrafo del artículo 412 de este código. El juicio continuará conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomando en consideración las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar. VI. Sin perjuicio de decretar el divorcio en los términos de la fracción anterior, si de las vistas a que se refiere la fracción II de este artículo aparecieren cuestiones relativas a los presupuestos procesales, se dará vista al solicitante con las mismas por el plazo de tres días, siguiendo las reglas de los incidentes. VII. El acuerdo de las partes, su allanamiento o rebeldía no vincula al juzgador respecto de los términos del convenio o su contrapropuesta. VIII. Se notificará personalmente la resolución que decrete el divorcio." 82. Como se advierte, el referido procedimiento de divorcio se reduce a la presentación de la solicitud, la cual examinará el juez que cumpla con los requisitos del artículo 578 (que se acompañen, acta de matrimonio; actas de nacimiento del solicitante y de los hijos menores; pruebas necesarias para justificar la solicitud de medidas provisionales o urgentes y la propuesta de convenio que contenga los requisitos previstos en el artículo 363 del Código Civil de ese Estado), una vez satisfechos tales requisitos, la admitirá a trámite y emplazará al cónyuge que no pidió el divorcio con la solicitud y le concederá un plazo de nueve días para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto al convenio exhibido por el cónyuge solicitante, estableciéndose, que de no estar conforme con dicho convenio, podrá presentar una contrapropuesta en la que exponga los hechos en que la funde, debiendo ofrecer las pruebas respectivas. En el proveído inicial también el juez decretará las medidas provisionales que fueren procedentes. 83. Desahogadas las vistas señaladas o cuando haya transcurrido el plazo para ello, el juez mediante resolución, decretará el divorcio y de existir acuerdo en el convenio lo aprobará en la misma; de no existir acuerdo en el convenio, luego de decretar el divorcio, correrá traslado con la contrapropuesta y pruebas ofrecidas a la parte solicitante, por un plazo de nueve días para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su intención y a su vez podrá expresar las pretensiones que estime pertinentes y ofrecer las pruebas que las justifiquen, de todo lo que se dará vista al cónyuge que no pidió el divorcio para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. El juicio continuará conforme a las reglas del juicio ordinario civil y las especiales de los procedimientos del orden familiar. 84. Debe destacarse, que la resolución de divorcio se emite sin considerar la conformidad o no del cónyuge que no lo pidió, pues el plazo de nueve días que se le otorga, sólo es para el efecto de que manifieste su conformidad con el convenio exhibido por la solicitante. 85. Señala el quejoso, que con motivo del divorcio sin causa, esto es, de la resolución en la que se decreta la disolución del vínculo matrimonial, se le priva de diversos derechos, entre los que se encuentran, su estado civil, su derecho a heredar, a percibir alimentos y a la seguridad social, sin haber sido oído y vencido en juicio. 86. Si bien es verdad que el procedimiento establecido en el referido artículo 582, contiene una restricción al derecho fundamental de audiencia y debido proceso, lo cierto es que tal derecho no es absoluto y como otros derechos fundamentales admite restricciones. 87. Este Alto Tribunal ha sostenido en innumerables asuntos que ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones, tienen límites; así, es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que en muchas ocasiones los establece, mientras que en otras, el límite deriva de una manera mediata o indirecta de alguna otra norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. 88. Sin embargo, esas restricciones no pueden ser arbitrarias, por lo que a fin de determinar si son válidas, debe analizarse si son admisibles dentro del ámbito constitucional, sin son necesarias y si son proporcionales. Así ha quedado establecido en la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 160267 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.) Página: 533 "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." 89. De acuerdo a todo lo anterior, a continuación se aplica el test de proporcionalidad, conforme al cual se determinará si la restricción al derecho fundamental de audiencia y debido proceso que contiene el artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es constitucionalmente válida, corroborando la satisfacción de los siguientes requisitos: 90. Finalidad constitucionalmente válida.- La restricción al derecho fundamental debe ser admisible dentro de ámbito constitucional, esto es, los derechos fundamentales sólo pueden restringirse o suspenderse con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna. 91. El artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contiene una restricción al derecho de audiencia y debido proceso que obedece a una finalidad objetiva y contemplada en la Constitución Federal, esto es, el derecho superior a la dignidad humana. 