Lizbeth Sánchez Suárez y Otros.

Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
261/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Lizbeth Sánchez Suárez y Otros.
  • Lizbeth Sánchez Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Archivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ...., contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Acto reclamado. 1) Las diligencias realizadas el seis y siete de febrero de dos mil diecinueve, ordenadas por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, en autos del juicio ejecutivo mercantil radicado en el citado juzgado, misma que fue realizada ilegalmente en el domicilio ubicado en ....,, en el que pretenden embargar bienes que son de su propiedad. Autoridades responsables. 1) Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. 2) Notificadora en funciones de ejecutor del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 261/2019 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento de plano de demanda de amparo Esta juzgadora considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, en virtud de que la quejosa carece de una afectación real y actual en su esfera jurídica. Falta de interés jurídico. La Ley de Amparo, en el precepto 61, fracción XXIII, en concomitancia con los artículos 5, fracción I y 6 de la normatividad de garantías, dispone, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos u omisión que no causen afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tercera Sala en la tesis jurisprudencial del rubro: "LEGITIMACION, ESTUDIO OFICIOSO DE LA"; de la Primera Sala en las diversas tesis jurisprudenciales 1a./J. 38/, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE"; y, 1a./J. 168/2007, del epígrafe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; de la Segunda Sala 2a. LXXX/2013, de título: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; establece: 1) que el juicio de amparo indirecto se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación de la promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo; 2) que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; y, 3) que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, como requisito para su procedibilidad debe demostrar el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad ocasionándole un perjuicio a su titular. Vertientes del interés jurídico. Las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o perjuicio sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo. En atención a la multiplicidad de casos que pueden darse en la práctica del juicio de amparo, sobre el interés jurídico derivan diversos supuestos, como son: a) Que el quejoso carezca de interés jurídico, es decir, que no tenga incorporado en su patrimonio jurídico ningún derecho sustantivo que pueda verse afectado por un acto de imperio de la autoridad. b) Que lo tenga pero no lo acredite, esto es, que pertenezca a su esfera de derechos algún interés jurídicamente tutelado por la norma, pero no demuestre tal circunstancia. c) Que acreditado tal interés, el acto reclamado no lo afecte, o no le irrogue agravio alguno; esto es, una vez cumplida la carga procesal que al respecto se impone, se concluya que el acto de autoridad no irroga afectación alguna. Entonces, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, porque sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a combatir las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Concepciones aplicadas al caso. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de la quejosa de manera directa el acto reclamado consistente en las diligencias realizadas el seis y siete de febrero de dos mil diecinueve, ordenadas por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en autos del juicio ejecutivo mercantil radicado en el citado juzgado, misma que fueron realizadas ilegalmente en el domicilio ubicado en calle Miguel Hidalgo, número ciento uno, en la localidad de Santa Cruz Pueblo Nuevo, Tenango del Valle, Estado de México, en el que pretenden embargar bienes que son de su propiedad. Es así, porque la parte quejosa acude a instar acción constitucional y aludiendo un perjuicio con motivo de que el juzgador responsable el seis y siete de febrero de dos mil diecinueve, la notificadora en funciones de ejecutor del juzgado civil antes citado, le refirió que realizaría un embargo a su vecina Victoria Tovar Martínez y si no la encontraba, practicaría el embargo en todo el domicilio ubicado en ..... En esa tesitura, de la exégesis de los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, se colige que en los juicios ejecutivos mercantiles el embargo y la inscripción del gravamen en el Registro Público de la Propiedad, deben recaer exclusivamente en bienes del deudor, sin que puedan afectarse derechos de otros demandados que todavía no han sido llamados a la controversia pues, al no haber sido emplazados aun, no forman parte de la relación jurídica procesal y, por tanto, no tienen conocimiento del adeudo cuyo cobro se demanda, ni están en condiciones de señalar bienes para garantizar las prestaciones reclamadas, por ende, no es jurídicamente posible que se les graven sus bienes, sin haber sido requeridos de pago. Por lo anterior, se aprecia que las diligencias efectuadas por la autoridad responsable de ninguna manera afecta el patrimonio de la quejosa, máxime si la parte quejosa bajo protesta de decir verdad señaló que el inmueble de que se trata es habitado por cuatro familias independientes; de ahí que no le causa perjuicio alguno, ni afecta su esfera jurídica, ya que las determinaciones judiciales únicamente causan agravio a la parte a quien se le imponga lleve el juicio mercantil; por tanto, la parte legitimada para interponer el juicio biistancial, en caso de haber ejecutado el embargo, sería la persona demanda; lo cual no es el supuesto. Por ende, la determinación que por esta vía se combate, no le causa agravio personal y directo, sin que obste que indique ser la contraparte en el juicio de origen, pues tal carácter no le faculta el interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta del expediente vía Internet Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento antes citado por disposición expresa de su artículo 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. En otro punto, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ... cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que se le tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a ..., toda vez que se advierte que no cuenta con registro de cédula profesional en el referido sistema, limitación que se le establece hasta en tanto la profesionista registre su cédula profesional que la acredite como licenciada en derecho en el indicado sistema y lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Vista a la fiscalía ante posibles actos graves Se informa a las partes que si durante la tramitación del presente juicio se actualiza alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordenará dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como al efecto lo dispone la tesis jurisprudencial P./J. 13/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Presentación de promociones Sin que la suscrita desconozca la tesis jurisprudencial 1a./J. 3/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN", se recomienda a las partes que, para una mayor celeridad en la identificación de sus promociones, éstas deberán contener el número de expediente al que están dirigidas y, de ser posible, el de la mesa de trámite correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Documentos originales exhibidos En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Notificaciones Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26 de la Ley de Amparo no establece la obligación de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta de que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar, cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III, ibidem. Además, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Amparo, 282 y 313, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Jurisprudencia Conviene indicar que las tesis se invocan en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, porque no contravienen lo dispuesto en ella. Notifíquese personalmente.

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