Lizbeth Trillo Flores
Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lizbeth Trillo Flores
- Juez Séptuagesimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por la Juez Septuagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvió un cuaderno de pruebas; por lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le requirió. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace la observación de que el presente expediente principal, es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que estipula el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno; en ese sentido, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86, de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 2° de la propia ley y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles; se declara que la determinación que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CUARTO. Por cuestión de método, previo al examen de los conceptos de violación, en estricto acatamiento a lo ordenado por el artículo 62, de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia vertidas por las partes o que ésta autoridad advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente; como lo establece la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, páginas 553 y 554, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así, se advierte de oficio que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De las normas transcritas, se desprende que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, como ocurre en el caso, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por ende, la citada causa de improcedencia se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. Así, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de garantías. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad, de manera que otorga la facultad de solicitar el estudio de la constitucionalidad de los actos que el impetrante tilde violatorios de sus garantías. Con lo anterior, se concluye que, para que exista un agravio para los efectos del juicio de amparo y se actualice el interés jurídico necesario para promoverlo, es necesario que el acto de autoridad tenga una afectación directa, cierta y actual en la esfera jurídica del peticionario, pues sólo así es dable estudiar su constitucionalidad, en el entendido de que no se puede analizar el fondo del asunto, cuando el acto no incida negativamente en los bienes, derechos o patrimonio del gobernado. En la especie, la quejosa hace derivar la ilegalidad de todos los actos que reclaman, del hecho de que, afirma, se violó su garantía de audiencia, al no ser llamado a comparecer al juicio de origen; y como consecuencia, se duele de todo lo actuado en el juicio ordinario civil expediente número 821/2021, del índice del juez responsable. Sin embargo, carece de interés jurídico para reclamar tal acto omisivo porque la controversia de origen de donde emanan las actuaciones que se reclaman derivan de un juicio ordinario civil seguido por *** en contra de ***, sin figurar el nombre de la quejosa. En ese tenor, la justiciable es tercera extraña a la controversia del juicio natural, pues no tiene injerencia en la relación jurídico procesal ventilada entre la parte actora y la parte demandada, por lo que carece de interés para reclamar su tramitación, pues no se le demandó prestación alguna, debido a que no participó en la relación jurídica que le dio origen, así como la falta de emplazamiento al mismo. Por otra parte, la impetrante constitucional reclamó entre otro como acto destacado, la orden de lanzamiento respecto del bien inmueble materia de la controversia de origen que defiende la quejosa sito en **** en esta ciudad. En ese orden, es importante establecer que cuando el gobernado se ostenta como persona extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado -como sucede en la especie- y acude al juicio de amparo en defensa del derecho de propiedad o posesión que considera transgredido por un acto de autoridad, para acreditar la existencia de ese derecho se requiere demostrar la existencia de un título o causa generadora de alguna de las figuras previstas en la ley y el poder de hecho que ejerce sobre la cosa. Lo anterior, porque la propiedad y la posesión protegidas por el artículo 14 constitucional y respecto de las cuales es procedente su tutela a través del juicio, es aquel derecho previsto en algún precepto legal (causa generadora o justo título) que se manifiesta a través del poder de hecho que ejerce una persona sobre un bien; esto es, dicho poder, por sí, no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino que esas consecuencias provienen de una base objetiva de la que, de manera fundada y razonada, se deduzca el derecho que tiene una persona sobre un bien específico. Ahora bien, en este asunto para acreditar su interés jurídico, la quejosa adjuntó a su demanda de amparo los siguientes medios de convicción: 1.- Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se observa que el domicilio que contiene es el ubicado en ***; y, 2.- Para sustentar la causa generadora de la posesión que dice tener, refiere que celebró un contrato verbal de cesión de derechos con ***, actora en el juicio de origen. De las pruebas aportadas por la quejosa se deduce en la falta de interés jurídico que le asiste en el presente juicio de garantías. Lo anterior se sostiene, en razón de que tal prueba documental ofrecida por la quejosa, no es idónea ni conducente para acreditar su interés jurídico, ya que carecen del valor probatorio necesario para tener por acreditado algún derecho de propiedad o posesión en su favor, en virtud de que por un lado, al haber sido allegada en copia simple carece de valor probatorio pleno, aunado a que es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio que se proporciona, pues basta la simple manifestación unilateral del interesado para que se asiente el domicilio que indique el solicitante; por ello, resulta evidente que ese medio de prueba es ineficaz incluso para comprobar el domicilio del titular de tal credencial; y menos aún, el interés jurídico que dice tener la solicitante de amparo respecto del bien inmueble que defiende. Asimismo, para sustentar la causa generadora de la posesión que dice tener, la quejosa también refirió que celebró un contrato verbal de cesión de derechos con ***, actora en el juicio de origen; sin embargo, la quejosa en el presente asunto fue omisa en acreditar tales manifestaciones, siendo que estaba obligada a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, traduciéndose lo anterior en la falta de interés jurídico que le asiste a la quejosa en el presente juicio de garantías, al no existir medio de prueba alguno que acredite la propiedad o posesión que dice tener del bien inmueble que defiende materia de la controversia en el procedimiento de origen. En congruencia con lo anterior, al no estar corroborado con alguna prueba que la quejosa tenga algún derecho legalmente reconocido en calidad de posesión o propiedad respecto del bien inmueble que defiende, es inconcuso que en el presente caso por cuanto hace al acto que reclama la quejosa consistente la orden de lanzamiento, no afecta su interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio. Es por lo que, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la misma ley y lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de la Materia, respecto a los actos reclamados de la JUEZ SEPTUAGÉSIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A DICHO JUZGADO. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 821/2021-I, promovido por ***, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.
- Principal
Se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo; por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; no así las de ****y ***, por lo que se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones. En diverso aspecto, se tienen por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos y con las mismas dese nueva cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo.
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