92. El primer párrafo del artículo 1° constitucional, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte, así como en la propia Constitución; en el punto 1 del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por tanto, el señalado artículo 582, al prever el procedimiento de divorcio sin causa, sin observar el derecho de audiencia y debido proceso, atiende al derecho superior a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad. 93. Lo anterior en virtud de que como ya quedó apuntado, con la expresión de la voluntad de no continuar con el matrimonio, se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad, pues decidir no continuar casado, cambiar de estado civil, constituye, la forma en que el individuo desea proyectarse, vivir su vida; la forma en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 94. Razonabilidad.- Debe ser una regulación necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales. 95. La restricción legislativa al derecho de audiencia y debido proceso, es instrumentalmente adecuada para cumplir con el objetivo constitucionalmente señalado, pues la resolución de divorcio en esas condiciones, atiende a la autonomía de la voluntad de uno de los cónyuges, lo cual es una forma en la que el individuo desarrolla su personalidad, proyectándose en la forma que desea vivir su vida, lo que sólo corresponde decidir autónomamente a cada individuo. 96. Por tanto, la restricción referida es idónea para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues se trata de un procedimiento en el que prevalece la voluntad del individuo de no continuar con el vínculo matrimonial. 97. Proporcionalidad.- Debe ser proporcional, esto es, la medida debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. 98. La multireferida restricción legal no es desproporcional en la afectación de otros derechos constitucionales, pues el grado de restricción al derecho de audiencia y debido proceso, es justamente necesario para garantizar el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad. 90. En las relatadas consideraciones se puede concluir que es válida la restricción al derecho de audiencia y debido proceso que contiene el artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues se encuentra prevista en la ley, persigue un fin constitucionalmente válido y cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 100. Por otra parte es infundado lo aducido por el quejoso en el sentido de que en los términos en que se encuentra regulado el trámite del divorcio incausado, se viola la garantía de justicia imparcial, en virtud de que el juez debe satisfacer de cualquier modo la pretensión de quien solicita el divorcio, sin observar trato igual entre las partes. 101. Como se ha sustentado a lo largo de esta resolución, en el divorcio sin causa, la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, pues con la expresión de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad, ya que decidir no continuar casado, cambiar de estado civil, constituye, la forma en que el individuo desea proyectarse, vivir su vida; la forma en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 102. Así, la base del procedimiento respectivo, es la autonomía de la voluntad, lo que implica una decisión libre de no continuar con el vínculo matrimonial, en donde si no existe la voluntad de uno solo de los cónyuges para continuar con el matrimonio, éste debe autorizarse, sin que ello implique justicia parcial, máxime que la resolución de divorcio sólo es de carácter declarativo, limitándose a evidenciar una situación jurídica determinada como es el rompimiento de facto de las relaciones afectivas entre los cónyuges. 103. Por las mismas razones, debe desestimarse el argumento del quejoso a través del cual se duele de que el artículo 585 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza , de manera expresa no admite que la resolución de divorcio sea recurrida de manera alguna. 104. Ciertamente, al ya no existir la voluntad de uno solo de los cónyuges para continuar con el matrimonio, resultaría ocioso atender la posible oposición del diverso cónyuge a través de un recurso, pues la decisión de seguir con el matrimonio es algo que sólo a ellos les corresponde y por ende no puede ser motivo de controversia judicial. 105. Por último corresponde analizar el argumento del quejoso en el que señala que el conjunto de normas procesales que regulan el divorcio incausado, así como las sustantivas, son contrarias al artículo 4° constitucional, ya que privilegian el interés del cónyuge solicitante sobre el interés superior de la niñez, pues se resuelve en primer término el interés de la parte actora y el de los niños queda pendiente. 106. Como quedó apuntado, la resolución de divorcio es sólo declarativa, no constitutiva de derechos, en cambio aquellos rubros que se verán modificados con el divorcio, necesariamente darán lugar a una resolución constitutiva de derechos y dada su trascendecia se ventilan con posterioridad a la referida declaratoria, pues pueden ser materia de controversia y por ende de pruebas y alegatos. 107. Así, la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; el derecho de convivencia de quien no tenga aquélla; todo lo relativo a alimentos; la determinación de a quien corresponderá la posesión de los bienes muebles e inmuebles; la liquidación de la sociedad conyugal si la hubiere; en su caso, la compensación para quien se dedicó al cuidado de los hijos y/o el trabajo del hogar; serán materia de convenio , el cual será aprobado judicialmente una vez que las partes lleguen a un acuerdo. 