Lizbeth Vega Simonin
Expediente 66/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lizbeth Vega Simonin
- H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, toda vez que mediante diverso oficio se tuvo a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, remitiendo las constancias respectivas con relación a los cheques que se dejaron a disposición de la quejosa, acordándose lo conducente en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICl/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a lo ordenado en sentencia ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. Con lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Bajo el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICL/vmv
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho que en síntesis dice: Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, toda vez que mediante diverso oficio se tuvo a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, remitiendo las constancias respectivas con relación a los cheques que se dejaron a disposición de la quejosa, acordándose lo conducente en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICl/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, para que desahogaran la vista que se ordenó con las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable respecto del cumplimiento de la ejecutoria, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo, y 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la autoridad. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia autorizada el once de abril de dos mil dieciocho, la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, otorgó la protección constitucional para el efecto de: Que la obligación tributaria contenida en tal porción legal se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa y, por ende, para que no se aplique en el futuro durante su vigencia. Se reintegre a la inconforme la cantidad que acredite haber pagado por el derecho de alumbrado público por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único reclamado en el presente juicio y el que, además, se rige por la norma declarada inconstitucional. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió a este juzgado: El catorce de mayo de dos mil dieciocho (fojas 151 a 153), escrito al que anexó copia certificada del oficio COT/398/2018, en el que ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, abstenerse de seguir aplicando a la quejosa el artículo declarado inconstitucional y de seguir facturándole los cargos por derecho de alumbrado público; así como copia certificada del cheque 23198, valioso por la cantidad de $858.34 (ochocientos cincuenta y ocho pesos 34/100 moneda nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público que pagó la quejosa del seis de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 166 a 169), escrito al que anexó copia certificada del oficio SSB/DF-07-490-2018, en el que la Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, ordenó dejar sin efectos el cargo por concepto de derecho de alumbrado público en lo que resta del presente año a la quejosa. El trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 174 a 175), escrito al que anexó copia certificada del cheque 23274, valioso por la cantidad de $2,665.49 (dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), por concepto de reintegro de los derechos de alumbrado público que pagó la quejosa en los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que si bien el delegado del Tesorero Municipal de Morelia, informó que la Comisión Federal mediante oficio SSB/DF-07-490-2018, determinó que quedaba sin efecto el cargo por concepto de derecho de alumbrado público en lo que resta del año para la parte quejosa; además, que la autoridad citada en primer término remitió copias certificadas de los cheques 23198 y 23274, valiosos por las sumas de $858.34 (ochocientos cincuenta y ocho pesos 34/100 moneda nacional) y $2,665.49 (dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional). Lo cierto es que dichos títulos de crédito no cuentan con firma de la parte quejosa o alguno de sus autorizados, de donde se aprecia que los mismos fueron recibidos; tampoco remitió constancia alguna de donde se advierta que haya notificado a la promovente del amparo que dichos cheques quedaban a su disposición. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal de Morelia, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumpla con la ejecutoria, bajo los siguientes lineamientos: De manera inmediata notifique a la quejosa Lizbeth Vega Simonín, para que le informe que quedan a su disposición los cheques anteriormente referidos, a fin que comparezca a recogerlos y le indique el término por el cual de acuerdo a la legislación que resulte aplicable para los actos emitidos por el referido Tesorero Municipal puede recogerlos. Con independencia de lo anterior, y a fin de lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 párrafo tercero y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de Morelia, en cuanto superior jerárquico del Tesorero Municipal de la misma ciudad, para que le ordene a éste a cumplir con la ejecutoria de amparo, y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación de este proveído, remita a este juzgado, las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurra en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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