108. Además, es de señalarse que el divorcio que no requiere la demostración de causa alguna, tiende a evitar el desgaste entre las partes para tratar de probar la causa que origina el divorcio, lo que genera desajuste emocional e incluso violencia entre los miembros que integran el núcleo familiar. 109. Como lo señaló esta Sala en el amparo directo en revisión 917/2009 , uno de los fines que el Estado persigue con el divorcio sin causa es proteger a la familia, evitando que exista violencia con motivo del trámite de divorcios necesarios, en donde de manera frecuente se encuentran los niños; por lo que este tipo de divorcio, lejos de afectar a los niños, busca protegerlos de ambientes hostiles dentro de su familia. (.)." De la ejecutoria de mérito se desprende que el matrimonio es un acto jurídico complejo que crea un estado de vida entre dos personas y que trasciende a la institución de la familia y a la sociedad en general, por lo que no puede ser entendido como un contrato desde el punto de vista civil, esto es, como un simple acuerdo de voluntades entre dos personas que hace surgir derechos y obligaciones de índole patrimonial entre ellos, y cuyo cumplimiento pude exigirse judicialmente u optar por su recisión y solicitar el pago de daños y perjuicios, lo anterior, ya que el matrimonio no se rige por la voluntad de los contrayentes, sino por la ley; además, el cumplimiento de las obligaciones que de él derivan no lo extingue, sino que lo fortalece, dándole estabilidad, asimismo, no es factible exigir en la vía judicial su cumplimiento forzoso, pues no se puede obligar a alguien a permanecer en esa institución. En ese contexto, si bien el matrimonio está formado por dos personas que en forma voluntaria deciden compartir un estado de vida para lograr una realización personal y es fuente de derechos morales y deberes, lo cierto es que lograr la estabilidad no implica que los contrayentes tengan que permanecer unidos a pesar de que ya no posible su convivencia ante la pérdida del afecto que los animó a estar juntos, por ello se creó la figura del divorcio, que tiene por objeto proporcionar una solución menos dañina a la separación, pues busca solucionar relaciones disfuncionales que pudieran suscitarse con posterioridad al matrimonio. Asimismo, la legislación familiar establece diversas formas para el divorcio, entre ellas el incausado, el cual a criterio del Máximo Tribunal del País es congruente con el contenido del artículo 1° constitucional, pues atiende al derecho fundamental de la dignidad humana, el cual es base y condición de los demás derechos, pues es necesario para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, y entre otros aspectos, comprende la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, ya que ello constituye la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, por lo que solo a ella me corresponde decidir. Por ello, el divorcio incausado es una vía sencilla para la disolución del vínculo matrimonial, bastando para ello la solicitud unilateral de uno de los cónyuges, en donde no importa la posible oposición del otro consorte, pues lo que realmente importa la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su pareja, sin que este supeditado a alguna explicación, sino solamente a su deseo de no continuar casado, pues con la expresión de esa voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un estudio de los artículos del Código Civil del Estado de Coahuila que regulan lo relativo al divorció incausado, cuya sustanciación es muy parecida a la prevista a la ley sustantiva del Estado de Puebla, pues en ambos se presenta la demanda de divorcio junto con la propuesta de convenio respectiva, se emplaza al demandado para que exprese si está conforme con el convenio, o bien, formule su contrapropuesta y de existir discrepancias, se dictará el fallo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, y después se ventilará lo relativo al convenio. Por tanto, el Máximo Tribunal expresó que si bien en ese procedimiento se emite la resolución del divorcio sin considerar la conformidad o no del cónyuge que no lo pidió, lo cual implica cierta restricción al derecho de audiencia y debido proceso, ello obedece a una finalidad objetiva y contemplada en la Constitución, que busca proteger el derecho superior a la dignidad humana, ya que con la expresión de la voluntad de no continuar con el matrimonio se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por eso esa restricción no es desproporcional en la afectación de otros derechos constitucionales, pues el grado de restricción al derecho de audiencia y debido proceso, es necesario para garantizar el derecho a la dignidad humana, en su vertiente del libre desarrollo de la personalidad. Igualmente, el Alto Tribunal estimó que la base del divorcio sin causa es la autonomía de la voluntad, lo que implica la decisión libre de no continuar con el matrimonio, por lo que al no existir la voluntad de uno de los consortes para seguir con él resultaría ocioso atender a la posible oposición del otro cónyuge, pues es un tema que solo les corresponde la pareja, por lo que no puede ser motivo de controversia judicial. Aunado a lo anterior, la resolución del divorcio únicamente es declarativa y no constitutiva de derechos, y lo rubros que se modifiquen con el divorcio, como la guarda y custodia de los hijos, el derecho de convivencia, lo relativo a los alimentos, liquidación de la sociedad conyuga, entre otros, darán lugar a una resolución constitutiva de derechos, que se ventilará con posterioridad a la sentencia de divorcio, en donde se podrán ofrecer pruebas y formular alegatos. Expuesto todo el panorama anterior, se reitera que la promovente reclama el emplazamiento practicado a la quejosa en el juicio de divorcio incausado *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado en él, incluyendo la sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en la que se declaró la disolución de su vínculo matrimonial que tenía con ***, y su ejecución. No obstante, tales actos no provocan un menoscabo en la esfera jurídica de la quejosa, pues con independencia de que se le haya emplazado o no correctamente a tal procedimiento, lo cierto es que para declarar la disolución del vínculo matrimonial bastaba la sola manifestación de su ex cónyuge, siendo irrelevante la oposición que, en su caso, hubiere podido plantear la promovente. Esto es, con independencia de que la quejosa hubiere o no comparecido al procedimiento de divorcio incausado, el vínculo matrimonial se habría disuelto, pues bastaba la voluntad del otro consorte para declarar el divorcio, y si bien esa cuestión pudiera parecer limitativa del derecho de audiencia y debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ello es válido, pues lo que se busca garantizar el derecho a la dignidad humana, en su vertiente del libre desarrollo de la personalidad. Además, la falta de afectación a la esfera jurídica de la quejosa se patentiza si se pondera que en el juicio de origen únicamente se ha pronunciado la resolución relativa a la disolución del vínculo matrimonial, la cual sólo es declarativa, y en cuanto a lo relativo a los temas del convenio quedaron expeditos los derechos de los litigantes para hacerlos valer en la vía incidental, con lo cual la promovente está en aptitud de emprender la defensa de los derechos que deriven del divorcio. Aunado a lo anterior, lo único que pudiera plantear la quejosa en la etapa de divorcio sería la incompetencia del juez natural; sin embargo, sí cuenta con ella, pues de sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad precisó que se estableció como domicilio familiar el ubicado en ***, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 108, fracción XIV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla . Cabe precisar que las consideraciones vertidas fueron analizadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 21/2019, en su sesión del pasado dieciséis de mayo del año en curso . Asimismo, cabe destacar que el sentido de la presente determinación no contraviene a las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número 44/2013, visible en la página 311, tomo 1, libro XXII, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de dos mil trece; por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1221, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2004; y, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 884, del tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que respectivamente dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. FALTA DE, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO UN MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO LÍCITO, PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. El artículo 145 de la Ley de Amparo establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar ante todo, el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual se ha definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la tesis aislada XLIII/2013) como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Pues bien, no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la falta de interés legítimo cuando alguno de los padres de un menor de edad acude al amparo a combatir actos de autoridad dirigidos a afectar los predios que posee un tercero, quien, por el arreglo jurídico de su existencia -por ejemplo, ser una asociación civil- o por las condiciones abiertas del uso de sus predios, resulta beneficiado en su aprovechamiento por un título lícito (por ejemplo, por una membresía), pues justamente se trata de un caso, en el cual la parte quejosa se ubica en una especial situación jurídica frente al ordenamiento que lo hace destinatario de un perjuicio o beneficio de los actos reclamados (por la irradiación colateral de sus efectos jurídicos), ya que la suerte en la satisfacción de ciertas necesidades tuteladas constitucionalmente pueden quedar ligadas a la validez o no de esos actos reclamados; debe recordarse que la norma constitucional obliga al juez de amparo a analizar esa ubicación especial en el ordenamiento jurídico de las personas, con el fin de que se determine, caso por caso, las posibilidades de afectación generadas por la densa red de relaciones jurídicas que se trazan todos los días en un estado constitucional de derecho, y así detectar aquellas en donde es susceptible que se registren violación a derechos humanos; en el cuadro de hechos equivalente al analizado, es dable que se actualicen los dos elementos del interés legítimo: 1) existe el derecho objetivo, cuya vulneración se alega, el cual viene aportado por el artículo 4º constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se establecen derechos recreacionales, culturales y deportivos, así como 2) un beneficio jurídico trascendente a la esfera jurídica del quejoso, como es la conservación de los derechos de aprovechamiento otorgados por la membresía o cualquier otra causa lícita de utilización de los predios de dicho tercero; por tanto, no puede considerarse, desde la presentación de la demanda, que la parte quejosa sólo aduce un interés simple, para que las autoridades se ajusten al estado de derecho, pues, en el caso, existe una situación jurídica especial que la ubica en una situación destinataria de beneficios y perjuicios de los actos reclamados, lo cual no implica, sin embargo, prejuzgar sobre la definitiva actualización del interés legítimo porque será necesario valorar todas las constancias de autos y determinar en definitiva la cuestión." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO TIENE QUE ESTAR PROBADO PLENAMENTE AL PRESENTARSE LA DEMANDA. Es incorrecto que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo cuando no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista, pues no es verdad que al presentarse la demanda de garantías debe estar demostrado en forma plena y directa la afectación en el interés jurídico, pues si hubiese duda al respecto de la existencia de ésta, debe admitirse la demanda propuesta, ya que la improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, puesto que el quejoso, desde el momento que la interpone hasta antes de finalizar la audiencia constitucional, está facultado para presentar pruebas con el objeto de demostrar que el acto combatido afecta sus intereses jurídicos y si en tal periodo no se encuentra comprobada dicha circunstancia, debe sobreseerse en el juicio al operar la causal referida". "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. La falta de interés jurídico no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que en principio se advirtiera aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional". Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustenta, a grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que, la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que "no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista", donde el interés jurídico "puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional", porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Sin embargo, en el caso concreto resulta claro y evidente que no existe posibilidad de que la parte quejosa en el curso del procedimiento, acredite que sufre una afectación a su esfera jurídica por los actos reclamados -emplazamiento al juicio de divorcio incausado 847/2016 y todo lo actuado-, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de que para declarar la disolución del vínculo matrimonial basta la solicitud de uno de los cónyuges, no importando la oposición del otro, lo cual no es susceptible de cambiar durante el curso del juicio y, por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, continuar el trámite del juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio 2017 de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Por tanto, el ejercicio de esta facultad de análisis no implica necesariamente que este órgano jurisdiccional admita a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar al sobreseimiento como acontece en el presente asunto, al ser notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CXXIII/2013 (10ª), de rubro y textos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y dese de baja el presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ténganse por recibido el oficio de cuenta del Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual informa que el oficio 17622/2019, mediante el cual se hizo de su conocimiento el auto de diecisiete de mayo del año en curso, por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, fue recibido por dicha autoridad el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, de lo que se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado en dicho proveído. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintiocho de junio del año en curso, se ordenó remitir copia certificada de las constancias que integran el presente cuaderno incidental, así como el original y copia simple del escrito de agravios correspondiente para la substanciación del recurso de revisión de mérito. Domicilio y delegados. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las referidas autoridades a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en sus oficios de cuenta. Tribunal Colegiado informa radicación de recurso. Por otro lado, visto el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de revisión 336/2019, del que se advierte que desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes.

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